David Páramo

Análisis superior

David Páramo

19 Jun, 2013

Vengan los académicos

Una vez que el Comité de Evaluación encargado de seleccionar los perfiles de quienes deberán ser los siete comisionados del IFT y el mismo número para la Comisión Federal de Competencia, dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación las bases que deberán cumplir quienes se inscriban a este proceso de selección; comienza a quedar claro qué perfiles están buscando.

Se están prefiriendo perfiles académicos y de servidores públicos por encima de los profesionales. Preocupa que tienen ventajas quienes trabajan a través de nexos ocultos con las empresas que aquellos quienes tienen una relación transparente con contratos y que pagan impuestos. No debe ignorarse que muchos de los opinadores profesionales o de la sociedad civil cobran por debajo de la mesa en algunas compañías.

Habrá que ver cómo hace el comité presidido por Eduardo Sojo (donde también participan Agustín Carstens y Sylvia Schmelkes) evalúa el reconocimiento profesional, puesto que algunos de quienes pudieran estar interesados ya comenzaron a buscar publicaciones en revistas especializadas artículos o aportaciones, los reconocimientos que han recibido. Nada de esto es muy común entre los burócratas.

Se piden, entre los requisitos, algunos que suenan totalmente lógicos como una carta de no antecedentes penales, no estar inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, así como las declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria.

Sin embargo, hay uno que presenta dudas de legalidad y utilidad. Les están pidiendo que cuando se inscriban den autorización para que sea consultado su historial ante el Buró de Crédito.

Sigue habiendo grandes dudas a pesar del muy largo comunicado del Comité de Evaluación (88 páginas y una fotografía) sobre la ponderación de temas como reconocimiento, trayectoria y hasta puntuación ante las sociedades de información crediticia; sin embargo, comienza a perfilarse que los funcionarios públicos tendrán ventaja, en segundo lugar estarán los opinadores y académicos y finalmente quienes trabajan en la iniciativa privada.

Desde antes de que se dieran a conocer las bases adelantamos en esta columna que una buena parte de los perfiles provendrán de Banco de México puesto que, sin lugar a ninguna duda, es la institución que a lo largo de los años ha formado a la mejor clase de funcionarios públicos.

Pagano

Desde un punto de vista conceptual, la posición de José Carlos Ramírez Marín, y Alejandro Murat, secretario de Sedatu y director del Infonavit, respectivamente, no sólo es comprensible sino, además, totalmente lógica y debe ser apoyada.

De hecho, en los primeros momentos tuvieron un gran apoyo de la mayoría de las empresas de la construcción puesto que se veía que si bien iba a implicar retos para las grandes empresas, el sector es muchísimo más grande y, por lo tanto, se abrirían nuevas oportunidades para los demás.

Sin embargo, han comenzado a surgir preocupaciones que tienen que ver con la forma en la cual se está operando dentro del sector vivienda y que no sólo produce cuellos de botella sino que podría estar siendo la semilla de una crisis mucho más grave, puesto que algunos creen que las empresas que no estaban en problemas podrían caer en ellos por la falta de decisiones.

En este sentido, habría que analizar con cuidado la gestión del subsecretario de Vivienda de Sedatu, Alejandro Nieto, quien antes de este cargo fue responsable de operar la reserva territorial en el Estado de México y, por lo tanto, tenía una gran coordinación con los grandes desarrolladores de vivienda.

De hecho, gran parte del programa con el que la Sedatu busca la reordenación urbana del país está basado en la experiencia del Estado de México. El Registro Nacional de Reserva Territorial es una copia fiel de la experiencia en el Estado de México.

Quienes lo cuestionan señalan como preocupante, por decir lo menos, que mientras él trabaja en el gobierno federal, su esposa se desempeña como funcionaria de GEO (una de las compañías más afectadas por la crisis del sector) donde se encarga de manejar la reserva territorial de esa empresa en el Estado de México.

Aun cuando no lo han hecho público para evitar enfurecer al regulador, funcionarios de ARA, Urbi, Hogar, Homex y Sare dicen en privado que tienen un gran miedo de que GEO pueda tener un trato preferencial por parte de esta dependencia.

Es necesario que Ramírez Marín comience a tomar acciones políticas claras para calmar los ánimos primero y después comenzar a dar resultados, puesto que la molestia de los desarrolladores de vivienda va creciendo.

Suerte

Parecería que el camino al mercado de valores ha traído algo parecido a la mala suerte para los de Volaris. No sólo se han dado cambios en los primeros niveles de la organización o dudas sobre si superarán o no el límite de 25% de participación extranjera luego de la oferta, lo que violaría la ley o les llevaría a la necesidad de colocar acciones neutras.

Los reflectores hacia la aerolínea que encabeza Enrique Beltranena hacen que se vea con suspicacia la decisión de prácticamente abandonar el Aeropuerto de Toluca, que fue su primera base de operaciones, sino el hecho que son la única empresa que no tiene garantizados slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo que los hace total y absolutamente vulnerables en caso de la reordenación que se espera que haga la DGAC, encabezada por Alejandro Argudín.

Indra, sin cumplir

Apenas la semana pasada le comenté que Indra, la empresa española que lleva a escala mundial Javier Monzón, y en México Jorge del Valle Arduh, ha tenido problemas con la entrega de los servicios comprometidos con algunas de las instituciones del gobierno  que le asignaron licitaciones en el sexenio anterior. En principio la SRE, que comandaba Patricia Espinosa, le habría quitado el año pasado el servicio de elaboración de pasaportes que ostentaba desde 2007.

Pues bien, uno de los principales problemas que enfrenta Indra, especializada en tecnologías de la información,  es que no ha pagado durante varios meses a algunos de los proveedores locales que ha contratado para que le ayuden  en  la integración y entrega de servicios, y en algunos casos ya los puso en jaque.

Al parecer la presión por la entrega de resultados que le impone el corporativo desde Madrid, ha llevado a la subsidiaria mexicana a buscar utilidades, incumpliendo con sus socios locales. Habrá que ver si esta situación se regulariza por el bien de sus clientes y de las empresas mexicanas que apostaron al crecimiento con Indra, pero que aún no ven claro.