Señales de irresponsabilidad

Andrés Manuel López Obrador fue el primero de los mandatarios locales que hicieron del endeudamiento un vehículo para generar la impresión de progreso; sin embargo, durante los últimos años se convirtió en una práctica común de gobernantes. Aprovecharon, todos los huecos posibles.

De entrada, aprovecharon que la alternancia democrática dio a los gobernadores espacios que eran impensables antes de la llegada del PAN al poder.

Para un gobernador y, por efecto de imitación para los presidentes municipales, el esquema se volvió verdaderamente sencillo. A pesar de que al final del día la deuda de los estados y municipios tiene que ser respaldada por la Federación, sólo requirieron permiso de sus congresos locales para poder endeudarse.

La Secretaria de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, insiste una y otra vez que el país se encuentra lejos de un problema que pudiera afectar las finanzas nacionales, puesto que no llega a 3% de la deuda total del gobierno.

Sin embargo, reconoce que se trata de un problema por la tendencia. En un lapso corto se duplicó la deuda y a pesar de las advertencias del gobierno la tendencia se mantiene y, de continuar así, podría generar problemas como los que en su momento vivió Brasil o los que hoy tiene España, donde se llega al extremo de autonomías como Cataluña que por un lado quieren independencia y por el otro piden un rescate de cinco mil millones de euros al gobierno central.

A pesar de que el discurso del gobierno de Enrique Peña Nieto y su gabinete económico es que los bancos prestan poco, pues en este caso no es exacto, las instituciones de crédito vieron en los gobiernos estatales y municipales una buena oportunidad para colocar recursos.

Es importante destacar que algunos hicieron bien su trabajo, por lo que están teniendo que pagar las consecuencias y otros han encontrado un nicho de negocios que no sólo les garantiza rentabilidad, sino altas ganancias en el marco de la ley.

De hecho, salvo casos muy aislados habría indicios para suponer que las deudas se han dado al margen de la ley vigente y de las sanas prácticas bancarias. El problema no está ahí, sino en la facilidad que tenían los gobernantes para aumentar los techos de endeudamiento sin que nadie estableciera mínimos.

Inconsistencias

La Secretaría de Hacienda del gobierno pasado, encabezada por Ernesto Cordero, tampoco tuvo interés en intervenir en el tema. Hoy sería difícil comprender si se trató por una cuestión política o simple incapacidad regulatoria.

Curiosamente el ahora senador de la República ahora hace señalamientos que hubieran sido mucho más oportunos cuando era el titular de las finanzas públicas y tenía elementos para incidir, por lo menos, en cambios en la ley o realizar advertencias. En las iniciativas de reformas que presentó como secretario de Hacienda poco hizo por proteger la fortaleza de las finanzas estatales. Vamos, nada hizo por meter al orden a las empresas calificadoras de valores.

Como se hizo evidente a partir de la crisis de 2008 en el mundo y, especialmente en México, las calificadoras de valores en el menos malo de los casos son procíclicas y cuando algo está de moda, como la deuda de los estados y municipios, venden muy baratas las calificaciones.

Sin embargo, cuando las cosas se ponen mal cambian radicalmente de pensamiento y todo lo ven demasiado mal.

Las calificadoras de valores, como operan actualmente, simple y sencillamente no sirven para nada, puesto que son incapaces de advertir de los riesgos de crédito. Se trata de negocios que algunas veces aprovechan huecos para tener un negocio sin aportar ningún beneficio.

Camino

El gobierno de Peña Nieto ha insistido una y otra vez en que no se justifica un rescate a los estados y municipios, puesto que una buena cantidad de gobernadores y en particular de alcaldes están mucho más que deseos de convencer al gobierno federal que se quede con la deuda que, en no pocos casos, ellos no contrataron.

El hacerlo implicaría, en muchos sentidos, mandar una señal equivocada. Se tienen que realizar un proceso de reestructuración que debe ir de la mano de los otorgantes de crédito y que son caso por caso. Hay instituciones de crédito que se están especializando en reestructurar carteras, asumir pasivos y mantener la relación sana con los gobiernos.

Difícilmente podría ser un programa coordinado desde la Secretaría de Hacienda, que debe concentrarse en la supervisión a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De hecho, la lamentable participación de las calificadoras de valores debería ser un foco en el que el Jaime González Aguadé pusiera el ojo, puesto que no se debería permitir que estas empresas sigan cobrando por un servicio que no sirve para nada.

Algunos otros establecen que la reforma fiscal tiene que pasar por establecer reglas a las deudas de los gobiernos estatales y municipales, lo cual es una obviedad considerando el problema que, a no dudar, sigue creciendo a pesar de las advertencias.

Hoy no existe ningún mecanismo real a través del cual la Secretaría de Hacienda pueda limitar la emisión de deuda de los gobiernos estatales y municipales, puesto que en el primer caso necesitan el aval de su Congreso y en el segundo del cabildo.

Menos

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, tiene un durísimo reto, puesto que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le asignaron 14% menos recursos que un año antes.

De acuerdo con el reporte RECSA, los recortes al presupuesto de la dependencia sólo pueden explicarse por la falta de recursos de la Federación para cumplir sus metas y sostiene que el aumento en los fondos tendrá que estar vinculado a una reforma fiscal.

Es importante destacar que se le está comenzando a cargar un peso monumental a la reforma fiscal que está prevista, de acuerdo con el Pacto por México, para el segundo semestre de este año y no necesariamente tiene garantía de aprobación.