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LA MUELA, España. En los buenos tiempos, la exalcaldesa de este pueblito, expuesto al viento, con 5,000 habitantes, en el norte de España, estaba ocupada construyendo: el museo del aceito de oliva, el del viento, el de la vida. Como si eso no fuera suficiente, estaba la nueva plaza de toros, el centro deportivo con 25,000 lugares y el zoológico con un parque de aves exóticas.
La exalcaldesa, María Victoria Pinilla, parecía prosperar también en lo personal. Tres casas majestuosas tomaron forma en el lote de la familia. Había un departamento en Madrid, una casa en la playa y una para vacacionar en la República Dominicana, junto a la de Julio Iglesias.
Ahora, la barda del complejo de la familia de la exalcaldesa está en mal estado, y conjuntos habitacionales a medio construir quedaron abandonados en las afueras del pueblo. Y, el mes pasado, Pinilla, de 57 años, se convirtió en tan sólo una más en un creciente montón de funcionarios políticos que enfrentan cargos por corrupción en España.
Investigadores calculan que ella y algunos de sus familiares acumularon unos 24 millones de dólares, en su mayor parte, mediante turbias transacciones con terrenos en los años del auge español. Al registrar su propiedad, la policía tuvo que pedir prestada una máquina para contar billetes a un banco local, porque se encontraron 485,000 dólares en billetes.
Durante décadas, se había aceptado la corrupción en el sur de Europa como un hecho de la vida, una forma de repartir el botín, y pocas personas – incluidos, en algunos casos, los fiscales – lo pensaban dos veces. Sin embargo, la demoledora crisis económica, por la cual se estancaron los proyectos y se acabó el flujo de efectivo, ayudó a correr el velo de la corrupción de los funcionarios, exponiendo los sobornos, favores secretos y otras triquiñuelas a una escala que imaginaron pocos.
En un momento en el que España, Italia, Grecia y Portugal imponen planes de austeridad para reducir los déficits a sus ciudadanos, ya duramente presionados, estas revelaciones de corrupción política generalizada están atizando un amargo resentimiento, desestabilizando gobiernos y debilitando la credibilidad de la clase política en su conjunto.
La corrupción no causó la crisis en la eurozona, pero los problemas económicos persistirán, dicen expertos regionales, mientras estos países no se rehagan para ser sociedades modernas con economías eficientes y competitivas.
“Es el desafío clave”, dijo Miklos Marschall, el subdirector de administración de Transparencia Internacional. “La clase política no tiene ningún respeto en el sur de Europa. Es necesario reconstruir a las instituciones públicas necesitan, paso a paso, para que el gobierno pueda ser un actor creíble”.
España no es el país más corrupto de Europa, ni mucho menos – se considera que Grecia e Italia son más _, pero el mero volumen de los casos de corrupción política aquí está demostrando ser profundamente vergonzoso.
Jueces en España investigan ahora a unos mil funcionarios, desde alcaldes de pueblitos, como Pinilla, hasta ex ministros del gabinete. Incluso, el primer ministro conservador, Mariano Rajoy, aparece en una lista de los incondicionales de su partido que supuestamente aceptaban pagos por debajo del agua.
La familia real tampoco ha sido inmune. Se citó a declarar al yerno y a la hija del rey Juan Carlos en una indagatoria por corrupción que comenzó con la investigación de funcionarios de las Islas Baleares. Hay tantos escándalos que a algunos periódicos les ha dado por organizar prácticamente todos los acontecimientos en un formato de lista rápida, en lugar de escribir artículos completos.
Algunos expertos creen que todavía falta mucho por venir, el resultado en España de una estructura política que pone un poder enorme en manos de funcionarios locales. Muchos de ellos pueden otorgar contratos de adquisiciones o rezonificación de terrenos con poca o ninguna consulta.
“En la comida pueden decidir que vas a ganar 100 millones de euros”, cerca de 131 millones de dólares, dijo Manuel Villoria, un catedrático de ciencia política en la Universidad de Juan Carlos en Madrid, quien está elaborando un informe sobre la corrupción española para la Unión Europea. “Así es que podían pedir lo que querían. Era frecuente que no fuera para ellos. Era un departamento para una hija o para los hijos de una hermana”.
Pareciera que ningún partido político es inmune. Un juez de instrucción encarceló a siete personas, incluido un militante del Partido Socialista de los Trabajadores de España, en un escándalo que involucra el uso de fondos para el desarrollo regional para el pago de falsas pensiones de retiro temprano hasta para 100 personas. Sin embargo, muchos de los casos se parecen más al de La Muela, donde los funcionarios locales se enriquecieron con la planeación de grandes desarrollos. Parte de este dinero se canalizó a sus partidos políticos, dicen expertos.
A diferencia de Grecia, la corrupción no es una forma de vida en España. La mayoría de los españoles hace su vida normal sin nunca pagar un soborno. Sin embargo, expertos dicen que la concentración del poder en manos de funcionarios regionales y municipales, así como sus vínculos con los bancos locales de ahorro crearon las condiciones ideales para la corrupción durante los años del auge en las construcciones.
No ha pasado el peligro, dicen. Es posible que nuevos sectores del comercio tomen su lugar pronto. Por ejemplo, Villoria escribe en el borrador del informe que el sistema de atención de la salud, ahora en proceso de privatización, podría, fácilmente, tomar el lugar de la construcción en los futuros escándalos, a menos de que se efectúen cambios.
Ya se habla de reformar las leyes de financiamiento a los partidos y de transparencia del país para aumentar las sentencias por corrupción y fortalecer la independencia de los auditores. Al mismo tiempo, muchos expertos dicen que se necesita hacer más para reforzar a un sistema judicial insuficientemente financiado, que permite que pasen años para que se resuelvan los casos de corrupción.
La justicia no se ha movilizado con rapidez tampoco en el caso de La Muela. La actual alcaldesa del pueblo, María Soledad Aured de Torres, recuerda el día de 2009 cuando 200 policías rodearon el complejo de Pinilla y su oficina en al ayuntamiento, y paralizaron las actividades durante horas.
No obstante, Pinilla regresó pronto a trabajar y concluir su mandato en los dos años siguientes. El juez instructor Alfredo Lajusticia, terminó la investigación apenas el mes pasado, y concluyó que se debería juzgar a Pinilla por malversación de fondos públicos, evasión fiscal y lavado de dinero, entre otras acusaciones. Es probable que sean más de 40 las personas que enfrenten cargos, incluidos familiares, servidores públicos, constructores y contratistas. La Muela se parece en algo a un pueblo fantasma hoy día. En los campos de los alrededores, espectaculares borrosos anuncian unidades habitacionales que nunca se construyeron. Un hotel sin terminar se levanta desalentadoramente en un extremo del centro del pueblo y el zoológico casi vacío en el otro.
Pinilla, quien fue la alcaldesa 25 años, sostiene su inocencia. Hace poco, afuera de su casa, su hijo Víctor Embarba Pinilla, a quien también es probable que lo enjuicien por lavado de dinero, uso de información privilegiada y evasión fiscal, dijo que los abogados le han dicho a su madre que no hable con reporteros. Señaló que ella no hizo nada malo.
También comentó que los informes sobre la riqueza de su familia son muy exagerados, pero el informe de 70 páginas de Lajusticia describe un panorama condenatorio. El juez ha incautado 127 propiedades de varios acusados en la causa, incluidas 80 que pertenecen al exmarido de la alcaldesa. El siguiente en la lista, con cerca de 25, es el primo de ella.
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