Propuesta Pérez Motta de reforma a la LFCE

Causó una enorme sorpresa el entuerto entre los comisionados integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia, que preside Eduardo Pérez Motta, el conocer a través de un comunicado de prensa que se enviaría con fecha 25 de junio, la propuesta de Adecuaciones a la Legislación Secundaria en Materia de Competencia Económica (dada la reforma constitucional recientemente promulgada), que fue elaborada por las “áreas técnicas de la CFC”, léase, la presidencia y la secretaría técnica.

Evidentemente, la opinión “institucional” no consideró a  la opinión particular de quienes son comisionados ni siquiera porque  elaboran ponencias y aplican la ley. Eso sí, se envió el escrito al presidente Enrique Peña, a los presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, a los dirigentes de los tres partidos firmantes del Pacto por México, e incluso a los secretarios de Gobernación, Hacienda y Economía (todavía es un órgano desconcentrado), y a Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, y a los tres coordinadores parlamentarios en las cámaras de Senadores y Diputados. Todos son importantes menos los pares.

Si algo hay que corregir en el nuevo IFT y en la CFC es la posibilidad de que los organismos autónomos se conviertan en virreinatos regulatorios, pues eso ha generado confrontaciones innecesarias, porque operan como secretarías de Estado en lugar de órganos de gobierno colegiados.

Sobre el contenido de la propuesta, le comento que la mayor sorpresa es para los representantes del sector privado  y el Congreso, porque va más allá del espíritu de la reforma constitucional.

El documento llegó con la misma fecha en la que se celebraría la XXXI Asamblea General Ordinaria del CCE, en la que fue reelegido en la presidencia Gerardo Gutiérrez Candiani, y en la que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a la integración del Consejo Consultivo Empresarial (que decretó ayer), “un efectivo y eficiente mecanismo de interlocución permanente entre el gobierno de la República y el sector empresarial con el objetivo de dinamizar la economía de forma estable e incluyente”.

La propuesta Pérez Motta no sólo propone incluir la palabra “Económica” en su nombre o realizar los cambios ‘mínimos’”, sino afinar sus “capacidades” autónomas que para algunos tienen visos de  metaconstitucionales.

Se propone en el artículo 13 una modificación aparentemente irrelevante. El ordenamiento vigente dice que para “determinar la existencia de poder sustancial de dos o más agentes económicos que se ubiquen en los supuestos en materia de prácticas monopólicas relativas en un mismo mercado relevante, la Comisión deberá “acreditar” los siguientes elementos”…

La propuesta Perez Motta sustituye la palabra “acreditar” por “considerar”, lo cual cambiaría de forma importante la necesidad de probar la existencia del poder sustancial antes de tomar una decisión que puede llevar a la desinversión de activos. Un segundo elemento que fue comentado con “molestia” es que sin que lo incluya la reforma constitucional, se interpreta de forma “convenenciera” el párrafo 13 del reformado artículo 28  que le otorga a la CFCE “facultades para eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia”.

La ley vigente establece en su artículo 14, que la CFC “de oficio o petición de parte, podrá emitir un dictamen cuando considere que las autoridades estatales o municipales hayan emitido normas o realizado actos cuyo objeto o efecto, directo o indirecto”, inhiban la libre concurrencia o competencia.

La propuesta Pérez Motta sugiere a los legisladores que le otorguen una metafacultad: “La Comisión, de oficio o petición de parte, podrá ejercer la acción constitucional correspondiente cuando considere que el Congreso de la Unión, las autoridades federales, estatales o municipales hayan emitido normas o realizado actos cuyo objeto o efecto, directo o indirecto, ya sea el establecimiento de restricciones injustificadas al comercio de forma contraria a lo dispuesto por las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o una afectación al proceso de libre competencia y concurrencia de forma contraria a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. ¡Esa facultad no la tiene ni el Poder Judicial! y la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad es facultad entre poderes federales, no de órganos autónomos.

El presidente comisionado de la Cofetel está en su derecho de opinar, pero sólo estas dos propuestas causaron una gran preocupación entre el empresariado, que ayer vivió un voto mutuo de confianza cuando el mismo presidente decía a Gutiérrez Candiani que esperaba que el nuevo Consejo permitiera estrechar “aún más la buena relación que tenemos con las distintas organizaciones empresariales, que están hoy aquí representadas y seguramente de varias ausentes, pero que con todas guardamos una muy buena relación, a través del diálogo, el respeto y la definición de una agenda de temas compartida”.

El mismo Gutiérrez Candiani ratificó al Presidente y a los integrantes del Pacto por México que están dispuestos a acompañar el esfuerzo de cambio, reforma estructural y fortalecimiento del mercado interno, pero sin “sorpresas”.

Lo que sí molestó entre los comisionados del pleno de la CFC fue la propuesta de reforma al artículo 20, fracción III, segundo párrafo, ya que en lugar de que se permita al legislador o a los proponentes de la reforma establecer una clara definición de funciones del pleno, la administración y la presidencia del organismo para garantizar la colegiación, se propone eliminar el vocablo “Comisión” por el de “secretario ejecutivo”, y en la propuesta de reforma al artículo 21, sugiere dar por terminada una polémica que se ha sostenido sobre la necesidad de involucrar desde las etapas finales de una investigación a los comisionados ponentes para que sus propuestas al pleno tengan mayor solidez.

La propuesta Pérez Motta sugiere el cambio así: “La investigación correrá a cargo del secretario Ejecutivo y la resolución estará a cargo del Pleno. La notificación se hará por escrito dirigido al secretario Ejecutivo…” Y se acaba la discusión…

De Fondos a Fondo

Ante la falta de una definición clara del calendario para ejecutar el Programa de Televisión Digital Terrestre a concluir a finales de 2015, Tristán Canales, presidente de la CIRT, reiteró que “para la industria de la radio y televisión, “es fundamental que el denominado apagón analógico se dé en las mejores condiciones para el país y para la Industria”, condiciones que deben privilegiar las necesidades de comunicación de los ciudadanos que son, y deben seguir siendo, el centro de atención de toda política pública”. Estuvo presente Andrés Chao Ebergenyi, de RTC de la Segob.