David Páramo

Análisis superior

David Páramo

16 Nov, 2012

Desmintiendo al caprichoso

Bruno Ferrari y algunos porristas que todavía le quedan están tratando de hacer creer que el anuncio que hizo hace una semana Toyota y su alianza con Mazda son una forma de la empresa, que preside Juan Manuel del Barrio, de darle la vuelta al Decreto Automotriz.

En el caso del todavía secretario de Economía se trata de un acto de soberbia e ingenuidad o desinformación en el caso de quienes deciden tragarse ese cuento. ¿Realmente en su sano juicio alguien puede creer que dos empresas internacionales van a poder ponerse de acuerdo en unos pocos días para hacer una alianza de este tamaño, sólo para cumplir con el capricho de un tipo que está a punto de dejar el sector público o bajo su presión?

Seamos claros. Toyota festeja diez años de exitosa operación en México y la negociación de este acuerdo era el punto culminante de la celebración; sin embargo, el capricho de un burócrata que sabe que el tabique con el que se mareó se está desmoronando le ha metido ruido a una operación que, a todas luces, es benéfica para México en cuanto a generación de empleos y oportunidades de competencia en el sector automotriz.

Esta alianza, que se negoció durante muchísimos meses, implica un reajuste en la operación de Toyota en México puesto que, entre otras cosas, se construirá en México un sedán destinado al segmento más importante de mercado en la industria automotriz.

Los muy obtusos creen que la única manera de medir el compromiso de una empresa con el país es a través de las plantas; sin embargo, si Ferrari no fuera tan pequeño como pomposo es su apellido antes de lanzar sus pírricas venganzas políticas habría considerado cuánto ha crecido el número de proveedores de Toyota en México, como parte de su estrategia de crecimiento aprovechando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Se necesita ser miope para creer que la única forma de inversión extranjera es la construcción de plantas.

El secretario de Economía, que tiene un pie en el estribo para jamás volver a ocupar un cargo público, está tratando de vender como si fuera una victoria personal el acuerdo Mazda-Toyota, cuando no tiene nada que ver con sus caprichos y errores graves.

Historia

Ferrari demostró que incluso dentro de los gobiernos panistas hubo funcionarios que representaban al México autoritario e irresponsable del pasado.

La historia de la disputa, vale la pena tener muy clara, comenzó cuando el secretario de Economía y sus cercanos impulsaron la NOM-163 de eficiencia energética que es equivocada y que no fue negociada con el sector automotriz.

Como otras normas oficiales mexicanas, durante la administración del todavía secretario de Economía se trata de una visión soberbia y equivocada sobre la realidad que fue impugnada por todo este sector.

Bastaría ver las declaraciones que ha hecho el presidente de este gremio, Eduardo Solís, y los recursos jurídicos interpuestos por una buena parte de la industria.

Para mala suerte de Toyota, ellos obtuvieron la primera suspensión en el juicio de nulidad que emprendieron.

De entrada, es importante destacar que el marco jurídico mexicano establece que aquellos quienes se sienten afectados por un acto de autoridad pueden recurrir a un juicio para buscar el amparo y protección de la justicia.

Se necesita ser muy lerdo o soberbio, como Ferrari, para creer que recurrir a la justicia es un acto de rebeldía contra la infinita sabiduría del burócrata.

Pocos días después de que Toyota obtuvo la suspensión, las huestes de Ferrari buscaron la venganza argumentando que esa empresa en particular no cumple con las normas de inversión.

La subsecretaria de Comercio de Economía, Lorenza Martínez, declaró públicamente que el trato de Toyota a México es de segunda, por recurrir a la protección de la justicia de una actitud con la que no están de acuerdo.

Quizá los más adecuados para responder a esta pregunta sobre tratos de primera o de segunda serían los empleados, proveedores y clientes de una empresa que se encuentra entre las exitosas de México, a pesar de burócratas que son de tercera.

Telenovelas

Dice la conseja popular que más pronto cae un hablador que un cojo.

Hoy es un buen momento para preguntarse dónde están aquellos que escribían novelas sobre las presuntas disputas entre los herederos de don Roberto González Barrera y hasta hablaban de juicios y rompimientos.

Como le informamos oportunamente en esta columna, sí hay intervención de abogados, como es lógico en una de la sucesiones testamentarias más grandes de la historia de México; sin embargo, hablar de rompimientos y demás es ridículo.

Como era de esperarse, y se anticipó aquí, los herederos de don Roberto decidieron ejercer su derecho al tanto sobre las acciones de Gruma, actualmente propiedad de AMD, y que esta empresa internacional pretendía vender a Fernando Chico Pardo.

Los herederos, de común acuerdo, anunciaron que ejercerían su derecho al tanto y analizan la forma de fondear una operación que supera los 400 millones de dólares. No se deje engañar.

Víctimas

Los gobernantes populistas e inútiles como Marcelo Ebrard y el delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, prefieren actuar en actos de relumbrón que efectivos.

Como no pueden parar la violencia en aquella demarcación y el uso de armas prohibidas prefieren sancionar, con un pretexto pueril, a Cinépolis.

La empresa que encabeza Alejandro Ramírez es víctima de la situación que no pueden controlar el jefe de Gobierno y el delegado.

Su establecimiento es un receptáculo de balas que se disparan con cualquier pretexto en la demarcación y ellos son sancionados con el cierre del establecimiento.

Ebrard está por concluir un gobierno francamente malo, en el cual actos de corrupción como el de los espectaculares, de falta de capacidad, como las pésimas obras viales, se han tratado de cubrir con ridiculeces u obras sólo sobre Paseo de la Reforma.