Crisis real

Es un hecho que dentro del sector vivienda se está atravesando por una crisis, pero que debe ser comprendida en su verdadera proporción, mucho más allá de las opiniones superfluas de algunos opinadores profesionales quienes se van con cualquier ruido o se creen cualquier dictado.

Sí hay empresas constructoras de vivienda que están en problemas como Urbi, Homex, Geo, Hogar, pero porque no comprendieron el cambio en las condiciones del mercado y tomaron malas decisiones financiaras.

El modelo de crecimiento que siguieron se agotó desde finales de la década pasada y si no hizo crisis fue por la decisión del gobierno de Felipe Calderón de iniciar programas de subsidios generalizados para mantener el empleo y, en términos generales, fortalecer la economía.

Sin embargo, muchas de estas empresas, particularmente las tres más grandes, mantuvieron un tren de colocaciones y deuda que no correspondía a la realidad del mercado que estaban viviendo.

Las acciones de Sedatu, lejos de haber causado la crisis, se encuentran en la vía de la solución de los problemas que podrían estarse generando por la vía del contagio con las constructoras de vivienda.

Las empresas más grandes del sector de la construcción, las cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores, representan algo así como 15% del sector y luego existe una categoría de unas 30 más que se convierten en el grueso de un sector que tiene más de 800 empresas y cerca de la mitad de la construcción de vivienda en el país tiene que ver con la autoconstrucción.

Suponiendo, sin conceder, que las tres o seis más grandes empresas de la construcción entraran en concurso mercantil y, eventualmente, quebraran, tampoco se generaría una crisis automática en el sector; sin embargo, sí podría darse por un efecto de contagio y miedo por parte de algunos otros participantes en este sector.

Seamos claros. A raíz de los problemas de las tres más grandes constructoras, todas las instituciones de crédito prendieron focos de alerta sobre este sector (sin importar si cotizan en la BMV o no) y algunos de plano frenaron los créditos en previsión de una crisis.

En este sentido, tanto el secretario de Hacienda como el titular de Sedatu han tenido acercamiento con las instituciones financieras para hacerles ver no sólo que se trata de un problema acotado, que sí existe un riesgo potencial de crisis si se cierran las puertas del crédito.

Paralelamente, el equipo de Luis Videgaray ha sido una suerte de puente para lograr no sólo tranquilizar a los bancos sino hacer que las acciones, correctas, de cobranza por parte de los bancos, no deriven necesariamente ni en todos los casos en acciones legales.

Por otro lado está el programa de garantías por 15,000 millones de pesos que está permitiendo, sin lugar a ninguna dudas, un respiro a las constructoras que, además, están teniendo claridad en las reglas.

Algo que preocupa mucho al gobierno es la actitud de algunos empresarios dentro del sector que no sólo están reacios a meter más recursos para salvar a sus empresas sino que, además, como la familia Nicolás, que están vendiendo las acciones de su empresa mandando un mensaje muy grave al mercado: ya ni ellos confían en sus compañía.

Parecería que los empresarios ya habían aprendido la lección de no vender sus títulos cuando la empresa está en problemas desde que la familia Azcárraga comenzó a vender las acciones que tenía de Mexicana de Aviación, una línea aérea que está cada día más cerca de la quiebra.

Línea

Hay una línea verdaderamente delgada entre el apoyo a las empresas y terminar regalando dinero. El gran reto de los programas de emprendedores, como el que ayer anunció el gobierno de Enrique Peña Nieto, no está en la forma en que se entregan los apoyos o su monto, que en este caso son nueve mil millones de pesos: prácticamente cualquiera puede hacer este tipo de operaciones.

Sin embargo, el verdadero reto está en el seguimiento de las operaciones así como su funcionamiento. Si se hace un análisis de la mayoría de los programas de apoyos a emprendedores, resulta que muchos de ellos no funcionan o la vida de estas empresas es verdaderamente pequeña.

Históricamente la mayoría de los emprendedores, que son apoyados bajo estos esquemas, quiebran antes del primer año, lo cual sólo es una muestra clara de que no están funcionado de una manera adecuada.

Por otro lado, y eso le corresponde en gran medida al Instituto Nacional del Emprendedor, está la evaluación que debe hacerse sobre las reglas de operación que, algunas veces, parecerían diseñadas para no servir.

Ajenas

Parecería que Mony de Swaan se encuentra en una exótica campaña para defender lo que él llama su legado dentro de la Cofetel (cada vez más cercana a su extinción), puesto que ahora dice que en gran medida el éxito del IFT dependerá de lo que se hizo en la comisión que aún preside.

Si realmente hubiera sido una comisión eficiente, a nadie se le hubiera ocurrido desaparecerla. Algunos de los grandes temas se habrían desatorado y hoy habría una mayor y mejor competencia entre empresas de telecomunicaciones, muy señaladamente el caso de la telefonía fija y móvil.

Tan sólo es necesario establecer los dos últimos errores cometidos por esta comisión y que en gran medida tienen que ver con la forma en que es administrada.

Como le hemos señalado en esta columna, fue equivocado que, con el voto de calidad del presidente de la Cofetel, se siguiera alargando la consolidación de áreas de servicio local por dos años más.

Otro, quizá igual de grave, el fracaso que tuvo el programa piloto del apagón analógico en Tijuana. No sólo fracasó por graves errores de cálculo que en todo momento fueron advertidos por los comisionados, sino también porque se eligió una metodología equivocada.

De hecho, ayer mismo tuvo que intervenir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, para hacer definiciones en torno al apagón analógico de Tijuana.

Así, más bien lo que tendrían que aprender los nuevos comisionados del IFT y quienes los propongan es no cometer las fallas que llevaron a la extinción de la Cofetel.