La incorporación en ley de las obligaciones de cumplimiento en materia de lavado de dinero de las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y de otros intermediarios de crédito, cuya única exigencia era registrarse ante la Condusef, está provocando un ajuste efectivo en el número de sofomes que están realizando actividades de crédito.

Incluso el proceso de registro y entrega de documentación, que concluyó en diciembre pasado para sofomes, permitió una primera depuración y al mismo tiempo ha facilitado la identificación de quienes, escudándose en esta figura, han realizado actividades de captación irregular e inclusive de préstamos de nómina con empleados de gobiernos subnacionales o delegacionales utilizando viles sociedades anónimas.

La implantación del sistema de “conoce a tu cliente” y de mecanismos antilavado de dinero regido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que debió concluir el 2 de enero y ha derivado en la emisión de muchas multas desde entonces, permite estimar que de más de tres mil sofomes, que incluye el registro de Condusef, podrían quedar entre 600 y 800 que efectivamente están otorgando crédito al público. ¡Y creo que me voy larga con el número!

De ahí que la Asociación de Sofomes, que preside Carlos Rahmane y que tiene 180 asociados —realizará del 20 al 22 de septiembre próximo su VI Convención Nacional en Mérida— está planteando la necesidad de que ese proceso tenga en paralelo la obligación de las sofomes de registrarse como clientes de las sociedades de información crediticia, para que contribuyan con información de sus clientes en el control del sobreendeudamiento de las personas o empresas y también para que profesionalicen el proceso de originación y administración de cartera como entidades parabancarias, que en su mayoría atienden a mipymes e individuos en materia de crédito.

Como en todo, hay resistencias y un ejemplo es la problemática con los créditos de nómina. Banxico, que gobierna Agustín Carstens, y CNBV estiman que en el agregado se han otorgado 119 mil millones de pesos en crédito de nómina y aproximadamente 60% a través Bancomer, de Ignacio Deschamps (todavía lo preside); Banamex, de Javier Arrigunaga; Santander, de Marcos Martínez; HSBC, de Luis Peña; Banorte, de Guillermo Ortiz, etcétera, a quienes la CNBV les sacó la semana antepasada la tarjeta amarilla e inclusive multó por no haber consultado el Buró al otorgar crédito de nómina en un periodo reciente y, con ello, haber generado una potencial situación de sobreendeudamiento a sus clientes porque no fue evaluada la totalidad de sus deudas y flujos financieros.

Inmediatamente, algunas sofomes que se han dedicado a esta actividad de crédito al consumo y crédito de nómina en los últimos años, como Consupago, de Ramón Chedraui; Crédito Real, de Ángel Romanos; Credimigo, de Andrés Casas, y Crédito Maestro, de Oliver Fernández, salieron a difundir por medios informales —algo que en el medio se consideró como acusación no pedida— que estas entidades no estaban sobreendeudando a sus clientes, pero al no tener la obligación de reportar la actividad al Buró simplemente su argumento se evapora.

Le anticipo que para las autoridades financieras, la negativa y resistencia mostradas tal vez se deban a las conocidas prácticas de captura de “clientes”, que les entregan las nóminas a cambio de jugosas comisiones que no quedan en el registro ni del registro público ni en el de las propias empresas, pero que se expresa en elevadísimas tasas de interés cobradas a los nominatarios de los gobiernos. Incluso trascendió que han estado en campaña para inhibir los esfuerzos gremiales e institucionales por formalizar la obligación del reporte al Buró de Crédito, algo que debiera preocupar a todos, porque lo peor que podría ocurrir es que en la nueva legislatura salga uno de esos genios legislativos que acabe regulando los créditos de nómina, sus tasas y sus métodos de concesión.

De hecho, el que reporten y mejoren sus sistemas de registro estadístico, algo que ha fomentado de forma gremial Rahmane, podría permitir la identificación de actividades irregulares de captación y la presencia de seudoempresas que aparecen y desaparecen como hongos, que no son sofomes y no cumplen con ningún tipo de precepto legal.

De Fondos a Fondo

Usted habrá notado el comportamiento no escandaloso ni mediático de la juez décimo primero de Distrito en Materia Civil,
Edith Alarcón.

Este comportamiento, más acorde a la conducta de un juzgador, tiene que ver con la forma en que ha estado reordenado el expediente del concurso de Mexicana.

Se comenta que pedirá al Ifecom, de Griselda Nieblas, el cambio de conciliador y definirá el cambio de administrador del concurso, una vez que rinda cuentas
Gerardo Badín.

Le exigió un informe detallado de a qué destinó cada peso que había en Mexicana o que haya ingresado y el informe debe tener las auditorías del caso, pues recuerde que ya tiene casi 24 meses al frente de las concursadas.

Primero le dio tres días, y como no se lo entregó lo apercibió con multa; luego quisieron activar la respuesta de movilización sindical y al flamante presidente de NGO, Fernando Perfecto, le advirtió que se no era el camino.

Y tercero, de no presentar la información correspondiente y adecuadamente recabada y auditada, la cosa se le pondrá fea. ¿Ya ve la diferencia entre Consuelo y Alarcón? Felipe aceptaba informes balines y ésta no acepta el Informe Badín, lo que subraya la diferencia: está decidida a transparentar.

¿Recuerda el rescate carretero que decretó el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, el pasado 5 de mayo? Le confirmo que la sentencia en segunda instancia dictada por un colegiado en Coahuila sobre el amparo que obviamente ganó en un juzgado de Puebla en primera instancia, dejó insubsistente el rescate publicado por el gobierno del estado de Puebla, por lo que la concesión vuelve a OHL, de José Andrés de Oteyza, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde.

La consideración del tribunal para otorgar el amparo versa sobre el hecho de que se violó el derecho de audiencia de la concesionaria, siendo éste el único punto que resuelve el tribunal, sin que hayan estudiado el fondo de los demás derechos violados, por considerar que el sentido sería el mismo ya que se sobresee el acuerdo de rescate. En este sentido, aún falta que cause ejecutoria la sentencia, lo que sucedería si el gobierno del estado no interpone recurso de revisión que resolverían los Colegiados de Puebla. Tienen diez días para interponerlo.