El SAT sólo advierte, no cambia reglas

Curiosa la exageración en torno al recordatorio que le hizo el SAT, que preside Aristóteles Núñez a los intermediarios financieros, para que se eviten incurrir en responsabilidad solidaria si no le retienen cinco por ciento a la venta que realizan los grupos de control a través del mercado bursátil.

Sirva de ejemplo el Grupo Modelo y los accionistas de control que vendieron. El intermediario que paga la operación de venta del grupo debe retener y enterar al SAT desde 2006, según lo establecido en el artículo 60 del ISR y confirmado en la fracción XXVI del 109, cinco por ciento del ingreso obtenido como personas físicas. Ese criterio lo confirmó la SCJN que preside el ministro Juan Silva desde 2006 y, para nada modifica la exención en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

De ahí que parece una buena “bola de humo” toda la mediatización del tema. Porque a ningún pequeño inversionista se le retiene impuesto derivado de la venta de sus tenencias accionarias, pero las casas de Bolsa (instituciones autorizadas para la compra-venta de acciones) saben muy bien, como la banca patrimonial en México, “quienes forman parte de los fideicomisos de control”.

De hecho, el proyecto que modifica el Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, le pone “anteproyecto”, no porque pretenda ser una iniciativa de ley distinta, sino porque no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, y luego de que “algunos intermediarios financieros” le indicaron al SAT que no estaban seguros de tener la obligación de retener cinco por ciento del ingreso obtenido por una de esas operaciones de venta de acciones y pago por el control”, pues el SAT decidió poner en la página el criterio que prevalece, acorde a la ley vigente, apoyado en la jurisprudencia judicial, para que no haya duda de que si no se paga, habrá auditoría y eventualmente responsabilidad solidaria.

Es un proceso de aclaración, en lo que se publica la Resolución Miscelánea, para facilitar y aclarar el tema de la “duda fiscal”, que seguro el Comité Fiscal de la AMIB, que preside José Méndez Fabre, o el de la ABM, que encabeza el presidente de Banamex, Javier Arrigunaga, saben que es tan confirmable, que en noviembre, en una operación que involucró la venta de una empresa química y una cervecera, simplemente la SCJN confirmó el criterio de 2007.

Obvio, las chequerrotas que están involucradas tienen capacidad para mover medios y algo más, pero seguro se la pensarán para mañana y no creo que el CCE tome un boleto de éstos.

Sólo tome en cuenta la aclaración que les manda a los intermediarios financieros el SAT y que está en su página de internet: el artículo 60 del ISR establece la obligación a los intermediarios financieros, que cuando se vendan acciones de una empresa y, por los ingresos que corresponda a las personas físicas, están obligados a hacer una retención de cinco por ciento del ingreso obtenido, salvo si se considera la exención al impuesto incluida en el artículo 109. Eso dice el artículo y no ha cambiado ni va a cambiar.

Ahora, el artículo 109 de la ley del ISR indica que las personas físicas están exentas del pago salvo cuando se trate de personas físicas que pertenecen a los grupos de control que tienen más de 10% de las acciones de las empresas y, esa salvedad, se incluye en la
fracción XXVI del mismo artículo 109.

O sea, que los bancos que administren la liquidación de la venta a AB InBev del grupo Modelo, tendrán que retenerles a los accionistas de control de Modelo –en nuestro hipotético caso–, pero ello no implica que se retenga al gran público inversionista.

Los que desde 2006 están gravados son los grandes inversionistas, no los pequeños, y más, los bancos no pueden alegar que no saben quiénes están en el grupo de control y quiénes son inversionistas medios y bajos.

Esa diferencia entre gran público y gran inversionista nace de la idea de que se promueva y estimule la inversión de pequeños y medianos inversionistas, institucionales (afores, aseguradoras), etcétera, pero no la obtención de ganancias mediante la compra-venta del control de las empresas por el hecho de estar listadas en Bolsa.

De Fondos a Fondo

Usted sabe que el conflicto entre Aeroméxico, que preside Eduardo Tricio, y dirige Andrés Conesa, con el Sindicato de Sobrecargos que encabeza Ricardo del Valle, ha entrado en un curso positivo, pero le quiero contar algo que es digno de que usted y todo el público conozca.

Fíjese que Del Valle fue a la UNT y según versiones que circularon ayer, luego de la reunión de alto nivel en la Secretaría del Trabajo, que encabezó su titular, Alfonso Navarrete Prida; Conesa y Tricio, además del subsecretario de Transporte, Carlos Almada, se acabaron juntando con Hernández Juárez.

De hecho, trascendió que tras la reunión y luego de que el dirigente de ASPA, el capitán Morineau, le respondiera a Francisco Hernández que no era real la versión de Del Valle –en búsqueda del respaldo de la UNT al emplazamiento a huelga– de que Aeroméxico se quería “fregar a los trabajadores actuales y que se extendería a todos los trabajadores”.

Morineau le comentó a Juárez que Aspa y SNTTTASS de Miguel Ángel Yúdico habían convenido una categoría diferente para permitir igualar condiciones contractuales, al igual que Independencia, y tras revisar la propuesta, Juárez llamó a cuentas a Del Valle porque mintió a la asamblea. De hecho, el colmo fue que tras quedar descubierto, mandó a Hernández Juárez por un tubo y de paso al gobierno, sin dar nunca la cara, con lo que demostró que no tiene la más mínima consideración a la palabra.

Los otros sindicatos de Aeroméxico y UNT le dijeron a Ricardo del Valle que si sigue manteniendo la opción de la huelga “va solo”.

A propósito, la propuesta de Aeroméxico que ayer se presentó en la Junta es un incremento de 4.7% al salario y el aumento en prestaciones, pero se insistió en contar con el nuevo contrato para los nuevos entrantes, que incluye no sólo diferencia tabular y salarial en condiciones incluso ligeramente por arriba de las que tienen Interjet y Volaris, pero que es más competitivo, pero también flexibilidad para que los nuevos puedan servir en vuelos trasatlánticos. Bajo el contrato vigente, a los sobrecargos nuevos, durante los primeros tres años no se les puede asignar en todas las rutas, lo que resta productividad.

También están incluyendo un fondo cuyo monto desconozco, para que mejore la calidad en el servicio. Como ve, el punto fino está en el Contrato B para los nuevos y mantener las condiciones vigentes del actual, con los aumentos señalados. Con eso se retira el conflicto colectivo de naturaleza económica. Yo insisto, Ricardo del Valle y su comité, no quieren la huelga, y probablemente hoy estén más alineadas las fuerzas en beneficio de su gran y fiel público usuario.