Es necesario ser muy precisos. Aun cuando no se hiciera ningún cambio a la iniciativa de reforma constitucional a las telecomunicaciones es mejor a lo que se tiene hoy; sin embargo, se encuentra bastante lejos de un punto óptimo, puesto que tiene una gran cantidad de afirmaciones demagógicas, poco claras o que, en el menos malo de los casos, generarían graves confusiones.

Se lee muy bien que se garantizará constitucionalmente el acceso “libre” a la banda ancha. ¿Qué quisieron decir los integrantes del Pacto por México?

La primera alternativa sería considerar que confundieron “libre” con “gratuito” que no es lo mismo.

Si quisieron decir “libre” entonces no se tiene que hacer ningún cambio constitucional puesto que hasta donde hay evidencias las empresas y algunos gobiernos no hacen ninguna discriminación para el uso de la banda ancha. No está prohibido por género, raza o condición social. Cualquier mexicano o extranjero puede tener acceso siempre y cuando lo pague.

En el caso de los dos monopolios del Estado (Pemex y CFE) existe el derecho para el ciudadano a cambio de la obligación de que pague por el servicio. Algo similar ocurre con el agua o los alimentos.

Si los integrantes del Pacto por México y los legisladores están confundiendo “libre” con “gratuito” más valdría que hicieran la precisión no sólo en la iniciativa sino de concepto, puesto que implicaría muchos miles de millones de dólares para el gobierno.

Bien vale la pena preguntarse si están considerando expropiar los activos de quienes hoy dan servicios de banda ancha o si cuando entre en vigor la reforma constitucional tendrán que dejar de cobrar. En ese escenario se tiene que preguntar si los mexicanos podrían pedir devoluciones a quienes fueron sus proveedores de este servicio.

Amparos

El miedo a los amparos por parte de los poderes fácticos, el monopolio, el monstruo de dos cabezas, los de siempre o cualquier otro epíteto que se le haya querido colgar a los miedos que existen mucho más en la imaginación de los iluminados del rencor que en la realidad, hace que se estén poniendo en la Constitución asuntos que, a la larga, generarán más problemas.

La experiencia demuestra una y otra vez que los cambios tecnológicos van mucho más rápido que la regulación. Así, en este momento nadie puede saber cuál es el valor de bandas como la de 2.5 o 700. Hace unos años ambas parecía que habían perdido prácticamente todo su valor; sin embargo, en los últimos años se han convertido en un bien sumamente preciado.

El legislador bien haría en preguntarse qué pasaría si estas bandas cambian de valor, puesto que se tendría que modificar nuevamente la Constitución.

Litigiosidad

La elevada litigiosidad en el sector de las telecomunicaciones no se debe a la perversidad de los empresarios que en ella participan o a una táctica altamente difundida para frenar el desarrollo del sector. Si se piensa, la falta de desarrollo va en contra de sus intereses económicos.

Tampoco para impedir la competencia, puesto que todas las empresas se benefician a la larga de sectores competitivos. Bastaría tomar como un ejemplo sumamente cercano a la banca mexicana que, en la medida en que tiene una mayor competencia no sólo ha beneficiado a los usuarios sino también los ingresos de la inmensa mayoría de los participantes.

La gran cantidad de procesos legales tienen que ver con la gran indefinición con la que operó desde el día de su creación la Cofetel con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cuales empeoraron durante la administración de Felipe Calderón con personajes nefastos como Héctor Osuna y, especialmente, Mony Sacha de Swaan.

No se requieren tantos cambios constitucionales y ni siquiera la creación del IFT (como muy seguramente será) simplemente establecer reglas claras para hacer el campo parejo y con autoridades que, en lugar de exóticas declaraciones y extrañas posiciones personales, cumplan efectivamente con su función.

Exótico

El raro presidente de la Cofetel, Mony Sacha de Swaan, trae una fiebre de declaraciones con las que busca mantenerse en la opinión pública como una persona a la que le interesa el sector o tratar de convertirse en experto exprés para ver si por la vía de la saliva ahora sí cumple con los requisitos que marca la actual ley y las reformas planteadas en la iniciativa.

Su más reciente ocurrencia es decir, en contra de la opinión de muchos entre los que se cuenta la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, que “le hubiera gustado una cláusula sobre la inversión extranjera sin ningún tipo de candados ni en telecomunicaciones ni en radiodifusión, pues cualquiera que en el camino pretenda incluirse tendrá como objetivo la defensa de los intereses de los particulares”.

Es de pena que un funcionario del gobierno mexicano suponga que los regulados en su sector no defiendan los intereses de los particulares. Mony Sacha está tan preocupado de lo que hará en el futuro, podría ser escudero de Juan Molinar Horcasitas ya que al final del día siempre ha sido su patrón.

Aeropuerto

Desde hace algunas semanas le informamos en esta columna que el gobierno de Enrique Peña Nieto está por anunciar la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en el Valle de México, puesto que el AICM ha llegado a un grado muy grave de obsolescencia e incapacidad para expandirse.

Básicamente hay dos alternativas. La primera de ellas es ampliar el aeropuerto hacia Texcoco. Esta alternativa no es la más eficiente considerando el impacto ecológico.

La segunda de las posibilidades, que se ve como la más seria, es construir el aeropuerto en Tizayuca. El gobierno de Hidalgo, encabezado por Francisco Olvera, es propietario de los terrenos donde se construiría el aeropuerto y daría la posibilidad de un desarrollo en esa zona del Valle de México.