Ley de telecomunicaciones sin consenso

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero.- La intención de una reforma integral en materia de telecomunicaciones, en la que se busque crear un sistema nacional de televisión del Estado no debe interferir con la prometida licitación de nuevas alternativas de TV digital abierta  ni mermar el espectro radioeléctrico disponible para ese objetivo, coincidieron legisladores y expertos del sector.

En plena cuenta regresiva para que llegue al Congreso de la Unión el proyecto para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), diversos actores vinculados al tema rechazaron la posibilidad de que se obligue a las empresas de señal abierta a ofrecer el must carry–must offer de manera gratuita, ya que, de lo contrario, las  nuevas cadenas comerciales nacerían en desventaja.

El must carry-must offer es definido por la Comisión  Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) como el derecho de las cadenas de televisión abierta para otorgar un paquete de  contenidos que incluye sus señales a todos los concesionarios de  televisión restringida que así lo soliciten, y a una tarifa uniforme por cada suscriptor.

Versiones

De acuerdo con versiones filtradas a diversos medios, la iniciativa de reforma que presentará el Consejo Rector del Pacto por México prevé la desaparición de la Cofetel, crear el sistema Nacional de Radio y Televisión, que sería operado por el Estado y hacer obligatorio el must carry-must offer.

El nuevo regulador sería independiente en sus funciones y decisiones, estaría integrado por un Consejo Nacional, con siete integrantes que serían nombrados por el Senado o en su defecto la Comisión Permanente.

Riesgo de caer en inconstitucionalidad

Los entrevistados observaron que la creación de un instituto ciudadano autónomo que sustituya a la Cofetel conlleva el riesgo de caer en la inconstitucionalidad.

Las fuentes insistieron en que “el centro de cualquier reforma en materia de telecomunicaciones debe ser el consumidor”.

Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, manifestó su rechazo a la creación de un instituto que sustituya a la Cofetel.

Lozano, quien alguna vez presidió la Cofetel, órgano regulador del sector, consideró que, en realidad, lo que requiere el país es el fortalecimiento de ese organismo, para lo que, insistió, es necesario terminar con la doble ventanilla entre éste y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como con la duplicación de trámites y funciones que ocurre con la Comisión Federal de Competencia (CFC), que es la entidad antimonopolios del estado.

Lozano, quien fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, destacó que el órgano regulador debe ser dotado de facultades en materia de telecomunicaciones, además de las que ya tiene en materia de radio y televisión.

Sin consensos

En entrevista aparte, el senador del Partido Verde, Gerardo Flores consideró que “no existe proyecto de reforma consensuado” como para asegurar que será aceptado por la sociedad, por lo que cualquiera que sea el proyecto no hay duda que se espera un intenso debate.

Flores coincidió con Lozano en que el centro de la reforma debe ser  el consumidor.

Además estuvo de acuerdo con el Instituto del Derecho de la Telecomunicaciones (IDET) en que la creación de un instituto ciudadano autónomo puede caminar hacia la inconstitucionalidad, con las respectivas acciones que impedirían que opere plenamente la reforma propuesta.

Agregó que “no existe antecedente internacional” respecto de un instituto ciudadano autónomo en materia de telecomunicaciones,  por lo que sería “un grave error” su creación.

Advirtió que de ser ciertas las versiones al respecto, la intención sería crear un organismo obeso, con mayor burocracia, por el número de consejeros, cada uno con una estructura de apoyo propia,  además de que el gran riesgo es que se genere un gran botín para los partidos políticos, restando facultades al Ejecutivo.

Flores consideró que en materia de televisión debe haber pluralidad, pero agregó que la creación de un sistema del Estado simplemente sería dar continuidad a la política de la administración pasada, misma que se refleja en la creación del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA).

En tal sentido, puso en duda la disponibilidad de espectro radioeléctrico para ese objetivo y destacó que una lternativa estatal no debe mermar los recursos prometidos para dos alternativas comerciales de televisión digital abierta, lo que está incluido en el Pacto por México.

Efectos

1.- La falta de consenso entre los actores involucrados en el sector originará una intensa discusión en el Congreso de la Unión.

2.- De ser aprobada la creación de un instituto ciudadano que funja como regulador, se estaría en riesgo de inconstitucionalidad.

3.- No hacer una reforma integral en materia de telecomunicaciones restaría competitividad a un sector que crece a dos dígitos.