Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

24 May, 2013

Este mes clave para Urbi y GEO, vienen reglas de EPN el 30 y responsabilidad compartida

La próxima semana va a ser importante de cara al futuro inmediato de Urbi y GEO, en lo particular, y de las desarrolladoras de vivienda, en general.

En lo que hace a las reestructuraciones financieras Rothschild deberá tener listo el diagnóstico de la situación de Urbi, que preside Cuauhtémoc Pérez Román, y con él la propuesta de reestructuración financiera que dicho banco dirigido por Eugenio Torres entregará a sus acreedores.

Son más de 20 mil millones de pesos los que arrastra esta compañía, que no ha escatimado recursos en la contratación de asesores externos. Amén de Rothschild lo apoyan Álvarez & Marsal que lleva Arturo D’Acosta y por separado el afamado experto Javier Pérez Rocha.

En el área de litigio Urbi está siendo apoyada por el prestigiado abogado Alfonso López Mehli y también por el no menos reconocido abogado corporativo Jaime Cortés Rocha.

A su vez los bancos van respaldados con FTI Consulting que encabeza Brock Daniel y con White & Case, que maneja Vicente Corta.

Por lo que hace a GEO, la de Luis Orvañanos, apenas le comentaba ayer que también para finales de mes tendrá una respuesta de la misma FTI Consulting sobre el plan de reestructuración financiera que entregó en este caso su asesor Fians Capital, de María Eugenia Sidaoui.

GEO registra a su vez pasivos por alrededor de 13 mil millones de pesos y es asesorado además por Santa Marina y Steta, a través del experto Fernando del Castillo. También considere a la reputada firma Cleary Gottieb en Estados Unidos y a KPMG, de Guillermo García-Naranjo.

Entretanto los bancos acreedores de GEO son abanderados por Gaxiola-Calvo de Antonio Calvo y por el aguerrido litigante Gerardo Ramírez Ornelas. Asimismo, los tenedores de bonos en el extranjero por Alejandro Sainz y los acreedores del vehículo GEOMAC por Thomas Heather.

Los tiempos de Urbi y GEO se están empatando con el 30 de mayo, que es la fecha que adelantó el presidente Enrique Peña Nieto para que se den a conocer las reglas de operación de la Política Nacional de Vivienda que presentó el 11 de febrero.

El plazo se anticipó 45 días porque originalmente se esperaban para el 15 de julio, lo que resulta ser una excelente noticia para las reestructuraciones financieras de las vivienderas porque podrán planear sobre reglas claras. De hecho no se descarta que los bancos
concedan el stand-still.

Banorte de Alejandro Valenzuela, Banamex-Citi de Javier Arrigunaga, HSBC de Luis Peña, BBVA-Bancomer de Vicente Rodero y Santander de Marcos Martínez son los principales acreedores de Urbi y GEO y están dispuestos a firmar cuanto antes un periodo de gracia de no acciones legales de cuando menos 90 días, tiempo en el que podrían acordar la reestructuración.

Y es que los bancos son los más interesados en seguir inyectando liquidez a las desarrolladoras, pero no para que paguen sus deudas, sino para que no detengan el tren de construcción. Lo peor que les puede pasar es que Urbi, GEO y demás dejen de operar y se vayan a Concurso Mercantil.

El complejo entorno que vive el sector ciertamente es atribuido en parte a que no anticiparon un escenario que se agotaría a la vuelta de 12 años. Pero también hay que decir que el gobierno tuvo su dosis de culpa y que éste, el de Peña Nieto, tomó decisiones que aceleraron la crisis.

Vía la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que lleva Jorge Carlos Ramírez Marín, se ha mandado el mensaje de que los desarrolladores han sido los culpables del desorden urbano que provocó la política de vivienda de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Incluso no ha faltado quien señale a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda como la responsable de la situación, cuando se ha demostrado que las cerca de mil 200 constructoras que la integran sólo construyeron 36% de la vivienda nueva.

El restante 64% es autoconstrucción de la que echa mano la población, amén de que es imposible que mil 200 empresas causen el desorden en dos mil 440 municipios del país. Su cobertura apenas alcanza 74 localidades. A lo anterior hay que añadir el costo de urbanización.

En México las vivienderas están integradas desde la compra de la tierra hasta la entrega de llaves, pasando por la asesoría financiera. El componente de la infraestructura urbana va cargada en el precio de la hipoteca. Ni municipios ni gobierno federal invirtieron en equipamiento urbano.

Una de las críticas que ahora el gobierno hace a las empresas es que construyeron casas inhabitables por su tamaño y lejanía de los centros urbanos. Pero una vivienda pudo ser hasta 33% más amplia de lo que es si las desarrolladoras se hubieran ahorrado el costo de la infraestructura urbana que en muchos casos los gobiernos no atendieron.

Cosa de ver, por ejemplo, los complejos GEO Zumpango y Citara de ARA, cada uno de alrededor de 20 mil casas en el Estado de México. Los promovió justamente Peña Nieto cuando era gobernador en el contexto de sus “Ciudades Bicentenario”.

Al final quedaron como ciudades fantasmas por su lejanía. La cuestión es que a los desarrolladores se les prometió que quedarían conectadas por el Tren Suburbano en su ramal Cuautitlán-Huehuetoca, que a la fecha no se construye.

Y como esa hay muchas historias más de fallidos proyectos.

Infraestructura ya

Tras presentarse el Plan Nacional de Desarrollo, los ojos están puestos ahora en la publicación del Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018, lo que pudiera ser en el mes de junio.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes que comanda Gerardo Ruiz Esparza trabaja a todo vapor en su estructuración. Hay mucha expectación por el volumen de obra pública y privada que pudiera estar comprometida, a tal grado que algunos analistas anticipan que en el sexenio de Enrique Peña Nieto pudieran invertirse alrededor de un billón 500 mil millones de pesos, lo que representa entre 14 y 16% del PIB.

No es para menos si se atiende a que las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, ya aprobada, y la reforma energética, próxima a discutirse, pudieran ser el pivote para alcanzar esos niveles.

Sólo considere que de los 266 compromisos de gobierno que hizo Peña 109 están relacionados directamente a proyectos de infraestructura. Hablamos de carreteras, puertos, aeropuertos, trenes de pasajeros, redes de telecomunicaciones, plantas tratadoras de agua, acueductos, gasoductos, plataformas marinas, etcétera. Un auténtico festín.