Una mala semana

Aeroméxico está teniendo una semana francamente complicada en cuanto a su imagen.

Pasajeros prepotentes, quienes creen que una cierta notoriedad pública les da permiso para violar las reglas no de la línea aérea, sino de la aviación, el inicio de un conflicto de naturaleza económica con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y el incidente de ayer con una de sus aeronaves en Madrid.

Los dos últimos asuntos, que son relevantes desde cualquier punto de vista, podrían confluir para aumentar la tensión durante todo este mes y una buena parte del próximo, puesto que el incidente, a no dudar, sería usado para tratar de dañar a la empresa en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones.

De hecho, no sería difícil que comiencen a filtrar versiones de fallas de procedimiento en los manifiestos de carga, de la operación y el balance, así como la disposición de la carga.

La disputa entre la línea aérea que dirige Andrés Conesa y el sindicato de sobrecargos comandado por Ricardo del Valle tiene su origen en la revisión del contrato colectivo, en el cual la empresa dice que no está en condiciones de ofrecer a los nuevos sobrecargos las mismas condiciones que tienen quienes hoy trabajan en la línea aérea.

Es relevante señalar este punto porque en ninguno de los escenarios se trata de quitar conquistas sindicales. No puede tener una prestación quien aún no tiene el trabajo, puesto que entraría bajo un nuevo contrato colectivo.

Lo que señala la línea aérea es que si mantienen el muy pesado costo salarial que implican sus contratos colectivos, simplemente no estarán en condiciones de mantener la viabilidad financiera de la empresa.

Gran parte de los problemas que hundieron a Mexicana de Aviación fue la mala relación con sus sindicatos, los cuales no comprendieron que el negocio de la aviación había cambiado radicalmente y que, por lo tanto, se tenían que cambiar las condiciones.

De hecho, Gastón Azcárraga y quienes administraron esa línea aérea se amafiaron con Miguel Ángel Yúdico para tratar de reventar los contratos colectivos. El plan era desmantelar CMA y hacer crecer filiales con otros contratos colectivos con prestaciones diferentes.

En su momento Lizette Clavel, quien era la secretaria general de ASSA, no comprendió lo que estaba sucediendo y terminaron perdiendo la fuente de trabajo. La quiebra de Mexicana de Aviación es cosa de semanas, si no que de días.

Parecía que se había comprendido la situación en las bases de Aeroméxico, puesto que se hicieron muy buenas negociaciones durante los últimos años; sin embargo, la actitud del líder sindical muestra que las presiones internas, en gran medida de gente que hoy no tiene trabajo, les hacen ir en contra de su propio interés.

CNDH

A no ser que pasara algo verdaderamente inesperado, que rayaría en el terreno de lo milagroso, se creará el poderosísimo Instituto Federal de Telecomunicaciones como una autonomía del gobierno mexicano lo que, a no dudar, significará la eliminación no sólo de la Cofetel como membrete, sino con toda la experiencia acumulada durante 16 años, no por los que tratan de engañar a gente haciendo campaña para quedarse y prometiendo que los empleados mantendrán sus cargos, sino por los trabajadores y comisionados.

En esta columna le hemos dado datos verdaderamente aterradores sobre la forma en cómo se integró el panel de la Cofetel durante 16 años, puesto que de los 21 comisionados sólo cuatro, Salma Jalife, Gerardo Ruiz Vega, Gonzalo Martínez Pous y José Luis Peralta tuvieron cargos en la
estructura de la Cofetel.

Más allá, hay una serie de asuntos que tiene esta comisión que no pueden pararse, como ha sucedido ante la incertidumbre y que tendrán que entregarse de una manera adecuada.

Algo similar sucede con la Comisión Federal de Competencia, puesto que una gran cantidad de procedimientos no sólo se siguen ventilando, sino que además tienen que tener un seguimiento.

Suena verdaderamente complicado que el Presidente tenga que nombrar, con un procedimiento tan complejo como el que está planteado, 14 comisionados de dos organismos autónomos.

Quizá la manera más adecuada de hacer esta transición debería contemplarse un esquema como el que se usó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1999, cuando se decidió que los comisionados se quedaran en su cargo hasta que terminaran sus encargos, así la actual administración podría nombrar de entrada a tres comisionados de la Cofetel y dos de la CFC, incluidos los presidentes de los dos organismos.

Inexplicable

Resultan francamente inexplicables las posiciones asumidas por quienes pretenden homologar las cuotas del IMSS al ISR argumentando que los patrones “roban” al Seguro Social mediante esquemas de evasión con vales de despensa, comedores, aguinaldos y premios.

Van más allá y hacen creer que el IMSS no está realizando una buena gestión de cobranza, puesto que no está recaudando por estas vías. Estos dos argumentos están equivocados de principio: No puede haber violación a la ley cuando está permitido. Si no lo estuviera, pues entonces no habría necesidad de hacer la homologación, sino se tendría que aplicar la ley.

El segundo es similar, no tiene que ver con la cobranza algo que no se debe cobrar de acuerdo con la normatividad vigente. Reiteramos, si así fuera no se tendría que cambiar la ley, sino aplicarla.

Los empresarios están convencidos de que si se van a hacer cambios de este tipo, pues es necesario que se den en el paraguas de la reforma hacendaria y no sólo como una medida para fortalecer las finanzas del IMSS.

Seamos claros. El instituto que dirige José Antonio González Anaya tiene una gran cantidad de retos financieros. Requiere, entre otras cosas, fortalecer sus finanzas y aumentar lo que recauda; sin embargo, no puede hacerse sólo de una manera recaudatoria a uno de los tres integrantes de un organismo tripartito.

Hasta el momento nadie ha hablado de aumentar las cuotas que pagan los trabajadores, puesto que no suena políticamente correcto. Más allá, si bien esta medida podría fortalecer las finanzas del IMSS también implicaría que se eliminen prestaciones que no sean implícitas en la ley.