Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

25 Jun, 2013

¡Fiscalización a todo...!, con o sin reforma

Se estima que en México la evasión fiscal ronda 23% del potencial recaudador sin considerar regímenes especiales y, si bien en la última década se ha avanzado, las áreas de “oportunidad recaudatorio” son tan importantes como la reforma fiscal y la eliminación de tratamientos y regímenes especiales para aumentar lo tributado.

Se estima que el padrón de contribuyentes alcanza casi 70% de la PEA, pero la base tributaria apenas rasca 12% del PIB, lo que explica acciones inusuales como la revisión que realizó el SAT, que preside Aristóteles Núñez, a los hangares del Aeropuerto del Norte de Monterrey, y derivó en el embargo de 27 jets ejecutivos y un helicóptero.

Según la DGAC, que lleva Alejandro Argudín Leroy, el total de aeronaves privadas que registra el parque de matriculado en el país es de seis mil 632 aeronaves, que incluso triplican las aeronaves de la aviación comercial (dos mil 166) y supera en casi 12 veces las 569 aeronaves de uso oficial (gobierno).

Hay 76 aeropuertos entre nacionales e internacionales, pero mil 388 aeródromos y, hay 408 helipuertos, sin embargo, no encontré en la información histórica de la DGAC cuántos helicópteros hay en el país. ¿Se da cuenta del potencial recaudatorio?, pues si de sólo una revisión en Nuevo León derivó en 27 embargados por no contar con los permisos, ya se imaginará el potencial de recaptura de IVA y recargos que esto traería consigo.

De hecho, esas seis mil 632 aeronaves, hacen que la flota de aviones privados en el país sea ¡la segunda más grande a nivel mundial!, superada sólo por Estados Unidos con 11 mil 200 aeronaves, entre jets ejecutivos, taxis aéreos, helicópteros, ambulancias aéreas, etcétera.

Este tipo de transporte, tiene el mismo régimen aduanero de los yates, pues ingresan al país con un pedimento temporal (como el de las maquiladoras) que tiene vigencia de diez años, pero tiene también como excepción que no paga IVA, no se puede vender (al menos en teoría), tiene vigencia de diez años el permiso de importación y, transcurrido ese tiempo, no puede sacarse otro pedimento, se tiene que realizar la importación definitiva y pagar IVA.

Por lo que sabemos ya se realizó un operativo similar en el Aeropuerto de Toluca y, se vienen otras revisiones de rutina para certificar que los vehículos aéreos tengan el pedimento y se encuentren dentro del plazo de internación temporal, o que cuenten con el documento de internación definitiva con el pago de impuestos correspondiente.

De no pasar la prueba de diez días, para que los dueños demuestren la estancia legal, pues pasará a ser parte del remate del SAE, ya que en recurso se lleva a cabo un juicio que hoy ¡tarda tres meses!

Por ello no nos extraña que el SAT diera a conocer el criterio normativo del outsourcing, pues por ahí se sabe que los “servidores de la evasión” están ofreciendo en algunos municipios del país, un nuevo “servicio” de planeación fiscal para incrementar salarios con un disque “seguro de indemnización”, que lo que hace es omitir el pago total o parcial del ISR por sueldos y salarios, al simular que se trata de indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades, cuando las mismas realmente corresponden a salarios u otras prestaciones que derivan de una relación laboral.

El outsourcing es una buena alternativa de eficiencia, pero también las empresas lo usan para que les “aporten” personal con las mismas características que tienen los empleados, pero evaden el pago de impuestos por salarios. Si el tercero lo paga por ellos no hay problema, pero cuando no lo hace, los dos configuran delito fiscal.

La nueva modalidad que les cuento, que usa indebidamente la exención del artículo 109, fracción II de la Ley de ISR, se las ofrecieron a entidades federativas y municipios para que les paguen a sus empleados con “seguros de indemnización” o ¡con becas!, que tienen el mismo tratamiento fiscal.

Así que ni lo dude. La imaginación abunda, pero al fiscalizador no le está temblando la mano.

De Fondos a Fondo

No sorprende la decisión de José Luis Peralta Higuera de abstenerse de participar en el proceso de selección de los nuevos integrantes del IFT. El Comité de Evaluación que integran el presidente del INEGI, Eduardo Sojo; el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Sylvia Schmelkes, idearon un “proceso de concurso de oposición académico”, que ninguno de ellos, en tanto integrantes de las juntas de gobierno de organismos autónomos, pasó. No creo que hayan tenido que presentar cartas de no antecedentes penales, o pasar un examen de conocimiento de cuatro áreas que de por sí requieren especialidad total como la economía, el derecho o la ingeniería.

Peralta había dicho que participaría en el proceso, pues con 23 años en él y tras haber aspirado a presidir la Cofetel (algo a lo que debe aspirar un profesional para culminar una carrerea de servicio púbico en este complicado sector), se consideraba un buen candidato para la nueva etapa.

Pero no fue así. Ayer decidió comunicar que no va. Y es lógico, porque independientemente de que algunos de los miles de inscritos que no tienen ni idea del sector pasen el ejercicio de concurso de oposición inventado por un Ciro Peraloca, y aún suponiendo que saque la máxima calificación, y llegue a estar en la terna o quinteta presentada, el presidente Enrique Peña eligirá, lo que hace muy incierto el esfuerzo de desgaste y, finalmente, faltará la ratificación en el Senado y el ánimo partidario del Pacto por México.

En estas condiciones, como dicen por ahí. Hasta para los que no están en Cofetel y la CFC, es preferible darle la vuelta a la hoja, pues existe la convicción de que el proceso de selección es “una pantalla” que no asegura la selección del mejor candidato, sino la limpia de comisionados actuales de los dos órganos de regulación económica.