David Páramo

Análisis superior

David Páramo

21 Feb, 2013

Iniciativa para vomitar (II)

Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, describió perfectamente lo que está sucediendo con la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones cuando aseguró:

“Sí es una reforma constitucional, la presentaremos la próxima semana… No he leído un solo renglón de la propuesta, pero vamos a ejercer en plenitud nuestras facultades para legislar y la primera regla no es hacerlo al vapor”.

El legislador se contradice. Si la van a presentar la semana que viene, cómo es posible que no la conozcan y, peor aún, que no se esté consultando a los regulados y mucho menos a la sociedad (aunque algunos legisladores se crean los depositarios divinos de la sociedad) a través de las cámaras y asociaciones de la industria.

Ni Barbosa ni nadie conoce una iniciativa, puesto que sólo han circulado versiones inacabadas. Sobre la que dábamos cuenta en la columna de ayer es la que parece ser la más difundida, pero no es la única. Tristemente todas contienen una gran cantidad de barbaridades.

Una de las que también está circulando propone que las radios comunitarias (que no son otra cosa que radios ilegales) y los permisionarios puedan comercializar como si se tratara de concesionarios.

Se trata, en el menos grave de los casos, de dar carta de legalidad a radios que han surgido de grupos políticos, que operan sin concesión y ahora hay legisladores que con un populismo electorero barato pretenden que ahora también puedan comercializarse en una competencia ilegal en contra de las empresas debidamente constituidas que operan en el país.

Partidizar

En las iniciativas que circulan, una peor que la otra, hay varias constantes:

Primera. Pretenden quitar al gobierno el poder sobre las comisiones de Telecomunicaciones y Competencia para crear institutos “ciudadanos” que más bien serían tajada y tajada de los partidos políticos.

Independientemente de lo impráctico que sería crear un instituto o remover a los comisionados de la CFC y la Cofetel, que restaría autonomía y seriedad a los comisionados, va en contra de las normas planteadas por la UIT y la OCDE, lo que mandaría una pésima señal para uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en la economía nacional.

Cobros

Segunda. Intentan cobrar facturas supuestas sobre las empresas de televisión abierta, a las que buscan sujetar siguiendo el curso de sus fantasmas  y omiten temas fundamentales como es la posibilidad de que entren nuevos competidores.

Es claro que individuos como Juan Molinar o Javier Corral van en contra de su propio partido tratando de cobrar facturas de las cuales sólo ellos son los responsables.

Sin embargo, uno de los temas que no puede ni debe hacerse a un lado es que de mantenerse esta posición totalitaria no sólo podría darse un fuerte rompimiento en Acción Nacional, sino en el Pacto por México.

En el instituto político es claro que Gustavo Madero sigue este juego que, por momentos, parece venganza en contra de Felipe Calderón y sus seguidores. De entrada, habrá que esperar que los grupos de legisladores en torno a Ernesto Cordero, Javier Lozano no irían con ninguna iniciativa de las que se han filtrado.

Por otra parte, la iniciativa privada que ha sido especialmente solidaria con el Pacto por México comienza a sentirse muy incómoda porque primero fueron los cambios a la Ley de Amparo y ahora la forma, en lo oscurito, que se está llevando a cabo esta negociación.

Piratería

Claramente las ven como abominaciones que van en contra de la competencia. Existe la intención de algunos de asignar al Estado algunas de las frecuencias que se deben subastar para crear una cadena de televisión del Estado.

Lo peor es que quienes están atrás de esta medida son los mismos que proponen una mayor competencia, como la que es indispensable, en la televisión abierta.

Pretenden, escondiéndose en redacciones difusas, que quieren tener una red de radio y televisión que compita con las empresas privadas para, según su torcida visión, ellos sí informar verazmente y, además, lo tratan de garantizar bajo un esquema de la sociedad a través de los partidos políticos.

Sería inaceptable que el gobierno no subastara las 153 frecuencias y prefiriera hacer una cadena de televisión del Estado, lo cual parece sacado del manual de Luis Echeverría.

Televisión

Tercera. Se concentran básicamente en temas que tienen que ver con la televisión y la posibilidad de controlar al monstruo de dos cabezas o, lo más grave, impedir que entren nuevos competidores.

Soslayan cualquier medida que cambie la situación en materia de telefonía donde la concentración, evidentemente, es mucho mayor que en la televisión e incluso mucho más peligrosa.

La CFC ha interpuesto multas por prácticas monopólicas que no han tenido ninguna implicación en el terreno de los hechos, las prácticas se mantienen.

Si realmente se quisiera tener un suelo parejo para la competencia, que ha sido el tambor de fondo quizá deberían estar considerando medidas como las que se ordenaron en Estados Unidos en la década de los setenta con ATT. Estas medidas demostraron una clara eficiencia a favor de los consumidores.

Curiosamente este proceso, que llevó cerca de una década, ha influido en prácticamente todos los procesos de apertura en el mundo menos en México, a pesar de sus ventajas evidentes para la sociedad.

El riesgo de seguir creyendo en supuestos iluminados, quienes siguen agendas vomitivas, y no entrar en un proceso serio de negociación de cara a contar con el sector de telecomunicaciones que el país merece no sólo podría dañar a este sector, sino ir en contra del propio Pacto por México.

Estos iluminados y sus voceros oficiosos, que se disfrazan de legisladores o expertos en telecomunicaciones, hablan de fuertes presiones por parte de las televisoras y que quieren doblar al PRI.

Independientemente de que estos grupos, tratando de embozarse, también realizan presiones, van en contra de cualquier espíritu democrático cuando pretenden que algún sector de la economía tenga que callarse y no impedir lo que ellos pretenden.

En una democracia, tal y como lo marca la ley, todos los interesados deben opinar para construir decisiones a favor de la mayoría de los mexicanos no de tomar tajadas de poder y negocio.