Perfil de funcionarios

A pesar de que el próximo viernes, a unas horas de tomar posesión como presidente de la República, Enrique Peña Nieto dará a conocer su gabinete existe una gran propensión a realizar cualquier tipo de especulaciones en torno a quiénes ocuparán los cargos.

Llama la atención, de entrada, que por primera vez quizá en seis o siete sexenios no haya sombra de duda sobre la transición económica. No existe la tensión que se registró entre Pedro Aspe y Jaime Serra Puche, que derivó en la tragedia económica conocida como el error de diciembre.

La necesidad de que incluso antes de las elecciones los tres candidatos aseguraran que en caso de ganar nombrarían a Agustín Carstens, como ocurrió hace seis años para tratar de frenar las dudas, parece un recuerdo sumamente lejano.

Nadie duda que la transición en la Secretaría de Hacienda no únicamente será tersa sino que, además, se mantendrá un trabajo económico correcto.

Ciertamente hay puntos en los cuales se debe establecer un énfasis particular. Existe una preocupación fundada de los miembros de la Asociación de Bancos de México sobre presiones hacia la expansión de crédito.

Si bien es cierto que parece difícil suponer que las propias instituciones aflojarán controles que les han funcionado de una manera tan efectiva, sí hay inquietud sobre la operación de la banca de desarrollo.

Si se utiliza a este brazo del gobierno como una forma de subsidios o de impulsar una competencia sobre bases equivocadas, no sería difícil que en un lapso verdaderamente corto los mexicanos podrían comenzar a sufrir las consecuencias del exceso de crédito.

Seamos claros, no se trata de limitar al crédito, que es la mejor manera de propiciar el bienestar; sin embargo, no se trata de confundir con subsidios o prácticas irresponsables que terminan costando a todo el pueblo. Se debe mantener la línea de congruencia.

SCT

Sin embargo, en otras dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrían verse cambios en el enfoque.

Esta dependencia, que es excesivamente grande en cuanto a sus tramos de competencia y la disparidad de los temas que trata, al grado de que algunos piensan que debería ser dividida en por lo menos dos secretarías, tiene que tener un sello diferente.

Se requiere un hombre con muchas más habilidades de negociación que técnicas. Los nudos que terminaron de apretarse con las desafortunadas gestiones de Luis Téllez y Juan Molinar Horcasitas (el tiempo no le dio a Dionisio Pérez-Jácome para destrabar asuntos), difícilmente pueden destrabarse con facilidad.

Sectores como el de las telecomunicaciones requieren de una negociación en la cual no sólo se reconozcan los derechos de todos, sino que el piso se dé parejo para la competencia.

En este sentido hay quienes apuestan fuertemente a que el próximo titular de la SCT sería Pedro Joaquín Coldwell. Se trata de un hombre, quien tiene una innegable capacidad para llegar a acuerdos en los cuales las partes se sienten satisfechas.

Se asegura que en su equipo habría subsecretarios de amplias capacidades técnicas, entre los que se deben contar a personas como Jesús Ramírez Stabros, quien no sólo fue piloto comercial, sino que ha tenido una buena carrera política dentro del PRI.

Sea como sea, el próximo viernes se acabarán las especulaciones y comenzará una época de gran trabajo.

Venganza

Cuando los funcionarios públicos cometen errores suelen “crear” conspiraciones en su contra. Acusan a los empresarios de no querer cumplir con la ley y a cambio se vuelven víctimas de ataques sin fundamento.

Francisco Xavier Salazar, quien anda contándole a todo el mundo que se va a quedar en el próximo gobierno luego de siete años en el cargo, asegura sin mostrar pruebas que Grupo Zeta no cumplió con la ley y que la empresa lo está atacando por cuestiones políticas.

A falta de que el presidente de la CRE y sus comisionados (Francisco Barnés de Castro, Rubén Flores García, Israel Hurtado, Noé Navarrete y Luis Alonso Marcos González) establezcan con claridad cuáles son las razones jurídicas y no obstruyan los derechos jurídicos al alcance de la empresa, los hechos son los siguientes.

Grupo Zeta invirtió con el marco jurídico vigente 500 millones de dólares en terminales marítimas para recibir gas LP en Baja California y Colima.

Sin embargo, la CRE emitió un decreto que entrega el negocio de almacenamiento de gas LP a empresas extranjeras que, evidentemente, no han realizado inversiones en el país. De acuerdo con la empresa, el costo para el erario de esta decisión implica un costo de algo así como 30 mil millones de pesos anuales.

Hablar en términos de grillas y hacer campañas dizque políticas en intento de defensa para los burócratas resulta francamente absurdo. La obligación de la CRE debería ser demostrar cuáles son los fundamentos de su razonamiento. Evidentemente Grupo Zeta deberá recurrir a todos los medios jurídicos a su alcance antes de aceptar una decisión que les resulta ruinosa.

Libros

Pademobile, encabezada por Javier Torroella y Raúl Nogales, firmó un convenio con Librerías Gandhi a través del cual se podrá utilizar esta plataforma móvil para adquirir libros utilizando un teléfono celular.

Definiciones

Parecería que aquellos quienes están aferrados a que se registren problemas en Banorte-Ixe o en Gruma siguen cometiendo errores de cálculo.

La semana pasada los herederos de don Roberto González Barrera anunciaron de manera coordinada que ejercerán el derecho de tanto en Gruma y, de hecho, los trámites para fondear una operación que ronda los 400 millones de dólares.

En el caso del grupo financiero que preside Guillermo Ortiz Martínez la situación es sustancialmente más sencilla. Existe una larga serie de contratos y convenios de operación como en todo negocio institucional que, además, cotiza en los mercados de valores, que no resultan ser parte del capricho de personas en particular ni mucho menos de
berrinches personales.