Defensa de Vitro por gobierno, contradictoria y mal vista por jueces de México y EU

En el famoso tema de la Amicus Curiae que el gobierno mexicano promovió este mes para defender extemporáneamente a Vitro en el juicio que se sigue en Estados Unidos, lo único que se evidenció es la ignorancia y la preferencia en que incurren los pupilos de Felipe Calderón.

Y es que el gobierno actuó parcialmente, si se atiende a que existen al menos otros dos expedientes de empresas nacionales con acreedores extranjeros, quienes también han formulado solicitudes de homologación de resoluciones de jueces mexicanos.

Son los casos de la propia Mexicana de Aviación, cuyo interventor es Gerardo Badín, y Cozumel Caribe, de Pablo González Carbonell.

En ninguno, ni Relaciones Exteriores de Patricia Espinosa ni la Secretaría de Hacienda de José Antonio Meade comparecieron a su favor.

La diferencia es que la Caintra, a la que pertenece Vitro y que paga cuantiosas cuotas a dicha Cámara, esta sufragando con las aportaciones de sus socios los honorarios del despacho estadunidense que formuló el Amicus Curiae en representación del gobierno federal.

Es incongruente la posición del actual gobierno al apoyar en un asunto totalmente privado a Vitro, porque resulta que el propio Calderón Hinojosa se refirió a la actual Ley de Concursos Mercantiles como una legislación controvertida y perfectible apenas cinco meses atrás.

En conferencia impartida en el Octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal efectuado en mayo, expresó: “La Ley de Concursos Mercantiles necesita ser sometida a una mejor y profunda revisión, en orden de adaptarla a las condiciones prevalecientes de una economía global.

“En mi opinión no ha sido suficientemente adaptada a estas condiciones. Debe ofrecer el mejor trato a los acreedores dentro de sus normas. Y esto es un elemento básico, porque la actividad económica requiere certeza judicial para los inversionistas”.

La propia directora del Ifecom, Griselda Nieblas, recomendó en el mismo foro reformar la ley para que “al determinar la cantidad de acreedores que firman el convenio concursal para su aprobación, se omitan para votar aquellos que tengan un interés relacionado con el concursado”.

Hay que recalcar que el juez de Quiebras para el Distrito Norte de Texas, Harlin Hale, no analizó ni revisó lo resuelto por la juez de Monterrey, Sandra Elizabeth López, sino que simplemente estableció que lo aprobado en México violaba el orden jurídico estadunidense.

La participación del gobierno mexicano en dicho proceso concursal que se tramita en el extranjero únicamente exhibe la falta de recursos jurídicos del grupo de Adrián Sada. Tuvo que ser auxiliado para imponer algo que es ilegal conforme al sistema jurídico estadunidense. Los acreedores extranjeros no han recurrido a su gobierno para que los apoye, y si así hubiera sido ya se estaría hablando aquí de violación a la soberanía nacional invocando el principio de la Doctrina Estrada de “la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”.

Pero lo que más llama la atención es que el gobierno apoya una resolución que se encuentra sometida a recurso de apelación; es decir, no es una resolución o sentencia definitiva. En materia internacional, las sentencias definitivas son las únicas que pueden homologarse.

La intromisión del Ejecutivo en la administración de justicia nunca ha sido bien vista por el Poder Judicial. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, lo ha manifestado al referirse a la autonomía de ese poder que representa.

Tampoco la irrupción del gobierno federal en el proceso y ante autoridades extranjeras es bien vista por los magistrados de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans. Así que, lejos de ayudar a Vitro, tal gestión le puede resultar perjudicial a sus intereses.

Axtel: dos mil mdp

Ayer finalmente la Suprema Corte de Justicia avanzó en la resolución del amparo 426/2010 en el que se juega la vida Axtel, de Tomás
Milmo Santos, y del que está pendiente todo el sector de las telecomunicaciones.

Por una mayoría de siete ministros la Corte dio otro espaldarazo a la Cofetel, de Mony de Swaan, estableciendo que sí es procedente incluir la externalidad de red dentro de las tarifas de interconexión.

Lo anterior implica que quedan firmes las tarifas fijadas entre Axtel y todos los operadores móviles, de 1.71 pesos por minuto en 2005, 1.54 en 2006 y 1.34 en 2007.

Como le adelantábamos, la apuesta de Axtel buscaba que al eliminar este cargo por externalidad, la Corte obligara al regulador a fijar tarifas mucho menores, de entre 0.71 y 0.78 pesos por minuto para esos años.

En la minoría quedaron el ponente del proyecto,
Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y el ministro presidente, Juan Silva Meza, y el engrose o redacción final de la sentencia se le asignó al ministro Luis María Aguilar.

La Corte también ratificó la decisión de la Cofetel de establecer una disminución gradual de las tarifas entre 2005 y 2010, pero no concluyó la discusión sobre la modalidad del redondeo.

Aquí Axtel se juega la última carta, dado que a pesar de haber cobrado a sus usuarios 2.50 pesos por minuto redondeado, pretende que las telefónicas móviles le paguen retroactivamente la diferencia entre una tarifa con redondeo y una tarifa por segundo.

Las implicaciones para la industria serían igualmente importantes, dado que, como le platiqué, no sólo está en juego la interconexión de Axtel con Telcel, de Daniel Hajj, sino también las tarifas aplicables a Telefónica, de Juan Abellán, y a Iusacell, que comanda Adrián Steckel.

El Pleno continuará hoy esta discusión. Además de determinar si respeta la decisión de la Cofetel al haber establecido redondeo desde 1998 y hasta 2010, la Corte tendrá que definir con precisión los efectos de esta resolución.

Se anticipa que al bloque minoritario que ha apoyado el amparo a Axtel se sumaría el ministro José Ramón Cossío, quien ya adelantó que está de acuerdo en que el tráfico se mida por segundos, pero falta aún por definirse el resto de los ministros.

El impacto para Axtel podría ser de cuando menos dos mil millones de pesos, dado que no reservó pasivos contingentes en caso de perder este amparo.

Esto implica que al quedar firmes las tarifas originalmente establecidas por la Cofetel tendrá que reintegrar a Telcel, Iusacell y Telefónica las diferencias que retuvo al confiar en las tarifas que le estableció Rafael del Villar, ex subsecretario de Comunicaciones.

Niegan a Apple

Pues nada, que el jueves pasado el 18 Tribunal Colegiado ya negó a Apple, que lleva aquí Eleonor Casas, el amparo que había promovido contra iFone, la Pyme que encabezan Antonio Treviño, Ricardo Legorreta y Francisco Díaz.

El emporio fundado por Steve Jobs había demandado la nulidad de esa marca mexicana que fue registrada ante el IMPI desde 2003, esto es, cinco años antes de que trajeran a México el famoso iPhone.

Toca ahora a iFone emplazar a los operadores, léase Iusacell, Telcel y Telefónica, a cuantificar los daños y perjuicios, que de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial equivalen a 40% de las ventas de servicios telefónicos bajo esa plataforma.

Va a Su Casita

Y tal como le adelanté, ayer el Ifecom designó visitador para Su Casita.

Se trata de Samuel Egure Lascano, quien deberá recibir la orden de la juez octavo de Distrito en Materia Civil del DF, Emma Gaspar, la próxima semana.

Por cierto, ofrezco una disculpa. El abogado de esta sofom es Fernando del Castillo, del bufete Santamarina y Steta.