Políticamente correctos (II)

Seguramente usted no tiene que esforzarse mucho para recordar aquellos tiempos en los cuales los legisladores eran unos simple levanta dedos, quienes se peleaban por ser los más arrastrados con las iniciativas del gobierno en turno.

Desde 1997 los mexicanos, a través del voto, han mandado un mensaje claro a los partidos políticos: pónganse de acuerdo y cumplan con su función de legislar. Desde hace más de 15 años los votantes no han querido que el partido que tiene el control del Ejecutivo también maneje al Congreso de la Unión.

Ahí están las elecciones federales de cada tres años que demuestran este mensaje que, según parece, no ha sido comprendido por los partidos políticos.

Hoy vuelve la tentación de tener legisladores levanta dedos, simples comparsas que no cumplen con su trabajo sino que, en esta versión, se transforman en títeres de las burocracias de los partidos políticos y no cumplen con el mandato que recibieron, muchos de ellos directamente del pueblo o por la vía de representación proporcional.

Si es grave que diputados hayan hecho fila para firmar una iniciativa que no conocían resulta mucho más grave que haya quienes cuestionen al Senado de la República por enviar esta iniciativa a cuatro comisiones, más otras dos que también darán su opinión.

Se señala a los senadores como si fueran una suerte de traidores a la patria, quienes no quisieran mover a México y quién sabe cuántas cosas más.

Supongamos sin conceder que la iniciativa realizada por el Pacto por México fuera perfecta (lo cual es imposible y peor aún considerando que participaron verdaderos loquitos como Juan Molinar, Santiago Creel, Javier Corral), pues habría que dejar que los legisladores pudieran constatar este milagro legislativo.

Más allá, en aras de impulsar los temas fundamentales del país brincar el debido proceso es estar de acuerdo con montajes como el que se hizo en el caso de Florence Cassez o creer que se puede violar la ley si el fin es bueno.

Esta iniciativa está muy lejos de ser perfecta y, como hemos señalado desde el primer momento, debe ser corregida por los legisladores, puesto que plantea algunas barbaridades como las calificó atinadamente Javier Lozano.

Al presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado se le acusa de querer frenar la ley, cuando se olvida qué tan de acuerdo está con la necesidad de reformas que presentó una iniciativa avalada por prácticamente toda la bancada de Acción Nacional. Sólo dos iluminados no la apoyaron.

Hechos

Más allá de perderse en discusiones es indispensable que se debatan algunos hechos concretos que trae la iniciativa que, sin lugar a dudas, tienen potencial de generar mayores problemas de los que se pretenden evitar.

Primero. Es necesario revisar el acuerdo institucional. En la iniciativa se plantea una dizque autonomía de un nuevo instituto al que llaman Ifetel (lo que es un error, porque así se conoce a la línea telefónica del IFE), pero se pretende acotar.

O se da autonomía total o se avanza por el camino correcto, es decir, fortalecer a la actual Cofetel como un órgano del gobierno mexicano. No se puede pensar en un país que se administre a través de órganos autónomos.

¿Realmente el gobierno de Enrique Peña está dispuesto a hacer autónomos otros órganos reguladores del gobierno? Es difícil explicar cuál es la diferencia entre la competencia económica o las telecomunicaciones, con el cobro de impuestos, banca, seguros, energía o cualquier otro sector de la economía.

La idea de hacer un órgano autónomo en la Cofetel es una mala copia de una idea que fracasó en Colombia en la década de los noventa. En todo el mundo las telecomunicaciones son reguladas por un órgano que, según el caso, depende del Ejecutivo o del Congreso. La idea es un refrito de la llamada Ley Corral que no tenía ni pies ni cabeza.

Tercero. La intención de llevar a la Constitución temas que son propios de leyes secundarias tiene que ver con limitar la posibilidad de obtener suspensiones en juicios de amparo, lo cual genera un grave riesgo de decisiones autoritarias que serían tomadas por un organismo, IFT, que como está diseñado no rinde cuentas a nadie y estaría encabezado por una suerte de santones que, ingenuamente, se cree que no podrían ser capturados. Los candados, paradójicamente, los hacen vulnerables a este tipo de prácticas que se tratan de evitar.

Cuarto. Se deben corregir la redacción en materia de inversión extranjera, puesto que en una parte del dictamen se habla de reglas de inversión por tipo de medio de telecomunicaciones y, por la otra, se dice que se dará una sola concesión. ¿Cuál sería el régimen de inversión extranjera aplicable?

Fracaso

Quinto. Sacar de la Constitución temas como el apagón analógico. ¿Qué pasa si, como ya ocurrió, la autoridad incumple con el plazo? La Cofetel fracasó en el programa piloto en Tijuana y ayer mismo oficialmente cambió la fecha.

Sexto. Es inaceptable que en la Constitución se diga cómo se tienen que licitar dos cadenas de televisión. Como hemos sostenido en esta columna, ¿quién decidió o bajo qué criterios el número correcto es un par?

Las alternativas son innumerables. La CIRT propone, por ejemplo, que una sea nacional y la otra regional. Otros han pedido que sea una sola cadena para tener más peso específico con las dos existentes. También están aquellos quienes aseguran que se debe hacer una cadena de televisiones estatales.

Séptimo. Ayer mismo el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, tuvo que salir a hacer precisiones ante los legisladores de izquierda, puesto que se ha generado una gran confusión por la mala redacción.

Hablan de acceso constitucional libre a la banda ancha, es decir, al internet. En esta columna hemos señalado desde hace varias semanas que confundieron libre con gratis o, por lo menos, no tuvieron el talento suficiente para explicarlo. Este punto debe ser aclarado en la redacción de la iniciativa.

Se está perdiendo el tiempo en hablar de presiones y contrapresiones cuando, en realidad, se deberían concentrar en los temas importantes. Esa es la función de los legisladores, no complacer a las burocracias de sus partidos.