Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

23 Ene, 2013

El regreso de Ruiz Chávez a Economía, bofetada con guante blanco al calderonismo

No hace mucho le decía que con el arribo del nuevo gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, una secretaría que se reivindicaría era la de Economía.

De hecho, el arribo de Ildefonso Guajardo le vino a imprimir una nueva dinámica que se perdió tras la gestión de Bruno Ferrari.

Ayer el regiomontano volvió a sorprender con la decisión de traerse de regreso a Rocío Ruiz Chávez, la funcionaria de servicio civil de carrera más antigua en esa dependencia. Estamos hablando de 42 años, tiempo en el que transitó por diversas áreas de esa instancia.

Chávez fue retirada de su cargo por el “brillante” Gerardo Ruiz Mateos cuando arribó a esa secretaría. En su lugar se designó, en septiembre de 2008, a Lorenza Martínez, quien venía de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda.

Le conté en su momento que las extraordinarias cartas credenciales de Martínez, quien a su vez llegó a Economía recomendada por su mentor, Agustín Carstens, de nada le sirvieron para manejar la Subsecretaría de Industria, posición desde la cual destrozó sectores industriales.

El caso más escandaloso fue la imposición de un agresivo plan de desgravación arancelaria que puso en riesgo más de 55 mil empleos y a 178 empresas. Bajo el cuestionado principio de que el beneficio permearía a los consumidores, se eliminaron miles de fracciones desde 2008.

Economía redujo aranceles a miles de productos industriales, eliminó programas de exención de aranceles, simplificó trámites de comercio exterior y operación aduanera y suprimió barreras de entrada para, supuestamente, promover la eficiencia y competencia.

Pero la realidad fue que la industria quedó desamparada y a merced de países con los cuales ni siquiera teníamos acuerdos comerciales.

El caso más elocuente fue la industria del acero, que ya tuvo también un primer encuentro con Guajardo, a diferencia de la administración pasada.

Rocío Ruiz fue nombrada ayer subsecretaria de Competitividad y Normatividad, posición desde la cual el aparato industrial mexicano fue blanco de constantes embates producto de una liberalización mal entendida por el gobierno de Felipe Calderón.

Personaje clave en el viacrucis que vivieron cientos de empresas mexicanas fue el famoso Felipe Duarte, otro cercano colaborador de Ruiz Mateos a su paso primero como coordinador de Asesores de la Presidencia y después como secretario del ramo.

Pero eso ya se acabó. La mancuerna Guajardo-Chávez será fundamental para revitalizar a una industria que
quedó severamente golpeada.

Sempra lleva mano

El primer tramo del sistema de ductos para traer gas natural será el de Frontera, en Tamaulipas, a Los Ramones, en Nuevo León.

Es una red de aproximadamente 120 kilómetros que construirá la empresa Gasoductos de Chihuahua, una coinversión de Pemex Gas y Petroquímica Básica que aún dirige Alejandro Martínez Sibaja, y Sempra Energy, que preside Carlos Ruiz Sacristán.

La inversión se estima en alrededor de 800 millones de dólares y los trabajos arrancarán cuanto antes. Pemex, que comanda Emilio Lozoya, está terminando de adquirir los derechos de vía, y junto con su socio deberán designar antes a la compañía encargada de la procura del proyecto, lo mismo que los proveedores del acero para los grandes tubos que van de 24 a 48 pulgadas.

La inversión fuerte vendrá en el otro tramo que correrá de Los Ramones hasta Apaseo, en Guanajuato, que incluye un ramal hacia San Luis Potosí. Al final son casi mil kilómetros de ductos con un costo de unos tres mil millones de dólares. Este proceso se abrirá a licitación pública internacional y se sabe del interés de la italo-argentina Techint, de Paolo Roca, la española ACS, de Florentino Pérez, la japonesa Mitsui, de Jaime de la Rosa, amén de la china Sinopec, la india Punji Loy y la brasileña Andrade Gutiérrez. Por las mexicanas considere a ICA, que lleva Alonso Quintana. El proceso arrancará también en este primer semestre porque la idea es operarlo a inicios de 2016.

Universidad Salazar

Le platicaba del conocido pleito por la titularidad de las “Universidades Salazar” en Chiapas.

No es un asunto menor, pues se acusa a Emilio Salazar Farías de un quebranto superior a los 500 millones de pesos, menudo problema para alguien que aspira a ser presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y actual diputado local. Resulta que Emilio fue favorecido con una sentencia en la Sala de Apelación a finales del año pasado.

Se comenta además que hubo un acercamiento entre las partes contrarias, pero se lee con preocupación que Emilio ha abandonado la mesa de negociación, parte por la apelación que le fue favorable, parte porque hace gala de ser el delfín del flamante gobernador Manuel Velasco Coello. Sin embargo, el 22 de enero se radicó el amparo que revisará la apelación en el Tercer Tribunal Colegiado de Chiapas y expertos en la materia calculan que el resultado del amparo le será desfavorable al diputado local.

De perder el amparo, Emilio deberá de indemnizar a los socios por diez años de utilidades y responder a más de 15 mil alumnos y ex alumnos por la probable revocación de los reconocimientos de validez de estudios, que podría significar un problema social en Chiapas.

Inclusive, en caso de que el amparo le sea favorable a Emilio, ello no lo libera de la responsabilidad penal derivado de la malversación de fondos. Los socios de Emilio continuarán con todas las acciones legales que les corresponden.

Geo alista sucesión

El 2013 va a ser un año de vacas flacas para los vivienderos, toda vez que no queda claro cómo se articulará la política pública.

A estas alturas no se sabe bien si recaerá en la nueva Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, que lleva Jorge Carlos Marín, o la Comisión Nacional de la Vivienda, que preside Alejandro Nieto. Esa incertidumbre, aunada a un presupuesto autorizado que incluso se recortó contra el de 2012 ha presionado a la baja los títulos de las principales desarrolladoras.

El entorno para Grupo Geo, que preside Luis Orvañanos, es todavía más complejo porque este año el fundador y accionista principal llega a la edad límite que prevén los estatutos de la compañía. Es decir, se avecina un cambio de timón. Considérelo.

Mainbit demandada

Le adelanto que Mainbit de José Antonio Sánchez y su agencia de medios serán demandadas por la vía civil y penal.

La querella se presentará por difusión de información falsa en contra de Soluciones Tecnológicas, de Claudia Rincón, empresa que cometió la “osadía” de disputar y ganar varias licitaciones en las que se presentó también Mainbit, el proveedor consentido de servicios de tecnologías de información de los gobiernos panistas.

La firma es especialista en falsificar documentos, como lo evidenció en el concurso LA-018T4I011-T168-2012 de Pemex, donde fue descalificado por presentar datos apócrifos. El 26 de octubre la Dirección Corporativa de Administración inició una investigación a través del Órgano Interno de Control.