Reestructuración de NL... ¿por qué no concluye?.. a medias

Una de las reestructuraciones estatales que ha sido particularmente complicada porque le han revisado todas las áreas, competentes o no, del gobierno federal y los bancos, ha sido la del gobierno de Nuevo León, que encabeza Rodrigo Medina.

Asesorados por Evercore de Pedro Aspe, finalmente el viernes pasado concluyó la reestructuración del gobierno por unos 35 mil millones de pesos incluyendo el Instituto del Control Vehicular (ICV), donde algunos bancos se suben y otros se bajan.

Se sabe que Banorte de Guillermo Ortiz o Bancomer, que encabeza Luis Robles, se suben, pero otros deciden no hacerlo, porque prefieren reducir su exposición a banca de gobierno y esperar a las nuevas reglas de contratación bajo la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios que se presume se votará en el periodo extraordinario de julio.

Dicen que Nuevo León estaría firmando en el curso de una o  dos semanas con los bancos que han aceptado reducir el monto, extender el plazo y acercar la tasa a la TIIE. Pero también hay versiones rarísimas que buscan comprometer de forma adicional la negociación del gobierno con compromisos de “manejo de caja” con proveedores y factoraje. Sumado todo el pasivo, Nuevo León debería como 52 mil millones de pesos, pero en deuda

Lo curioso es que se esperaba que también se resolviera la decisión de pago anticipado de la deuda que tienen la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León con Banobras, que dirige Alfredo del Mazo, sobre el llamado periférico, el “inactivo” carretero que ha sido rescatado por el gobierno del estado, pero no puede modernizarse, ampliarse, mejorarse ni mucho menos ser un verdadero activo de comunicación terrestre entre Saltillo y Cadereyta.

Más aún, se podría construir el segundo tramo que permita librar hacia Nuevo Laredo y Reynosa sin tocar la zona metropolitana, como lo comprometió el presidente Enrique Peña y el gobernador. Lo importante es posibilitar la baja de una de las tarifas más caras de la red de carreteras de peaje del país, que se traduzca en mayor aforo, mayor ingreso para mantener y mejorar la vía y, eventualmente sustituir la deuda que fue contraída en la administración Salinas, revendida en la crisis bancaria y, a la que ninguna administración priista o panista le quiso entrar para resolverla, simplemente decidieron patear el bote hasta ahora que la rescató (puso estatizarla y no lo hizo), el gobierno de Medina.

Desde 2011, como parte de los compromisos asumidos con la Caintra de Nuevo León, que preside Álvaro Fernández, para mejorar la vialidad de peaje, el gobierno de Medina rescató el periférico y todos los acreedores (tenedores de bonos que recibieron puntualmente dinero sin poner un quinto en más de 20 años para mantener la carretera en condiciones adecuadas) recibieron su pago, con excepción de Banobras, donde pareciera que no importa el que la  terminación de la reestructuración permita bajar la tarifa de peaje y darle sustentabilidad financiera y de aforo a éste que hoy, es casi un inactivo productivo.

Sólo recordemos que cuando Medina aplicó el ajuste del gasto, uno de los compromisos con el empresariado (el periférico comunica a toda la zona industrial que está alrededor del Aeropuerto de Monterrey, pero no se usa como debiera por su alto costo y ha saturado el libramiento y una parte de la zona metropolitana), para mejor aceptar el aumento del impuesto a la nómina, fue que con el rescate de esta carretera bajaría el peaje.

¿Qué detiene la decisión? Parece que alguna “burócrata-mente”, piensa que Banobras debiera tener un “upside” asegurado y eso nos lleva a preguntar: ¿no que ha cambiado el objetivo y la mentalidad de quienes administran la banca de desarrollo?

De Fondos a Fondo

Fíjese usted que ayer, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y bajo la vigilancia de Guillermo Eduardo Roca Santoscoy, secretario de Acuerdos y Asuntos Colectivos, comenzó el proceso de conciliación entre Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, y el Sindicato de Sobrecargos de Ricardo del Valle.

El dictamen que elaboraron los expertos independientes como parte del conflicto de naturaleza económica es contundente en el sentido de que el costo para Aeroméxico es alto y, que la mejora que tendría en el tiempo con la modificación de las condiciones contractuales de los nuevos entrantes, le darían sostenibilidad a la empresa. 

Sé que Ricardo del Valle y sus representantes legales, encabezados por Arturo Alcalde (esposo de la ex contralora de AMLO), conocerán primero el contenido del dictamen antes de que la Junta emita el laudo, por derecho de audiencia, pero un elemento relevante de las reacciones de los últimos dos días de la semana pasada, es que ni el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida se deja amedrentar con aquello de que “te paralizo la terminal II”, ni tampoco se deja presionar por la empresa para que se agote la instancia de negociación.

A propósito de aviación. Le anticipo que Banorte de Alejandro Valenzuela le informó a la juez Edith Alarcón, que no va con el convenio que propuso Gerardo Badín en relación con el MRO. Simplemente se baja.

Badín, por lo que dicen, no respondió a solicitudes de información que le realizó la SCT de Gerardo Ruiz Esparza sobre posibles inversionistas para Click y Mexicana ni tampoco entregó el plan de negocios viable.

Mucho menos los “convenios” actualizados con acreedores, salvo los que usted sabe que no tienen sustento y, Banorte, Bancomext de Enrique de la Madrid, ASA Gilberto López Meyer, AICM de Ernesto Sarabia. La última fue que la SCT cuya subsecretaría de Transporte lleva Carlos Almada, no tuvo empacho en responderle a la jueza que la propuesta de Badín no tiene sustento, pero no vetó nada, simplemente le deja a la juzgadora y a su administrador la carga de la prueba. La única propuesta del gobierno sobre la mesa es rescatar el MRO y algunos activos, como las marcas, para que aumente la masa de liquidación a favor de los trabajadores.