Iniciativa para vomitar

Circula entre legisladores y los altos mandos del sector de las telecomunicaciones un documento de ocho cuartillas titulado Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que es un verdadero ridículo.

Por si fuera poco, se promueve como si fuera parte del Pacto por México, cuando parecería que se trata de ir en contra de los mexicanos. No se está consultando con la sociedad ni con los regulados, puesto que otra vez se trata de una imposición que pretende quitar más libertad y, contrariamente a lo que se piensa, está a favor de las prácticas monopólicas.

Lo más sencillo sería comenzar por hacer un detallado análisis de las faltas de ortografía, redacción y sintaxis que tiene este documento y que sería la vergüenza hasta para los maestros de la CNTE; sin embargo, el pretendido fondo es muchísimo peor. Lo malo es que con base en este panfleto, se dice que Pacto por México está trabajando en la iniciativa.

El fondo de este documento es desaparecer de un plumazo a la Cofetel y convertirla en un instituto dizque ciudadano, evidentemente corriendo a todos los comisionados y hasta en una de ésas también a la Comisión Reguladora de Energía (es difícil entender cómo viene al caso esta última comisión).

En la redacción del documento pretenden modificar el artículo 6 de la Constitución y según ellos “el derecho a la información será garantizado por el Estado, conforme a las bases siguientes:

“Toda persona tendrá libre acceso a información objetiva, plural, oportuna y véraz (sic) y es libre de buscar y recibir información e ideas de toda índole. El derecho a la información no podrá ser restringido por cualesquiera vías o medios, tales como el abuso de controles oficiales; limitación al acceso de los recursos publicitarios destinados a los municipios, los estados o la federación para la divulgación de sus planes o programas; acotación arbitraria del otorgamiento de concesiones para la utilización de frecuencias radioeléctricas; prohibiciones al uso de dispositivos para la difusión y recepción de información salvo los previstos por la Constitución, las leyes y las normas oficiales o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones.”.

Según ellos, el modo que tendría el Estado para cumplir este objetivo es con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Parrafada

Lo imaginan como “autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y su profesional en su desempeño (ni modo que fuera amateur) que se regirá por un consejo nacional que estará integrado por siete consejeros que durarán en su encargo nueve años, entre los que se elegirá al consejero presidente, cuyo encargo será por nueve años, sin posibilidad de reelección.

Para su nombramiento, el Senado o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad (sin explicar cómo), a propuesta de los grupos parlamentarios (cada partido tendrá su propio consejero)… los cuales deberán ser ratificados por el Presidente. Proponen el mismo esquema para la Comisión Federal de Competencia.

Los diez consejeros que actualmente ocupan la Cofetel y CFC fueron nombrados por gobiernos de Acción Nacional. El que se intente remover a todos no sólo muestra el poco oficio político del partido que hoy preside Gustavo Madero, sino un pésimo mensaje en todo sentido y muy poco práctico para el actual gobierno.

De entrada, los resentidos del PAN, quienes prefieren aliarse con la escoria del PRD porque así se los piden sus patrones, desprecian la posibilidad de tener órganos que en ningún caso deben su nombramiento al PRI. Vamos, ni Ernesto Gil Elorduy, que es el más priista de los comisionados de la CFC y la Cofetel.

Perder

Para la administración de Enrique Peña Nieto también se trata de un verdadero absurdo. Qué necesidad tendrían de mandar el mensaje de que cada que se legisla en telecomunicaciones se cambia a sus comisionados.

Más aún. En menos de año y medio el Presidente elegirá a cinco consejeros (tres de la CFC y dos de la Cofetel) en los cuales se incluyen quienes los encabezan.

Más allá, es difícil creer que ésta sea la iniciativa que está trabajando el PRI, puesto que están buscando un gobierno muchísimo más vertical, es decir, suena muy difícil creer que cederían en la creación de un instituto ciudadano y que fuera el Congreso de acuerdo con sus bancadas el que pusiera a los comisionados.

La intención del gobierno es exactamente la contraria. Peña Nieto tiene muy claro que la prioridad es tomar las riendas del gobierno y ceder lo menos posible cotos de regulación en figuras supuestamente de la sociedad que más bien corresponderían a los partidos políticos.

Otra de las funciones que le quieren dar a su mítico instituto es que “para garantizar a la población so (sic) integración a la sociedad de la información y economía del conocimiento, el Estado contará con una política nacional de conectividad digital universal, con metas anuales y quinquenales (a lo soviético) en términos de los parámetros que la ley establezca, que deberá ser ejecutada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante la inversión pública y privada”.

En un arranque de vaguedad mística señalan: “queda prohibida la concentración de insumos esenciales en una o pocas manos (¿cuántas son pocas?), que pongan en riesgo la competencia y la libre concurrencia. De ser necesario ordenará la separación del control del insumo esencial de los demás procesos productivos de una cadena de valor, bajo condiciones que aseguren el acceso equitativo a este (sic) por todos los participantes del mercado”.

Esta legislación está siendo empujada con gran fuerza por los mismos resentidos de siempre quienes se promueven como expertos en telecomunicaciones y además vinculados con la sociedad civil cuando, al final del día, están jugando a favor de un monopolio.

Atrás están Juan Molinar Horcasitas, Javier Corral, Purificación Carpinteyro y algunas otras personas que, en el más generoso de los comentarios, tienen hojas de vida de vergüenza y oprobio.

Cambios

Grupo Salinas anunció una serie de nombramientos en su estructura corporativa. Mario Gordillo, quien era consejero delegado de Grupo Elektra, asumirá la dirección general del grupo. La dirección de Banco Azteca será ocupada por Luis Niño de Rivera (¿recuerda cuando le informé que era imposible que contendiera por la presidencia de la ABM?). Su lugar como vicepresidente del consejo de administración de la institución de crédito será ocupado por Alejandro Vargas Durán, quien durante diez años se desempeñó como director de Normatividad del banco, luego de una larga carrera como supervisor del sistema financiero.