ASL : ¿quién asumirá el costo?

Aunque el viernes pasado la Cofemer, que encabeza Virgilio Andrade, emitió a la velocidad del rayo el dictamen final total sobre las reglas para proceder a la consolidación de las Áreas de Servicio Local (ASL) de 397 a 172, en realidad no ha sido aprobada la resolución definitiva por el pleno de la Cofetel, que preside Mony de Swaan.

El miércoles pasado,  lo que fue aprobado por el voto del presidente Mony de Swaan (voto de calidad) y el comisionado  fue la respuesta al dictamen total no final de la Cofemer, documento que no tiene carácter vinculante y, por lo mismo, puede ser modificado, si así lo determina, por el pleno de la Cofetel.

Lo que sabemos es que la propuesta original de la Cofetel consideraba que el proceso de consolidación iniciaría a seis meses de entrada en vigor y terminaba en 24 meses. Dos años en un proceso creciente que concluiría con la implantación del nuevo sistema numérico a diez dígitos en todo el país, y lapso suficiente para que Telmex de Héctor Slim, pudiera invertir en la modernización de sus centrales y facilitar con ello la interconexión del resto de los operadores.

Sin embargo, la discusión del tema en el pleno de la Cofetel que ha derivado en polémica pública, no incluyó una justificación clara de por qué se amplió el plazo de consolidación a dos años, y al parecer sólo hubo intercambio de comentarios informales de José Luis Peralta –encargado por el pleno de este proceso— argumentando que dado el alto costo de la implantación, se debería extender el plazo a 24 meses.

En el ínter se han presentado tres escritos de Telmex. Uno que se presentó en la mañana del miércoles en la Cofemer, en el que se señala que el dictamen y la resolución no definían cómo recuperaría los costos de la modernización de sus centrales.

En ese escrito, el abogado de Telmex, Javier Mondragón, hacía referencia al proceso judicial que va perdiendo la Cofetel y está relacionado con la resolución de portabilidad.

El abogado de la Cofetel, Adolfo Badillo, no presentó una evaluación clara sobre si el argumento de Telmex, para el caso de portabilidad, pudiera derivar en una contingencia judicial al asimilarse al de consolidación de ASL.

Ese fue el motivo de la diferencia del voto en la Cofetel.

Según el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y su sala especializada en resoluciones de órganos regulatorios, que preside el magistrado Héctor Silva Meza (hermano del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en el expediente 1137/11-EOR-01-5 del 10 de abril del 2012, página 34,  se establece que “lo procedente es declarar la nulidad de la resolución que establece la portabilidad de mayo de 2007, de números geográficos o no geográficos, para el efecto de que la autoridad no le aplique a la demandante la resolución porque no prevé la forma de recuperación de costos, dada la interconexión, por la implantación de la portabilidad numérica, aun cuando cada concesionario debe sufragar costos.

Si ve la polémica, pareciera que la Cofetel tiene la respuesta en sus manos.

Es posible tener una opinión independiente de las empresas como Huawei, Alcatel o Ericsson, por citar algunas, para determinar cuánto cuesta modernizar la red obsoleta para implantar el cambio de numeración y proceder a la consolidación de áreas que dejarán de tener puntos de interconexión (o reventa) y facilitará la interconexión hasta la última milla.

Telmex presentó otros dos escritos. Uno más el viernes argumentando que requiere 52 meses para la consolidación, 16 de preparación y 26 de ejecución, por lo que los votantes a favor en la Cofetel argumentan que el plazo de 24 meses es adecuado, más considerando que el resolver hoy, permitirá que no se retrase de facto la consolidación de ASL, ya que si se esperan a que se instale el IFT, les tomará de facto otros seis meses más.

El tercer escrito, y el más polémico, que envió Telmex, es uno en el que recuerda a la Cofetel que tiene una suspensión actualizada sobre el expediente 25509/06, razón por la que la resolución de la Cofetel estaría violando la disposición judicial que en su momento causó una afirmativa ficta en la administración de  Cerisola sobre la consolidación de ASL.  De hecho, la Cofetel por eso retiró la resolución en su momento para dejar insubsistente la nulidad; sin embargo, la empresa argumentó que el sobreseimiento del juicio no revierte algunos de los efectos de la reclamación.

Mire, yo al escrito le entiendo poco y me parece que es super leguleyo el argumento, pero si son peras o manzanas, violar una disposición judicial es motivo de cárcel.

Conclusión: revisar si Telmex tiene o no recurso judicial a su favor y definir cómo se incluye en el modelo de costos de las tarifas de interconexión para las áreas consolidadas, puede permitir que se avance en un acuerdo que tiene años sin resolverse.

Es evidente que por ahora la resolución puede salir con voto de calidad, pero no creo que la industria deje de combatirla, pues el Todos Unidos contra Telmex  ha cobrado mucha fuerza para el mal del sector.

De Fondos a Fondo

Los tenedores de bonos de Maxcom representados por el despacho de abogados neoyorquino Cleary Gottlieb tendrán un incentivo claro para acudir a la propuesta de refinanciamiento del bono con vencimiento en   2014, pues o aceptan la única propuesta que Ventura Capital de Enrique Castillo y Javier Molinar han mantenido sobre la mesa para refinanciar 200 millones de dólares, a valor nominal y sin hair cut, o se van al Chapter 11 para buscar una mayor recuperación de la empresa que dirige Salvador Álvarez.

La opción A es la mejor, más cuando la empresa mantiene 22 millones de dólares de los bonos y se cuenta con más de 61% de los tenedores a favor del mismo bono que vencen en 2014.

Las posibilidades de recuperar son más si tienes un comprador que adquiere Maxcom en 60 millones de dólares, pero compromete capital por 45 millones, que ir a la  bancarrota con puras aspiraciones de pago.