Cadena de errores

Podríamos concentrarnos en la obcecación de Mony de Swaan durante el pleno de la Cofetel en decir que acataban la “instrucción” que les había dado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando en todo momento los funcionarios de la dependencia y los escritos oficiales hablaban de solicitud, puesto que reconocían la autonomía de esa comisión o su intento, también fracasado, de culpar a las autoridades electorales de Baja California y federales; sin embargo, no vale la pena.

De Swaan, que trató de hacer del programa piloto de Tijuana un acto de lucimiento personal, al que él hizo una invitación a título personal y cuando surgieron los problemas que llevaron al pleno de la Cofetel a posponer la medida hasta el 18 de julio, trató de implicar a los comisionados y a cualquier otro.

El viernes los tres comisionados recordaron que se conocía el calendario político y la forma en que se empalmó. En su momento Ernesto Gil Elorduy (hoy candidato del PRI al Congreso de Hidalgo) fue particularmente insistente en considerar esa situación.

La fecha se fijó el 4 de mayo del año pasado en contra de la opinión de los comisionados cuando se conocía con toda antelación el calendario electoral. Nadie puede hablar con verdad de empalmes de último momento.

El 16 de abril el presidente de la Cofetel y las áreas de operación, que sólo dependen de él, informaron al pleno que no tenían modo de comprobar la penetración superior a 90%, se postergó la fecha al 28 de mayo.

De Swaan llegó a deslizar que tenía apoyo de este gobierno federal porque le habían dado recursos del Fondo de Cobertura Social. Aquí es necesario hacer un paréntesis de memoria.

A finales del año pasado la coordinadora de administración de la Cofetel, Carmen Quintanilla, emitió oficios al presidente de ese organismo y a la SCT, en aquel momento encabezada por Dionisio Pérez-Jácome, en los cuales se decía que la Cofetel no tenía atribuciones legales para adquirir decodificadores y luego regalarlos, puesto que, según el decreto de Calderón, correspondía a la Secretaría de Economía. El primero de enero despidieron a Quintanilla y se guardó el tema bajo la alfombra.

Lecciones

Lo importante es comprender qué lecciones se aprendieron del fracaso de esta prueba piloto y tratar de evitar que se repitan en los apagones que están programados para noviembre.

Para hacerlo es necesario recordar la historia. Se había considerado originalmente que la política pública de TDT entrara en vigor en 2021. El entonces titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, y su coordinador de asesores, De Swaan, engañaron al presidente Felipe Calderón diciéndole que el país podría estar listo para el apagón al final de 2015.

Estos mismos tipos en el Pacto por México fueron mucho más allá al convencer a todos acerca de que se pusiera el apagón en la Constitución, en contra de la opinión de los comisionados de la CFC y algunos legisladores, como Javier Lozano.

Nadie quiso escuchar las advertencias que se hicieron en tiempo y forma por una corriente absurdamente conspiracionista que tiene que ver con la banda de los 700 mghz y el supuesto interés de privados cuando se trata de una banda prácticamente vacía porque tiene menos de 20 concesionarios.

Se tiene que recordar que en enero de 2012 se registró un enfrentamiento muy fuerte entre De Swaan y los cuatro comisionados (Ernesto Gil Elorduy, José Luis Peralta, Gonzalo Martínez Pous y Alexis Milo), pues se les acusaba de detener la política pública de TDT y ellos emitieron un comunicado desmintiendo al comisionado presidente argumentando que si bien estaban de acuerdo con el apagón analógico, el método no era el correcto. El tiempo les dio la razón.

Foncos

El otorgar recursos a través de los Foncos plantea uno de los problemas más serios en la aplicación de esta política pública.

De acuerdo con las reglas de operaciones de este fondo, se tienen que utilizar las normas del Coneval, lo que al parecer genera problemas en la forma de medición, puesto que hace que haya gente que no tiene derecho a los apoyos, cuando tampoco poseen recursos para tener acceso a los decodificadores.

Una pregunta que no se ha respondido hasta el momento es cuál es la diferencia entre la gente que depende de la televisión abierta, pero que no tiene derecho a los apoyos, de acuerdo con el Coneval.

Así las cosas, se tiene que comprender que el criterio genera verdades relativas entre la cobertura del programa y la necesidad real de la población. De ahí que el presidente de la Cofetel, que llevó a cabo el programa con su equipo y empresas que él contrató, no entregó información suficiente y clara al pleno, por lo que no podían tomar decisiones adecuadas, como retrasar nuevamente el proceso, hasta que estalló el escándalo.

Consecuencias

Alejandro Puente, líder de las empresas de cable, ya pidió la cabeza del presidente de la Cofetel; los presidentes de las comisiones de radio y televisión de las cámaras de Diputados y de Senadores ya han hecho pública su inconformidad. Lozano ya citó a comparecer al presidente de la Cofetel y los tres comisionados para que expliquen qué está pasando y debe esperarse que Milo, Martínez Pous y Peralta hagan públicas las objeciones que siempre tuvieron.

Los defensores del presidente de la Cofetel, entre los que se cuentan Purificación Carpinteyro y Javier Corral, han comenzado a lanzar cualquier cantidad de bolas de humo que se concentran básicamente en decir que existe una conspiración para retrasar el TDT para mantener la banda de 700 y evitar la licitación de nuevos canales de televisión abierta.

Eso sólo existe en su imaginación, puesto que el interés nacional es contar con televisión digital abierta. No es producto de ninguna conspiración que se haya elegido una fecha políticamente incorrecta; que se haya violado el decreto presidencial; que Teletec no haya tenido capacidad para dar el servicio; que el presidente de la Cofetel hubiera ignorado las advertencias de sus pares jerárquicos, a quienes les dio información notoriamente sesgada para la toma de decisiones.

Lo peor es que hay indicios cada vez más fuertes de que el presidente de la Cofetel también dio información falsa a funcionarios de la SCT, como Gerardo Ruiz Esparza, e Ignacio Peralta. De ahí la molestia del gobierno federal.