Ley de Amparo: ¿Negociación en curso?

La negociación final de la reforma a la Ley de Amparo tiene algunos temas difíciles, pero hay uno que ha generado, desde que el hoy procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, la puso sobre la mesa siendo senador: el artículo 129 y algunos de sus incisos.

Desde entonces, el sector privado a través de diferentes formas ha buscado encontrar una redacción distinta de un par de fracciones de ese artículo, para que se facilite su tránsito en la Comisión de Justicia que preside la diputada del PRI Claudia Delgadillo.

El famoso artículo 129 propone que cuando se trate de asuntos que deriven en posible perjuicio al interés social o contravengan disposiciones de orden público no deberá concederse la suspensión del acto reclamado al demandante del amparo de la justicia.

Parece lógico, pero al enumerar las causas que no admitirían suspensión, y en caso de que el Estado pierda el juicio, sólo admitiría reparación del daño, sería cuando un amparo pudiera impedir o interrumpir los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad.

La verdad es que el marco legal en materia de alertas tempranas, administración cautelar y resoluciones bancarias está muy bien determinado y existe una multiplicidad de disposiciones legales (leyes, circulares, reglas y disposiciones generales), cuyo objetivo es el de preservar la estabilidad y solvencia de las instituciones financieras y la preservación de los intereses del público ahorrador, ordenamientos cuyo cumplimiento se encuentra encomendado a diversos organismos supervisores del Estado a través de sus atribuciones de vigilancia,
inspección y fiscalización.

Además, en 1995 la CNBV llevó a cabo el mayor número de intervenciones administrativas y gerenciales, aun cuando se carecía de la actuales normas protectoras en materia financiera y que no existía el IPAB ni un seguro de depósito, y para ejecutar las resoluciones no fue necesario contar con una excepción como la propuesta para que el Poder Judicial negara el otorgamiento de cualquier suspensión provisional y definitiva en los amparos interpuestos.

Por ello, la ABM, que preside Jaime Ruiz Sacristán, considera que debido a que la ley cubre casos de excepción no debiera prevalecer la excepción al otorgamiento de la suspensión en juicio de amparo cuando se trate de un caso individual, aunque se mantenga para un eventual (¡toco madera!) problema financiero sistémico.

Y mire, dicen por ahí que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no ha retirado el tema y que es parte de esa estrategia de “sana distancia” que ha tomado respecto al gremio bancario.

El otro tema para el que se pide la excepción en la reforma propuesta, por considerase de interés social o púbico, es cuando “se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” incluyendo por supuesto las concesiones de infraestructura, de espectro (recordemos el caso de Telcel donde se negó la suspensión en la SCJN y sentó precedente al respecto).

Hasta donde sé, la negociación la pensaba sacar el PRI-Verde, que coordina Manlio Fabio Beltrones, pero no tenía mayoría porque PRD y PAN no se subieron. Ayer la negociación estaba al más alto nivel y la conducía el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y aunque la propuesta de amparo había pasado primera lectura, no logró salir de la Comisión de Justicia al pleno.

Sabemos que ayer el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Gerardo Gutiérrez Candiani, recibió a su ex presidente, Mario Sánchez, quien se sumó a los “convencedores” y eso logró parar un desplegado que manifestaba la posición de la cúpula contra la pretensión de eliminar el incidente de suspensión en los casos mencionados.

Dicen que se están dando tiempo y que la redacción se está afinando para que pueda transitar el dictamen de la Ley de Amparo de una vez por todas y “por acuerdo” de todos los que hasta ahora se han opuesto.

Si por ejemplo, en el primer caso se incluye que la suspensión no operaría cuando hay riesgo sistémico, pasa. Y si en el segundo procediera una vez que se haya demostrado la causa de interés público (porque generalmente sorprenden las decisiones políticas), también pasaría.

Ahí está por lo pronto el estira y afloje.

De Fondos a Fondo

Al final. La sucesión en la ABM se someterá a consulta de los miembros. Luis Peña de HSBC queda como candidato para buscar el voto.

Banorte, en voz de Guillermo Ortiz, propuso al director general del Grupo Banamex, Javier Arrigunaga, quien no dijo si aceptaba o no la postulación. Los momios dicen que el voto lo obtendrá Luis Peña el próximo 13 de febrero. ¡Qué bueno que Luis ni es chino ni trecaidecafóbico, ni es martes el día marcado!

Dicen que en momentos de crisis la oportunidad aflora. Justo el impresionante trabajo de promoción que ha realizado el embajador de Italia en nuestro país, Roberto Spinelli, para promover inversiones y asociaciones entre pequeñas y medianas empresas en nuestro país con las italianas, ahora se concreta con la firma de un acuerdo de colaboración entre la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), que preside Rafael Gutiérrez Villalobos, con la Cámara de Comercio Italiana que lleva, Alberico Peyron.

La idea es que en los estados se puedan implementar los programas de impulso a la competitividad que han logrado excelentes resultados en Italia y para no irnos lejos, en la cadena textil-vestido, cuero-zapato, muebles se podrían ver beneficiadas una buena parte de las pymes mexicanas y que ha sido probado en países como Túnez, Marruecos, India, Egipto, Brasil, Perú y Uruguay.