Estados y municipios, comienza la tarea

Le había comentado de la serie de iniciativas, exhortos y propuestas en cámaras del Congreso de la Unión y que tienen por objeto promover la responsabilidad fiscal y financiera en el mercado de financiamiento subnacional, lo que incluye igual a quien toma el financiamiento que a quien lo otorga.

El que el PRD, el PAN y el PRI hayan presentado propuestas sobre el tema, así como el que ayer se erigiera la Cámara de Senadores y en concreto la Comisión de Hacienda que preside el priista veracruzano José Francisco Yunes, en la cámara de origen para concentrar y procesar las iniciativas, habla de la prioridad y de la claridad del diagnóstico.

La deuda subnacional ha crecido de manera importante (100 mil millones de pesos en diez años), pero los excesos se observan de manera puntual en 13 entidades y en 11 municipios, porque se han traducido en incumplimientos, baja en la calificación crediticia y altas comisiones y tasas de interés en proceso de reestructuración forzada en los que las participaciones federales del ramo general dadas en garantía del pago de la deuda se ha convertido en incentivo perverso del endeudamiento excesivo, irresponsabilidad bancaria en materia de otorgamiento de deuda y deterioro de la capacidad de los estados y municipios de cubrir los costos de sus servicios públicos.

En cuanto a las iniciativas, los matices cuentan. La iniciativa del PRD que encabeza el senador Armando Ríos Piter y la del PAN, que encabeza el senador Ernesto Cordero y el senador Carlos Mendoza Davis, también proponen reformas constitucionales (al 25 para que se incorpore como obligación del Estado garantizar y procurar la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero, muy al estilo G20), pero suponen facultar al Congreso para establecer topes rígidos al endeudamiento, mientras que la del PRI propone moderar el endeudamiento fomentando la disciplina financiera y el premio a los gobiernos locales responsables.

Las primeras suponen en grado de cesión de soberanía tal, que podría involucrar un rescate financiero de los emproblemados y un fuerte problema con los que han tenido comportamientos responsables.

Y mire, el diagnóstico puede hacer la diferencia. De las 32 entidades, incluyendo el DF, 13 son las que en los últimos seis años tuvieron un deterioro financiero sensible: Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Nayarit, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Chihuahua, Tamaulipas y Aguascalientes. Pero en zona crítica están las seis primeras. 

A nivel municipal, sólo diez por ciento de los ayuntamientos tiene acceso al crédito y entre 2012 y 2013, los que han incumplido en sus pagos son Benito Juárez y Othón P. Blanco en QR., Temixco y Cuernavaca en Morelos, Puerto Peñasco, Son., Zamora, Mich., Santa Catarina, N.L. (pero también están emproblemados Monterrey y Guadalupe), San Luis Potosí, SLP., Naucalpan, EM. y Acapulco, Gro.

Eso muestra que el sobreendeudamiento y el exceso están por el momento focalizado y se encuentra asociado a conductas de crecimiento acelerado del gasto corriente, porque en las entidades y municipios que le menciono, el promedio de aumento del crecimiento anual del gasto público fue de casi 7%, para cubrir servicios personales, materiales, servicios generales, etcétera.

Si la decisión es establecer topes máximos, habría poco incentivo para que el mercado también reaccione. Parte del exceso de deuda de las entidades se origina en la banca que, al tomar participaciones como garantía de pago, las considera riesgo soberano y no constituyen reservas, pese a que una entidad no cumpla con los indicadores mínimos de solvencia.

Del análisis somero, pareciera que la propuesta del PRI es más robusta, porque el límite de endeudamiento subnacional se establece sobre 75% del ingreso disponible, incluyendo participaciones generales e ingresos propios, introduce disciplina, pero no inhibe el financiamiento por contingencias ambientales o infraestructura y si un estado puede rebasar el límite con autorización de su Congreso ni él ni el banco podrán contratar deuda garantizada por el gobierno federal, sino deuda de mercado a los costos y con los riesgos que esto tiene para ambas partes, incluyendo el incumplimiento. No hay rescates porque a la disciplina política le emparejan la disciplina de mercado.

De Fondos a Fondo

No se sorprenda. La Cofemer, que dirige Virgilio Andrade, recibe en segundo proceso de consulta pública la Norma 163 de Eficiencia Vehicular en materia de combustibles, misma que fue aprobada por los integrantes de la Comarnat, incluyendo los representantes de la AMIA, que preside Eduardo Solís.

Aunque ya se retiraron los amparos y la luna de miel está a todo dar entre la industria automotriz y la administración de Peña, el proceso de transparencia para que los regulados de la NOM 163 conozcan ampliamente los ajustes que se le hicieron y puedan comentar sobre los mismos es fundamental para que nadie se diga sorprendido.

De hecho, el titular de Semarnat, Juan José Guerra, se reunió con los representantes de la industria hace dos semanas, pues está convencido de que así como se definieron parámetros nuevos muy estrictos para que no se importen vehículos a México que no puedan, a su vez, ser vendidos en el mercado estadunidense porque no cumplen con la norma de este país en materia de emisiones de CO2 o consumo de combustible fósil, también se tiene que avanzar en la eficiencia del resto del parque vehicular, no sólo en los nuevos modelos.

El compromiso del secretario Guerra coincide con el del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para fomentar un mercado automotriz sustentable, incluyendo que los autos que se internen al país desde EU dejen de ser chatarra y se asegure que pasen una verificación vehicular. Y eso incluirá camiones y tractocamiones. No lo dude.