Políticamente correcto

Algunas veces vale la pena recordar los fundamentos. ¿A qué se dedican los legisladores? Parecería una pregunta propia para niños de primaria; sin embargo, lo que ha pasado con la iniciativa de reforma constitucional a las telecomunicaciones plantea, sin lugar a dudas, la necesidad de que algunos recuerden a qué se dedica el Poder Legislativo.

Hay una muy fuerte ofensiva en contra de los senadores que pretenden modificar la minuta aprobada por los diputados en la materia. Los señalamientos van desde que trabajan para los poderes fácticos (cualquier cosa que eso sea) hasta que son una suerte de traidores a la patria.

El trabajo de los legisladores es hacer leyes. El hacer filas para avalar una iniciativa que no han leído en un afán de ser políticamente correctos es más propio de un país poco desarrollado como Venezuela que de una democracia fuerte. Debería dar vergüenza haber regresado al tiempo de los diputados levantadedos.

La justificación que dan es que el documento provenía del Pacto por México como si un acuerdo político fuera superior a las instituciones del Estado o que las burocracias de los partidos fueran más inteligentes, expertas y mejores negociadores que los 500 diputados y 128 senadores.

Si damos por cierta esta afirmación, pues entonces habría que prescindir del Legislativo, ya que no sólo sería más barato sino también más eficiente, pues se daría razón a quienes creen que el interés partidista está por encima de los intereses de los mexicanos. Dando por verdadero este hecho, pues los miembros de los partidos políticos deberían ofrecer disculpas a los mexicanos.

Es imposible creer que un documento elaborado por un pequeño grupo en el que están sobre la mesa otros intereses y sin consultar a los directamente afectados como son las empresas del sector y los usuarios sea perfecto. No existe ningún texto que no pueda mejorarse y, en una democracia, eso sucede con la participación de todos.

Fundamentos

Es necesaria otra precisión en lo fundamental: nadie gana nada si no hay una reforma a las telecomunicaciones, puesto que el terreno no es parejo. A pesar de la dinámica del sector, el país va muy por debajo de naciones con igual o menor grado de desarrollo por la falta de un buen acuerdo institucional.

Sin embargo, pensar que o se trata de esta iniciativa o nada es cometer un error al estilo Vicente Fox, de creer que a las iniciativas enviadas por un iluminado (en su caso era él) no deben ser cambiadas ni en un punto ni una coma.

Es necesario escuchar la voz de aquellos quienes hoy no son políticamente correctos.

En la iniciativa hay errores de técnica legislativa y omisiones que pueden generar problemas verdaderamente graves. ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, de poner en la Constitución la obligación de licitar dos cadenas de televisión 180 días después de que se cree el IFT? ¿Existe una certeza de que ése sea el mejor modelo? Podría ser una o tres.

No olvide que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que por ley es un órgano de consulta del gobierno mexicano, ha solicitado que sea una nacional y otra regional. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no hay interesados en esta licitación en el plazo fijado por la Constitución? ¿Quién sería el responsable de violar la Carta Magna?

Es difícil comprender a cambio de qué el gobierno está desmantelando la rectoría sobre un sector de la economía. ¿Qué tienen las telecomunicaciones y la competencia que no tengan otros sectores de la economía como para requerir un órgano autónomo constitucionalmente?

Sólo puntualizaremos las contradicciones que hay en la ley sobre la autonomía que a su vez pide opiniones, no vinculantes del Ejecutivo o adecuarse al Plan Nacional de Desarrollo. Se trata de una autonomía selectiva en el menos malo de los casos.

Bajo este principio se deberían generar órganos autónomos que regulen sectores como aviación, transporte terrestre, seguros, finanzas, bancos, energía… Vamos, desmantelemos al Estado y que gobiernen autonomías que no rendirían cuentas a nadie.

Desaparecer a la Cofetel para dar paso al IFT es entregar a cambio de nada una herramienta fundamental que tiene que ver con seguridad nacional, educación, democracia como son los medios de comunicación.

¿Realmente cree que eso le garantizará el apoyo del PRD en reformas como la hacendaria o energética? Sólo habrá que esperar a que llegue esta discusión que, sin duda, será el final del Pacto por México. ¿Cuál sería el argumento del gobierno para negar que se diera autonomía constitucional al Servicio de Administración Tributaria si se hizo con las telecomunicaciones? En una de esas dentro de la reforma hacendaria se les pediría lo mismo.

El riesgo para el gobierno es que si mantiene abierta la puerta no sólo le pedirán otras autonomías, sino que evitaría cualquier participación del gobierno en el sector.

Indefiniciones

Se puede hacer un catálogo verdaderamente grande de fallas en la técnica y omisiones en la iniciativa que deben ser corregidas por los legisladores. Por ejemplo, en la iniciativa no se habla de quién llevará las relaciones del sector de las telecomunicaciones con los gobiernos extranjeros. Hasta hoy lo hacen las secretarias de Comunicaciones y Relaciones Exteriores. En la iniciativa aprobada por los diputados no se menciona el tema.

Los 17 artículos transitorios aprobados por los diputados como cambios a la Constitución van mucho más allá de ésta o una serie de leyes sino que en no pocos casos parecen una Norma Oficial Mexicana.

Deseo

Es necesario mover a México en el sentido correcto. La iniciativa ya aprobada por los diputados tiene buenas intenciones; sin embargo, no se deben olvidar las consejas populares como que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones o que el diablo está en los detalles.

Lejos de cuestionar a los senadores que están haciendo su trabajo, lo que se tendría que exigir es que mejoren lo aprobado por los diputados. Esto comienza oyendo todas las voces y trabajando en comisiones.