Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

23 Nov, 2012

En riesgo la competencia en el sistema portuario tras la adjudicación a Maersk Line

El estudio titulado Economías de escala de grandes buques portacontenedores, tamaño óptimo e implicaciones geográficas, preparado para Maersk Line, reconoce que la empresa danesa monopolizará el sector portuario a través de una agresiva integración vertical de servicios a la carga.

Maersk Line desplazaría a las líneas navieras como Evergreen Line, Hamburg Süd, Hapag Lloyd y China Shipping; a operadores portuarios como SSA México, HPH México, ICTSI y Ocupa, a despachos y agentes aduanales afiliados a la CAAAREM y ANIERM.

Asimismo, a la cadena de transporte terrestre que mueve la carga que llega al Pacífico mexicano. Según expertos, la integración para movilizar los cinco millones de contenedores que México estima recibir en los próximos tres años generaría utilidades de dos mil millones de dólares.

Todo este problema se originó cuando Felipe Calderón, vía la SCT, de Dionisio Pérez-Jácome, adquirió el compromiso con la Reina Margarita II de Dinamarca para ayudar a que Maersk se quedara con la Segunda Terminal de Contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas.

La Comisión Federal de Competencia, de Eduardo Pérez Motta, se limitó a autorizar la participación de la danesa en la licitación, pero no garantizó condiciones equitativas para toda la cadena del transporte y movimiento de mercancías, situación que aborda el estudio.

Y es que desde que se publicaron las bases del concurso de la Segunda Terminal en febrero de 2011, se sabía que era para Maersk, lo que confirmaba que la Coordinación General de Puertos de Alejandro Chacón promovía la integración vertical en contra de la competencia.

En el segmento de transportación marítima y servicios portuarios se pueden ocasionar daños importantes a los actuales operadores, que invirtieron más de tres mil millones de dólares en lo que hoy en día conforma el sistema portuario mexicano, desde la requisa de los puertos en 1993.

Y es que la integración vertical de Maersk origina una competencia desleal y el fenómeno del desplazamiento, al existir poca transparencia en los costos de suministros para el dueño de la carga, debido a que muchas de las tarifas pueden estar cruzadas al controlar una empresa toda la cadena logística.

La Coordinación de Puertos conoce el daño que provoca dicha integración. Un ejemplo palpable es la privatización de los aeropuertos en México, ya que por un lado la misma SCT evitó que una línea aérea participara o tuviera el control en los paquetes accionarios de los aeropuertos. 

Habrá que ver qué hacen los pupilos de Pérez Motta, ya que tienen la facultad de analizar las conductas que acrediten las prácticas monopólicas, como las acciones que derivarán de los servicios que Maersk ofrece en toda la cadena del movimiento de mercancías en el país.

Hoy los puertos mexicanos no están maduros para permitir prácticas monopólicas como la de una integración vertical, al menos que la SCT quiera modificar el exitoso modelo que inició con la Ley de Puertos de 1994, misma que impulsó las inversiones, estableció las bases de una competencia y dio certeza legal a las empresas que operan en el sector.

Menudo problema van a heredar a la nueva administración de Enrique Peña Nieto.

Gol a Hacienda

Sobre la cuestionable comercialización de la base de datos del Procesar, habrá todavía mucho qué decir.

Por principio de cuentas en el ISSSTE, a cargo de Sergio Hidalgo Monroy, están muy extrañados con Salvador Alonso y Caloca, quien ha estado promoviendo su nuevo negocio distribuyendo copia de escritos oficiales.

En uno de ellos el secretario general del ISSSTE, Héctor de la Cruz, expresamente solicita al director de Procesar que autorice a la empresa de Alonso y Caloca a recibir información de la base de datos nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Donde también se prendieron luces de alarma fue en el propio Procesar, dado que de conformidad con el artículo 37 de los Estatutos Sociales del organismo, su Consejo de Administración debe aprobar las estrategias de negocios previa presentación de la misma por parte del director general, en este caso Jaime Díaz Tinoco.

Esto en función de que las propuestas realizadas por Alonso y Caloca a diversos proveedores del negocio de descuento por nómina incluían invariablemente una comisión por transacción a favor de Procesar, lo cual se aparta de su objeto original, que es administrar y tutelar la base de datos.

También sonaron las alarmas en la Secretaría de Hacienda, ya que el asunto podría detonar un escrutinio mucho mayor sobre los manejos del Procesar. Hay que recordar que en 1996, al crearse el SAR, se optó por entregar la base de datos a una empresa privada, concesionaria del gobierno federal y propiedad de las afores.

Así, el Procesar está blindado contra cualquier acto de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de que maneja información propiedad del Estado y de los trabajadores.

Extraña finalmente que se esté intentando hacer este negocio en los últimos días de un sexenio ya profundamente cuestionado por corruptelas y excesos. Sobre todo por las relaciones directas que existen y que son comprobables entre Alonso y Caloca, el titular de la Consar, Pedro Ordorica, y el actual director de Procesar, Díaz Tinoco.

El asunto amenaza con dañar además la buena fama pública de Sergio Hidalgo, quien se había distinguido como un funcionario serio, de carrera y a prueba de este tipo de errores en cargos delicados como el SAE y la Secretaría de Hacienda.

Holbox sigue

A días de que termine esta administración, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Juan N. Silva Meza, determinó respaldar el proyecto de Península Maya Developments de Grupo Ponce, de Fernando Ponce, y de ARA, de Germán Ahumada.

Recordará que le platiqué que pretenden construir el megaproyecto La Ensenada en la isla Holbox. La Segunda Sala de la Corte revocó la sentencia dictada a favor de nueve ejidatarios que recurrieron hace dos años a un Tribunal Unitario Agrario, que resolvió en contra de la desarrolladora por irregularidades en el procedimiento para desincorporar a los afectados de su patrimonio ejidal.

Pero no todo está decidido para el destino turístico favorito del presidente Felipe Calderón.

Le comenté de los dos amparos que ganó el despacho del abogado Carlos Odriozola para 116 ejidatarios, mismos que siguen vigentes y datan del año 2010.

 Estas querellas son de fondo y buscan la nulidad de todos los actos posteriores al año 1998, así como la creación del fideicomiso por el mismo Fernando Ponce, quien a base de engaños se hizo de más de 980 hectáreas catalogadas como Área Natural Protegida.