Sistemas de pensiones, reto para el nuevo gobierno de Peña Nieto

A cuatro días de que concluya la administración de Felipe Calderón, vale la pena sacar a colación una de las asignaturas pendientes que si bien se atacó en su momento, lejos se está de encontrar una solución integral. Nos referimos a los sistemas de pensiones.

No está de más recordar las conclusiones de Pedro Vásquez Colmenares, un estudioso del fenómeno, quien recientemente expuso el tamaño del desafío que deberá afrontar el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, a partir de un acucioso análisis que documentó y presentó.

Los sistemas de pensiones en el sector público son una bomba de tiempo. Si nos atenemos a los planes “estudiados”, al cierre de 2010 dichos sistemas representaban ya un pasivo por la friolera de 3.3 billones de pesos. Hablamos de más de 100% del PIB de ese año.

Si se suman la deuda pública, los Pidiregas y la deuda de los estados, México tiene una presión fiscal tipo España, Italia o Grecia. Tan sólo este último país debe en buena medida su actual colapso financiero a un profundo endeudamiento que inició desenfrenado a partir de 1995.

Lo grave es que a esa pesada carga de 3.3 billones de pesos habría que sumarle obligaciones pensionarias de muchas entidades y municipios que no se publican y otros compromisos laborales que están fuera de la contabilidad pública.

La Secretaría de Hacienda no tiene información certera y no ha podido evaluar integralmente el tema de las pensiones. Es decir: el gobierno no conoce a ciencia cierta la magnitud de este problema en el país.

Lo más que se sabe es que existen más de 100 planes públicos de pensiones y de beneficios laborales, producto de años de negociaciones laborales. De ellos, solamente de cinco a seis sistemas pensionarios están totalmente fondeados.

Considere los del Banco de México, que gobierna Agustín Carstens; los de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que encabeza Juan N. Silva Meza; el del gobierno de Aguascalientes, de Carlos Lozano, y el del Instituto Tecnológico de Sonora, que lleva Isidro Cruz.

Los pasivos por pensiones duplicaron su peso contra el PIB, al pasar de 16.5% en 2007 a 30% en 2010. Las obligaciones laborales por pensiones ya representan 11 veces la deuda neta del país. Los pasivos contingentes ponen en riesgo las finanzas públicas del siguiente gobierno.

Le reitero que esas son algunas de las conclusiones del estudio de Vásquez Colmenares, economista con 15 años de experiencia en el rubro de la seguridad social, tanto en el IMSS
como en el ISSSTE.

El autor fue tesorero del Departamento del Distrito Federal con Óscar Espinosa Villarreal, director comercial de la Afore XXI del IMSS, cuando la encabezó Javier Beristain, y en general funcionario público por más de 25 años.

La contingencia derivada de las pensiones está elevando el Ramo 19, que es el gasto federal que se etiqueta para la seguridad social y déficit pensionario. Éste tuvo una asignación de 367 mil millones de pesos para 2012, pero al cierre de año llegará a 430 mil millones.

El Ramo 19 ya es el tercer gasto nacional. Crece 20% al año y llegará a 1.1 billones de pesos hacia 2018 si no se hace algo. Las pensiones consumirán uno de cada cinco pesos públicos. Actualmente es 2.2% del PIB y en los siguientes seis años va a significar 5.2% del PIB.

Entre 2007 y 2010 se creó el Fondo de Apoyo a la Reestructura de las Pensiones de Estados, con un presupuesto de 102 mil millones de pesos, y su resultado ha sido ninguna reforma pensionaria estatal.

Lo anterior se explica porque no hay incentivos y condiciones para que los sistemas se autorreformen, los gobernadores y sindicatos evitan el costo político de reformar, la baja exposición del problema les permite ignorarlo, y existe resistencia contra las cuentas individuales y afores.

Canacar vs. Brink’s

Fue en julio de 2007 cuando la Dirección General de Inversiones Extranjeras (DGIE) entregó al Servicio Panamericano de Protección (Serpaprosa) las conclusiones del proceso administrativo que inició la Secretaría de Economía por la denuncia de Brink’s.

El dictamen fue favorable, pues la instancia que entonces dirigía Gregorio Canales consideró que Serpaprosa, capitaneado en esos años por Andrés Aymes, no violaba el artículo sexto, que reserva a mexicanos el servicio de autotransporte de carga.

El resultado de la resolución de Economía, que en el gobierno de Vicente Fox lideró Sergio García de Alba, se veía venir de tiempo atrás, cuando la compañía que llevaba Guillermo Núñez por decisión propia se desistió del amparo que había ganado.

Serpaprosa promovió un recurso contra la investigación de la DGIE, que imposibilitaba a aquella a hacer público su fallo, anuncio que debió realizar de inmediato, pero que se postergó. El recurso retrasó un mes la resolución.

En el ínter, los abogados de los bancos socios de la compañía intensificaron su ofensiva legal hasta lograr que les reconocieran sus derechos adquiridos desde 1973, año en que entró en vigor la Ley de Inversiones Extranjeras.

El quid de la argumentación fue que pese a la metamorfosis que la banca ha sufrido desde entonces, pasando por la estatización, reprivatización y extranjerización, las razones sociales o sociedades siguen siendo las mismas.

Otro argumento fue que cuando Serpaprosa fue fundada, esto a finales de los años sesenta, no había legislación. Esto permitió a Brink’s incorporarse como socio extranjero, al igual que algunos bancos, como Citibank.

El caso es que la resolución le quitó una piedra a los bancos en su objetivo de vender la empresa. Otro paso fundamental fue llegar a un acuerdo con el SAT, entonces a cargo de José María Zubiría, para reestructurar el pasivo fiscal.

Santander, de Marcos Martínez, y Brink’s tenían 20% de Serpaprosa cada uno. Eran los dos principales accionistas, seguidos por Banamex, de Manuel Medina Mora, y BBVA-Bancomer, ahora dirigido por Vicente Rodero, con 15% respectivamente.

Con diez por ciento en cada caso figuraban HSBC, que ahora lleva Luis Peña, mientras que Scotiabank, de Troy Wright, y Banorte, que dirige Alejandro Valenzuela, tenían alrededor de 5% de participación.

Todo esto viene a colación porque resulta que la Cámara Nacional de la Industria del Autotransporte de Carga (Canacar), que preside Roberto Díaz, revivió la controversia de Serpaprosa, que ahora maneja Erik Seiersen.

El gremio sigue litigando contra las empresas extranjeras que están incrustadas en compañías mexicanas de transporte que realizan operaciones de cabotaje y, por lo que se sabe, han ganado
nuevas instancias.