Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

18 Jul, 2013

Basura: ¿Dónde queda la inversión programada?

Más de 4.4 millones de millones de pesos en infraestructura para el desarrollo que programa la administración del presidente Enrique Peña, y un solo referente a la inversión en rellenos sanitarios.

Fíjese usted lo alarmente. Se destina anualmente para el gasto en salud alrededor de 1.1 billones de pesos en este país, lo que se va a invertir en el programa de infraestructura de la SCT, que comanda Gerardo Ruiz Esparza, y nadie advierte que el gasto para cubrir enfermedades gastrointestinales representa 10% del gasto en salud y, otro 44% a enfermedades respiratorias.

Del gasto en salud, según la cuenta satélite del sector salud que elabora el INEGI, 45.7% se realiza en los hogares, obviamente entre más pobres, más expuestos a la enfermedad y el gasto.

Según el diagnóstico básico para la Gestión Integral de Recursos de diciembre de 2012, en nuestro país se generan aproximadamente 37.5 millones de toneladas/ año de residuos sólidos urbanos, 84 millones de toneladas/año de 14 corrientes de residuos de manejo especial (RME), de 805 mil vehículos/año al final de su vida útil y 1.9 millones de toneladas/año de residuos peligrosos (RP), pero solamente hay 238 rellenos sanitarios, se estima que hay mil 650 tiraderos a cielo abierto.

El diagnóstico se sustenta en información de sólo 46% de los municipios del país y, en la gran mayoría los sistemas de acopio son tan ineficientes como extendida la práctica de aparición de tiraderos clandestinos.

Un relleno sanitario cuesta entre dos millones y cinco millones de pesos, que multiplicados por mil 650 tiraderos a cielo abierto a un promedio de 2.5 millones, estaríamos hablando de cuatro mil 125 millones de pesos.

Si considera que la inversión que se pudiera destinar a través del ramo 16 del presupuesto para que cada municipio del país, representaría el 0.004 del gasto invertido en salud. A eso se le llama economía de la infraestructura, ¿no?

No sólo lo que se mueve, traslada, conecta, vuela, comunica es infraestructura, sino también la que no se ve, pero se siente con todo el rigor de sus efectos.

A nivel estatal, 84% de las entidades federativas ya cuentan con su Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, o su equivalente, mientras que otro 6% lo está elaborando; de manera que sólo 10% tienen esta tarea pendiente.

Paradójicamente en algunas de ellas los municipios se han adelantado a elaborar el suyo utilizando como referencia el Programa Nacional.

A partir de 2009, los recursos públicos federales fueron aplicados a través del Ramo 16 principalmente, y sus diversos Anexos (31 para 2009, 34 para 2010, 31 para 2011 y 36 para 2012), pero el gran tema es que de los recursos asignados, unos mil 995 millones de pesos el año pasado, sólo 15% de los recursos se usaron para rellenos sanitarios, el resto se fue a parar a tiraderos abiertos o clandestinos.

De Fondos a Fondo

Por cierto, el que anda en Rusia es el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Hoy participa en la reunión de ministros de Economía y Finanzas del G20 junto con el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. Esta reunión es preparatoria de la Cumbre de San Petesburgo que se realizará a principios de septiembre y a la que asistirá el presidente Peña.

Interesante, porque la propuesta que lleva el secretario Navarrete al G20 es la de unificar políticas públicas en el área de finanzas y trabajo que atiendan la creación sostenible de empleo e incentiven la migración a la formalidad del trabajo. Seguramente platicará de la reforma laboral, el Pacto por México y la posibilidad de que la reforma fiscal se oriente a apoyar ese tránsito informalidad-formalidad, que es uno de los lastres competitivos del país.

Y a propósito del retaso en la aceptación del dictamen pericial en el conflicto colectivo de naturaleza económica de Aeroméxico, que preside Eduardo Tricio, y dirige Andrés Conesa, en contra del Sindicato de Sobrecargos de Aviación (ASSA) de Ricardo del Valle. Se ha hecho pensar que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje rechazó el dictamen suscrito por 8 de 9 peritos y, nada más alejado de la verdad.

Nos comentan que dos peritos pidieron más información y decidieron dar tiempo para su procesamiento, pero que en la próxima semana estará listo. Y si, el sentido apunta a que en el tiempo, los costos laborales sacan de competencia a la empresa. Sólo considere el dato: el salario tabular de un sobrecargo en Aeroméxico es de 16 mil 775 pesos, pero con prestaciones, seguro de gastos médicos, viáticos, etc, etc., se eleva el costo a 82 mil 102 pesos. El del sobre cargo en Volaris es de 11 mil 632 pesos y, con todas las prestaciones, seguros, viáticos, impuestos, etc., sube a 38 mil 500. Ese costo se traslada al precio del pasaje.

Para los bisoños que pretenden señalar que Banorte, que preside Guillermo Ortiz, dirige Alejandro Valenzuela, no tuvo el apetito de la inversión nacional e internacional para levantar tres mil millones de dólares inicialmente estimados por inversionistas, recordemos que desde que se efectuó la asamblea de accionista del 3 de julio, la autorización concedida de acuerdo al estatuto fue por 340 millones de acciones, ya que el capital social variable no puede exceder más de diez veces el fijo.

La estimación de tres mil dólares se hizo a un precio cercano a 90 dólares y un tipo de cambio cercano a 12.3 pesos por dólar y, pues en el inter, Bernanke sacudió el mercado. Al final la colocación salió por dos mil 500 millones de dólares con una demanda de ocho mil 500 millones de dólares, que dejan al grupo sin capital apalancado, sin IFC de socio y con capital suficiente para crecer.

La oferta original fue 350 millones de acciones con opción de 15% de sobre asignación, con todo y ello el monto y por la demanda se llevó a 447.4 millones de acciones con todo y sobreasignación, que es el máximo permitido por estatuto social.

La demanda fue por ocho mil 500 millones de dólares.