La delgada línea

Hay una muy delgada línea entre promover el crédito y generar las bases para una crisis en el mediano plazo.

Suena muy atractivo, especialmente para los políticos que están en el gobierno, decir que los bancos no están dando créditos suficientes, que se encuentran en una zona de confort donde ganan mucho dinero haciendo lo mínimo y otra serie de lugares comunes que no son necesariamente ciertos.

Es cierto que la banca de desarrollo requiere una remodelación integral como la que está encabezando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, puesto que durante los gobiernos emanados de Acción Nacional estas instituciones se perdieron en la obsesión de tener balances sanos y correr la menor cantidad de riesgos posibles.

Operaron como instituciones sumamente sanas que no asumían ninguna clase de riesgos con la intención de no revivir los graves errores del pasado que, a principios de la década pasada, era muy reciente en la banca de desarrollo. Las historias de terror en torno a las instituciones de fomento en las décadas de los ochenta y noventa son francamente escandalosas.

Es loable lo que está haciendo la actual administración de cambiar los esquemas de garantía que da la banca de desarrollo a las instituciones comerciales, pues permitirá que los recursos alcancen para muchos más proyectos.

Sin embargo, hay una muy delgada línea con anunciar una serie de reformas al sector financiero en las cuales, supuestamente, el objetivo del gobierno federal es que los bancos presten más.

Prestar más no necesariamente es lo correcto. Cuando se da un crédito la primera preocupación es cómo se recuperará. Quien no sigue estas reglas es quien, mucho más temprano que tarde, tiene problemas de cartera vencida que, si son sistémicos, derivan en una caída de la economía y en rescates como los que hoy frenan una buena parte de las economías de la Unión Europea y el propio Estados Unidos.

Creer que un gobierno, sea cual sea, tiene más talento para decidir cómo deben otorgarse los créditos es un grave error de soberbia que puede derivar, sin lugar a ninguna duda, en una crisis de mayores proporciones.

La banca en México ha demostrado un gran compromiso con México y el desarrollo del negocio. Recientemente se han visto capitalizaciones monumentales como la de HSBC que llevó a la institución que dirige Luis Peña a cumplir sobradamente las normas de Basilea III o el anuncio que hizo hace algunos días BBVA Bancomer de que invertirá tres mil 500 millones de dólares en los siguientes tres años.

No se puede decir que un sector, que está aumentando en número de participantes, y que éstos compiten fieramente en prácticamente todas las ramas, se encuentra en una zona de confort o que se podrían hacer las cosas de una manera diferente en la cual, reiteramos, se puede correr el riesgo de estimular la colocación irresponsable de crédito que, siempre, deriva en problemas de cartera vencida.

¿Rapidez?

Hay dos versiones claramente contrarias sobre la discusión de las reformas a las leyes de telecomunicaciones. Por un lado, está la posición del gobierno federal a través del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y de un sector de Acción Nacional, representado por tipos como Juan Molinar Horcasitas, según la cual la discusión ya se dio totalmente y que sólo faltaría que el Senado de la República ratifique lo aprobado por los diputados antes de la Semana Santa.

Sin embargo, hay otra posición que tiene mucho más que ver con el deseo de tener una buena legislación en la cual no sólo se atemperen ánimos melodramáticos de algunos que llevan a la Constitución temas que, cuando mucho, serían de reglamentaciones secundarias y errores monumentales como la intención de crear un Instituto Federal de las Telecomunicaciones que sería un verdadero monstruo puesto que sería un poder sin contrapesos y ni siquiera órganos de control.

Los senadores del PRD han tenido una posición sumamente curiosa. Su líder, Miguel Barbosa primero dijo que aprobarían casi sin discutir aquello que no conocían y ahora asegura que le regresarán la minuta a los diputados con muy importantes modificaciones.

Sin embargo, no son los únicos. Diversos sectores de la iniciativa privada han expresado sus reservas. No sólo ha sido la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, presidida por Tristán Canales, sino también el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, encabezado por Claudio X. González, y algunas otras cúpulas que tienen preocupaciones puntuales y que, evidentemente, no han sido atendidas.

Habrá quienes, como el diputado Manlio Fabio Beltrones, digan que el asunto está sobrediagnosticado y que no se requieren más voces.

Sin embargo, el documento ya aprobado por los diputados no es la versión más extendida ni la mejor de todas las que se han dado. Hay voces que exigen ser escuchadas como la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegio de Abogados que realizará el 8 de abril un foro en el cual sus representantes y de la autoridad establecerán sus posiciones.

Tiene razón Javier Lozano cuando establece que se requieren foros en los que se analicen los alcances de lo ya aprobado por los diputados; sin embargo, hay una corriente de políticos quienes creen que o se aprueba esta iniciativa en los términos que lo hicieron los diputados o la tragedia: hablan del rompimiento del Pacto por México (que sólo mostraría la gran fragilidad que tendría si esto fuera cierto y el chantaje al que han recurrido tipos como Gustavo Madero) y de que no habría otra ley en los siguientes 20 años.

Tomando como ciertas estas afirmaciones, pues bien valdría la pena hacer las preguntas de otra manera. ¿Tenemos que conformarnos con lo aprobado por los diputados? ¿La capacidad de los políticos es tan baja que sólo pueden hacer esto y si el tiempo corre sólo se descompondrán?

Nadie, absolutamente nadie, quiere seguir en el esquema actual que ha demostrado en reiteradas ocasiones sus graves debilidades; sin embargo, no es excesivo pedir que se hagan las cosas bien.