Los retos de la reforma de telecomunicaciones

La reforma de telecomunicaciones que se presentó ayer vía el Pacto por México es sin lugar a dudas una excelente noticia, porque en la medida en que se generen mayores condiciones de competencia, tendremos acceso a mejores servicios y a un menor costo.

Hay sin embargo, ya varios obstáculos que vencer antes de que se concreten estos beneficios. En primer lugar están los retos jurídicos, ya que por tratarse de cambios en la Constitución se requiere que se aprueben primero por la mayoría de los congresos estatales y después por el Senado y la Cámara de Diputados.

Ya se demostró, en el caso de la reforma educativa, que se logró promulgar en dos meses, pero faltan 48 días para que concluya el periodo ordinario y se atraviesa Semana Santa. Se ve así difícil que se logre cambiar la Constitución y aprobar la reforma antes de finales de abril, aunque no se descarta convocar a un periodo extraordinario porque las prioridades en septiembre cuando inicie el próximo ordinario serán las reformas energética y fiscal.

Si bien se plantea la creación de tribunales especializados, que es una muy buena noticia, un problema es el enjambre de litigios que prevalecen en el sistema y que están en curso, y baste citar como ejemplo los amparos de Telmex en contra de la compactación de aéreas de servicio local, tema que pese su importancia no se aborda en la reforma.

Otro reto importante son las licitaciones de las dos cadenas de TV abierta. Las bases deberán publicarse antes de 120 días, pero el inicio de operaciones estará ligado al apagón de la tv analógica programado para diciembre de 2015 y aún no hay certeza sobre el avance del proceso en Tijuana que es la ciudad piloto para el apagón.

Regulación asimétrica y apertura de redes

Para muchos, lo más relevante de la reforma de telecomunicaciones son las dos nuevas cadenas de TV, junto con la obligación a Televisa y TV Azteca del must offer, ofrecer sus  contenidos gratuitamente.

Sin embargo, en materia económica los principales cambios son en el sector de telefonía porque se obligará a Telmex y a Telcel a abrir sus redes y a aceptar regulación asimétrica, lo que implica que tendrán que ofrecer a sus competidores las mismas tarifas que hoy ofrecen a sus clientes, de abrir la llamada última milla y de no poner ninguna traba la interconexión.

Y se dice fácil, pero el mercado de telecomunicaciones, que incluye el acceso a banda ancha e internet, supera los 30 mil millones de dólares, mientras que el de televisión abierta es de tres mil millones de dólares y hay una tendencia a la baja en la participación de TV abierta a escala mundial, ante el cada vez mayor uso de nuevas tecnologías.

Las acciones más castigadas por el mercado fueron las de América Móvil, que bajaron 2.31%, mientras que las de Televisa disminuyeron en 0.67%, porque si bien se verá afectada por el must offer y la mayor competencia se beneficiará con la apertura en telefonía, y de hecho ya anunció hace un par de semanas que invertirá mil millones de dólares en el sector y en el desarrollo de la red de Iusacell y los servicios de cuádruple play, mientras que sólo se abrirá el título de concesión de Telmex para que pueda ofrecer televisión cuando se desista de todos sus litigios y cumpla con los acuerdos de convergencia.

Mayor inversión extranjera

Otra buena noticia es la apertura a la inversión extranjera hasta el 100% en telefonía fija –hoy sólo se permite en móvil– y hasta 49% en radiodifusión.

Entre las novias atractivas están las telefónicas como Axtel y Maxcom que ayer subieron en la BMV, porque mejoran sus expectativas de ingresos con la regulación asimétrica.

Integración del IFT y nueva CFC

Otro reto mayúsculo es el nombramiento de los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sustituirá a la Cofetel y de la fortalecida Comisión Federal de Competencia.

Para evitar la politización se creará un Comité de Evaluación en el que participarán los titulares del Banco de México, del INEGI y del nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que ni siquiera se ha creado. La interrogante es qué saben de telecomunicaciones –con todo respeto– Agustín Carstens, gobernador de Banxico y Eduardo Sojo, titular del INEGI.

El Comité de Evaluación emitirá la convocatoria pública y realizará un examen de conocimientos, pero para cada vacante enviarán al Presidente de la República una lista de entre tres y cinco aspirantes.

Finalmente, será el presidente Peña Nieto quien elija a los 14 que deberán ser ratificados por dos terceras partes del Senado y si es rechazado, el Presidente tendrá que enviar otra propuesta hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité, que designará ya directamente el Presidente.