Reactiva Excellon actividades y mineras con incertidumbre jurídica por presiones de ONG

Ya le había contado acerca de los problemas de la Minera Excellon, que preside Brendan Cahill, por los bloqueos sufridos por parte de la ONG ProDESC, que encabeza Alejandra Ancheita, el Ejido La Sierrita y el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia.

En el centro del conflicto está la mina La Platosa, en Durango, que por tal razón se mantuvo cerrada durante 100 días, lo que arrojará pérdidas económicas por más de 25 millones de dólares a la empresa canadiense.

Apenas en septiembre pasado, la mina ubicada en la región de Bermejillo y Mapimí pudo, a través del diálogo efectuado por las más de 500 familias afectadas por el cierre de las instalaciones, reactivar las operaciones de la mina productora de plata, plomo y zinc.

La novedad es que el pasado 28 de noviembre, la Secretaría de Economía, mediante el oficio DGIE.315.12.137, emitió la resolución de la investigación realizada por el Punto Nacional de Contacto (PNC), dependencia de la OCDE, de José Ángel Gurría, con relación a presuntas violaciones a las líneas directrices para empresas multinacionales por parte de Excellon Resourses.

El documento concluye que no se encontraron razones para dar mayor seguimiento a la queja presentada el 29 de mayo de 2012 por la organización ProDESC, la cual argumentaba el incumplimiento del contrato de arrendamiento, la falta de transparencia sobre el conflicto con los accionistas de Excellon y las autoridades canadienses, la violación de los derechos humanos y las prácticas antisindicales, así como daños al medio ambiente y contaminación del agua.

ProDESC dijo actuar en representación del Ejido La Sierrita; de la sección 309 del sindicato minero de Gómez Urrutia; del United Steel Workers; del Mining Watch Canada y de la Canadian Labour Congress, destacando que de esta última organización no presentó acreditación.

Durante la investigación, el PNC solicitó y revisó la documentación y pruebas presentadas por las autoridades competentes en cada rubro demandado. Hablamos de la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, del Registro Agrario Nacional, de la Semarnat, de la Conagua y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La conclusión del oficio emitido por la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad sostiene que los hechos expuestos por ProDESC no tienen méritos suficientes para su examen basado en el Reglamento de la OCDE para Empresas Multinacionales y que no puede ofrecer su foro en este caso.

Además, convoca a que la resolución del conflicto entre la Minera Excellon y el ejido La Sierrita se dé a través de la participación voluntaria y de la facilitación del diálogo entre las partes, en donde los esfuerzos por parte de Gobernación, de Miguel Ángel Osorio Chong, y del gobierno de Durango, de Jorge Herrera Caldera, serán las claves para ello.

De hecho, se sabe que los ejidatarios han empezado a pedir la salida de las huestes de Napoleón Gómez Urrutia, quien en esta semana recibió por parte del juez 13 de Distrito de la Ciudad de México en Materia Penal la negación del amparo para el líder minero, quien vive desde hace seis años en la ciudad de Vancouver, Canadá, y cuenta con una orden de aprehensión de la Interpol para buscarlo en más de 180 países.

Sin duda alguna, el tema de la minería tendrá que ser desde ya uno de los ejes torales que el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tendrá que atender, ya que de acuerdo con estudios del sector en 2013 se prevé una baja de alrededor de 25% en las inversiones mineras, las cuales sólo en este año representarán para México poco más de siete mi 500 millones de dólares.

Además, casos como los sucedidos a las mineras Excellon en Durango, First Majestic en San Luis Potosí y MAG Silver en Chihuahua comienzan a prender las alarmas en México ante países inversionistas del sector, entre los que se encuentran Canadá, EU, Alemania, Francia y Chile, que no ven con buenos ojos los cierres ilegales de minas, paro de labores y conflictos con sindicatos, ejidatarios y las ONG.

El AICM dirige

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a adjudicar hoy la póliza de daños materiales y responsabilidad civil.

Y según trascendió se lo renovará por cuarto año consecutivo a Interacciones, de Carlos Hank Rohn. Entre los demás contendientes hay malestar porque el organismo, que a partir de hoy asume Gilberto López Meyer, establece bases que los dejan sin posibilidades de ganar.

Por ejemplo, pide cartas de soporte hasta por 50% del reaseguro, lo que sólo está en condiciones de cumplir el que tiene la cuenta. Ya en 2010 Seguros Inbursa, de Carlos Slim, y Atlas Seguros, de Rolando Vega, presentaron una inconformidad.

En esta ocasión Interacciones fue la oferta más alta de las cuatro que se entregaron. Los pupilos de Hank ofrecieron 43.7 millones de pesos y 594 mil dólares. GMX, de José Luis Llamosas, ofertó 38.8 millones y 736 mil; Banorte, de Alejandro Valenzuela, 33.2 millones y 790 mil, e Inbursa 43.6 millones de pesos y 753 mil dólares. El fallo está programado para esta tarde.

Va Inboplast

La Asociación de Industriales de la Bolsa Plástica (Inboplast), de Juan Antonio Hernández, está a punto de cumplir tres años y tiene el reto de luchar contra las leyes antibolsas que prohíben el uso de estos productos en entidades como Quintana Roo, Zacatecas y San Luis Potosí.

En este tiempo los más de 28 socios invirtieron cerca de 200 millones de pesos en mejorar e impulsar las plantas de reciclaje de bolsas de plástico en todo el país, por lo que ahora enfocarán sus esfuerzos en trabajar con las autoridades de la Semarnat y con las comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Senadores para compartir e implementar las mejores prácticas de reciclaje a escala mundial para implementarlas en México.

Golpe a casinos

De nada sirvieron los trabajos de la industria de casinos afiliada a la AIEJA, de Miguel Ángel Ochoa, y las autoridades de Gobernación para regularizar las más de 120 mil máquinas tragamonedas que funcionan sin los permisos del gobierno federal.

Resulta que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Ejecutivo federal, por el decreto publicado el pasado 19 de octubre en el Diario Oficial de la Federación que prohíbe las máquinas tragamonedas, a excepción de las que cuenten con la autorización y permisos por parte de la Secretaría de Hacienda.