Mexicana y la crisis del concurso mercantil

Puede ponerle el calificativo que quiera: absurdo, increíble, inaudito. Cualquiera puede encajar en el caso de Mexicana de Aviación, que tan sólo hace cinco años se disputaba el liderazgo de la aviación. Mexicana y Aeroméxico eran las dos grandes aerolíneas, se peleaban por ser la empresa insignia del país, y ahora, tristemente, una de ellas lleva casi tres años en un proceso desgastante de concurso mercantil. 

El nuevo interventor

Mexicana de Aviación lleva dos años y medio de entrar en concurso mercantil, y por fin sus acreedores pueden poner un interventor. Los acreedores gubernamentales, como ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares), AICM (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), y el banco de desarrollo Bancomext, logran designar a Fernando Pérez-Correa Camarena como interventor del concurso mercantil de Mexicana.

Suena demasiado tarde para salvar la compañía. De hecho, es imposible que vuelva a volar con su tamaño original, pero el interventor puede apurar un proceso que ha sido muy poco transparente y costoso.

Los tremendos jueces

Resulta que el Poder Judicial ha impedido, a través de los jueces Felipe Consuelo y después Edith Alarcón, avanzar en lo que se antoja lógico: la quiebra de una empresa.

Los jueces han jugado a tener supuestos inversionistas. Nombres hemos escuchado de sobra: un inversionista rarísimo de origen libanés que fue expulsado de Canadá, un inversionista minero que ha estado en más de dos rondas (Iván Barona), grupos con nombres distintos: Fides, Med Atlántica, bueno, hasta uno con nombre suizo que resultó ser una sofol y no un banco suizo conocido.

Más de 20 interesados, ninguno con capital

Más de veinte supuestos inversionistas han sido los interesados por Mexicana. Ninguno con dinero a la vista. Ninguno con capital en el país. Ninguno que pusiera los recursos en un fideicomiso a favor de Mexicana. Ninguno que estuviera dispuesto a pagar a los acreedores los más de 200 millones de dólares que se deben. Pero, eso sí: todos interesados, sin excepción, han solicitado la intervención del gobierno para que Mexicana sea rescatada, es decir, que el dinero público se ponga en una empresa que privados llevaron a la quiebra.

¿Por qué los jueces Consuelo y Alarcón han aceptado ese juego de retrasar tanto un concurso que debió concluir en un año? No lo sabemos: ahí están las consecuencias: una aerolínea que, después de dos años y medio, hoy en día, es imposible su regreso a los cielos.

El Ifecom, sin explicaciones

¿Por qué el Ifecom, el Instituto Federal de Concursos Mercantiles, decidió postergar tanto un concurso mercantil que, se suponía, sólo era por un año para dar certeza a los acreedores y deudores del plazo, y así diferenciarse de la ley de quiebras que duraba años, como ahora, lamentablemente, lo hemos vuelto a ver?

Griselda Nieblas, la directora del Ifecom, deberá responder los cuestionamientos.

Lo cierto: el Ifecom, los jueces y el administrador de Mexicana, al esperar tanto tiempo, dieron al traste con la confianza en el concurso mercantil. Hoy dicho proceso vive una crisis: se sabe que corre el riesgo de no tener plazo, igual que lo era la Ley de Quiebras.

El resultado es un desastre: una aerolínea en desuso, donde han aceptado ver a más de 20 interesados y ninguno con intención sería de poner capital en la aerolínea. ¿Tener un nuevo interventor por parte de los acreedores podrá cambiar en algo la situación de la aerolínea?

No lo sabemos, pero, por si acaso, el Legislativo tendrá en sus manos la reforma financiera donde, precisamente, uno de los cambios fundamentales es tener certeza en el concurso mercantil.

La CNBV y la deuda de estados

Corrió el rumor como reguero de pólvora: los estados estaban sumamente endeudados con los bancos comerciales. Se arrojó una cifra: 923 mil millones de pesos. Fue cuando las alarmas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se prendieron. Salió el regulador, Jaime
González Aguadé, a corregir la cifra y evitar errores. La deuda total de estados con los bancos es de 376 mil millones de pesos, no la de 923 mil millones de pesos.

Como sea, la deuda total de los estados, con bancos y otros acreedores, asciende a 436 mil millones de pesos, según Hacienda.

Cierto, es una deuda que ha crecido rápidamente, pero los datos absolutos son importantes para saber la dimensión del problema. Y a pesar de su gravedad, el problema frente al total de la economía mexicana sigue siendo manejable. No es un riesgo sistémico, aunque sí preocupante para determinadas localidades.