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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de junio.- En el Banco de México la transparencia y rendición de cuentas sólo alcanzará una de las caras del cubo de Rubik porque, hasta ahora, no hay ley o reglamento que exija a su Junta de Gobierno rendir cuentas puntuales sobre el manejo de los recursos de su gasto corriente.
Al contrario, el Banco de México goza de completa autonomía en su administración y presupuestos sin una normatividad clara respecto a la rendición de sus cuentas.
“Con esa medida (de autonomía presupuestaria) se cierra un obvio flanco de vulnerabilidad, que consiste en que las autoridades de la banca central podrían ser forzadas a actuar en una forma contraria al mantenimiento de la estabilidad mediante presiones indirectas de carácter administrativo o presupuestal”, defiende el historiador Eduardo Turrent, ex funcionario del Banco de México.
Sin embargo, de acuerdo con un análisis del Banco de Pagos Internacionales (BIS) respecto de las buenas prácticas de gobierno corporativo en los institutos centrales, se señala que la tendencia está cambiando y que se avizora una mayor rendición de cuentas.
“Los presupuestos de gastos corrientes y de capital de aproximadamente una cuarta parte de los bancos centrales están sujetos a aprobación, veto o enmienda por parte de un órgano externo como el Parlamento o el Ministerio de Finanzas”, asegura el estudio El buen gobierno de los bancos centrales del BIS.
Pero mientras tanto, en México la transparencia en el Banco de México se limita sólo a la difusión de minutas editadas en torno a las decisiones que toman los integrantes de su órgano de gobierno respecto a la política monetaria. No rendirá cuentas sobre el ejercicio de recursos que obtiene de su operación gracias a su autonomía presupuestaria.
A 20 años de la independencia del Banco de México, ni los salarios de sus funcionarios, sus viajes, pensiones vitalicias, la compra de bienes inmuebles, la adquisición de autos blindados, o los gastos en restaurantes estarán sujetos al escrutinio público.
En el Banxico, los cinco integrantes de la Junta de Gobierno que preside Agustín Carstens son los únicos responsables de decidir sobre el monto y ejercicio del gasto corriente que este año asciende a 2,933.4 millones de pesos, ocho por ciento más respecto a 2,695 millones autorizados en 2010, el último año del ex gobernador Guillermo Ortiz.
Además, el rubro de recursos materiales y servicios entre 2011 y 2012 aumentó 33.6 por ciento en términos reales. Si bien se realizan licitaciones para decidir la asignación de contratos, según consta en documentos internos el Banco de México no está obligado a seguir las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Año con año y, en sólo cinco páginas, el banco central informa brevemente sobre el presupuesto que ejercerá. En contraste, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha construido un micro sitio completo para enfatizar a los contribuyentes que se trata de una entidad auditada, por lo que reporta la existencia de documentos en donde revisa ampliamente su gasto. Mientras que el Banco de México no está sujeto a las normas de fiscalización que audita el Congreso a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Acaso, un tímido convenio de “colaboración” entre el Banco de México y la ASF permite desde 2002 que el máximo órgano de fiscalización del Congreso realice auditorías al banco central pero siempre con previo aviso a su Junta de Gobierno.
“El Banco de México, en esencia, debería estar sujeto a todas las reglas de fiscalización que se observan para las entidades públicas y donde haya recursos públicos. Siempre que haya transparencia, es ganancia.”, dice Alejandro Villagómez, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Y agregó: “El gasto corriente del Banco de México tiene un carácter público en el sentido en que tiene un monopolio en la emisión de dinero, y la transparencia en el ejercicio es un buen punto que debería analizarse”.
Reina la discrecionalidad
Hasta ahora, sin embargo, las auditorías a los recursos que se gastan para la operación del Banco de México son limitadas.
La ASF podría “recomendar” a su Comisión de Responsabilidades el ejercicio de acciones legales contra funcionarios públicos del Instituto, en el caso de encontrar delitos administrativos que atenten contra los recursos que gasta.
Hasta el momento, la Secretaría de la Función Pública reporta siete funcionarios del Banco Central que han sido inhabilitados por incurrir en responsabilidad administrativas, pero no se reporta mayor información que la consignación de que fueron sancionados por negligencia administrativa.
En abono a la autonomía y en descargo a su limitada transparencia, La Ley del Banco de México prevé que una firma de auditores privados, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la ASF, revise los estados financieros y el gasto corriente del instituto pero, una vez más, sin la posibilidad de señalar responsabilidades directamente en caso de detectar excesos o irregularidades, como sí ocurre con todo el gobierno federal.
La firma PricewaterhouseCoopers es actualmente el auditor del Instituto Central, y su reporte se limita a observar que se cumpla con las reglas contables vigentes. Nada más.
Herbert Bettinger, socio de la firma de auditores Mancera Ernst&Young, también coincidió en que los recursos que el Banco de México destina a gasto corriente deberían sujetarse a las mismas reglas de fiscalización que sigue la administración pública, sin menoscabo de la transparencia del instituto.
Por ello, aunque en 2011 la decisión del Banco de México de publicar el contenido de las minutas con el testimonio de las discusiones sobre el rumbo de la política monetaria representó un paso importante en la transparencia y comunicación con los mercados financieros, la escasa rendición de cuentas respecto al ejercicio del gasto, mantiene aún al Instituto Central como una de las entidades más opacas del Estado y alejado de la tendencia de mayor transparencia en el ejercicio presupuestal de los bancos centrales.
“El Banco de México ha hecho un buen esfuerzo en tratar de mejorar la comunicación, pero otro reto es el manejo del dinero que gasta y eso también necesita transparencia”, dice Jonathan Heath, vicepresidente del Indicador del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).
Pero Heath es más severo cuando habla de la discrecionalidad con la que se manejan los recursos del Banco de México: “No sabemos bien a bien cómo gastan o en qué gastan. De repente oímos rumores de que el gobernador Carstens al menos gastó 50 millones de dólares o más en su gira mundial para tratar de empujar su candidatura al FMI”. Y continúa: “De repente hay rumores de que cuando entró Carstens al Banco de México se compraron como siete camionetas blindadas último modelo, y eso no salió en ningún lado. Entonces, exigimos cuentas de otras áreas del sector público pero no del Banco de México, que se esconde detrás del hecho de que supuestamente no opera con dinero público ni con recursos del Presupuesto”.
Heath asegura que los recursos del Banco de México son públicos: “Tal vez podría estar generando recursos que no son del Presupuesto, pero de todos modos esos son recursos del público, son recursos que pertenecen a los contribuyentes porque el Banco de México tiene la licencia de poder emitir moneda, tiene el derecho de señoreaje, pero eso no significa que ese dinero asignado al gasto corriente lo pueden aplicar sin fiscalización en sus propias prestaciones y en otras cosas sin explicar”.
