David Páramo

Análisis superior

David Páramo

13 Dic, 2012

Inician las sanciones

Durante la gestión de Héctor Osuna como presidente de la Cofetel, en reiteradas ocasiones señalamos en este espacio que había indicios preocupantes de actividades que podrían considerarse ilícitas.

De hecho, la renuncia de este hombre a la presidencia del organismo supervisor de las telecomunicaciones se dio en un entorno en el que habría negociado su salida, con la ayuda del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, para evitar mayores imputaciones.

De hecho, Osuna desapareció de la escena pública tras este cargo. Ciertamente estaba muy vinculado con su natal Tijuana, pero era muy común verlo en San Diego, donde tiene una buena parte de su vida.

Parecería que este hombre había logrado poner suficiente tierra a su administración hasta finales de noviembre, cuando la Secretaría de la Función Pública anunció una serie de inhabilitaciones a ex funcionarios de Cofetel que fueron muy cercanos a Osuna y que de acuerdo con fuentes vinculadas con la investigación podrían dar origen a acusaciones penales en contra de los implicados.

La investigación comenzó por la supuesta afirmativa ficta que se habría dado a Televisa para transmitir televisión y que durante la administración pasada fue muy fuertemente peleada en tribunales por parte de la SCT y la consejería jurídica de la Presidencia de la República, al punto de que se revirtió la decisión.

La discusión siempre se ha centrado en si la empresa de Carlos Slim como con el título de concesión y si, por tanto, tiene posibilidad de dar el servicio de televisión. Es un tema no resuelto desde hace muchísimos años.

La inhabilitación de los funcionarios no viene por la decisión en sí misma, sino porque voluntariamente no realizaron su trabajo. Dejaron pasar plazos e ignoraron notificaciones, lo cual sólo tiene una explicación.

Así las cosas, algunos de los hombres más cercanos a Osuna. Jorge Mena fue inhabilitado por cinco años. Este hombre era el secretario técnico durante el periodo del ex presidente de Cofetel.

Una sanción igual se aplicó en contra de Guillermo Martínez, quien se desempeñaba como director de la Unidad de Supervisión. Este hombre, además de cercano, es paisano del ex presidente del organismo supervisor.

A Fernando Gay, quien tuvo una participación bastante menor y parecería que sólo se prestó para firmar, lo inhabilitaron un año.

Falso

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado en el que puede leerse: “Los representantes de la empresa propietaria de la aeronave han informado a las autoridades que la utilización del mismo por parte de la señora Jenni Rivera y sus acompañantes fue en calidad de promoción en virtud de que, según se ha dicho, se encontraba interesada en adquirirlo”.

Evidentemente la dependencia que encabeza Gerardo Ruiz Esparza ni la DGAC están dando por buena esta versión, sólo refieren a los dichos; sin embargo, aquí es necesario que la investigación se haga más a fondo.

La afirmación de la empresa está destinada a quitarse cualquier imputación de que estuviera realizando operaciones conocidas como de cabotaje, es decir, que un avión con matrícula extranjera y tripulación certificada en otro país dé un servicio de aerotaxi.

Como hemos denunciado en este espacio, el mercado de la aviación privada floreció al amparo de controles mucho más que laxos por parte de la autoridad mexicana durante el sexenio pasado, en que incluso la DGAC fue degradada de categoría. Hasta el momento no se ha cumplido una gran parte de las promesas que se hicieron para recuperar el nivel.

La DGAC cometería un error verdaderamente grave si no va más allá en la investigación, no sólo del accidente aéreo, sino también en las condiciones en las que se está dando la aviación privada.

Para comprobar cómo se usaba este avión quizá bastaría ver las bitácoras de vuelo, pero lamentablemente muchas de ellas no tienen los nombres de los pasajeros que viajan en estas naves.

Más allá, hoy es muy fácil contratar los servicios de este tipo de empresas que caminan en la frontera de la ilegalidad, puesto que entre otras cosas se manejan en dólares en efectivo, los cuales podrían estar vinculadas a la delincuencia organizada.

El accidente del fin de semana pasado sólo abre una ventana hacia un negocio en que la administración de Alejandro Argudín, al frente de la DGAC, no se tiene que quedar en sólo en esta tragedia, sino poner orden en un mercado que ha crecido sin regulación y de una manera sumamente peligrosa.

Financieros

En el sector financiero hay quienes ya levantaron la ceja nuevamente por lo que está haciendo Enrique Peña Nieto en algunas áreas financieras de la administración pública, puesto que está llevando a políticos y no a financieros a los primeros planos.

Ayer le informábamos del nombramiento de Alejandro Murat como director del Infonavit, Canek Vázquez al Infonacot, cuando es evidente que no tiene el perfil para ocupar el cargo.

En la banca de desarrollo parecería que sólo Jacques Rogozinski y Enrique de la Madrid tienen capacidad bancaria, los demás son políticos.

La preocupación en el sector financiero tiene que ver con el reiterado mensaje de que se abrirán las llaves del crédito, que quienes han estado en el sistema financiero saben que se trata de una tentación atractiva pero sumamente peligrosa, puesto que si el crédito no se origina bien (por buenas que sean las causas) y no se da un seguimiento en la cobranza se termina generando una crisis que daña a todos los mexicanos.

Para los políticos, especialmente quienes no vivieron la crisis de mediados de los noventa y toda la reestructuración que pasó el país, puede resultar muy tentador ponerse a prestar; sin embargo, se pueden generar muchísimos más problemas de aquellos que se pretenden resolver.

En el sector financiero se están esperando definiciones, puesto que la preocupación va subiendo de nivel con los hechos del nuevo
gobierno.