José Yuste

Activo empresarial

José Yuste

23 Jul, 2013

Informalidad, el reto apenas inicia

La economía mexicana tiene seis de cada diez trabajadores dentro de la economía informal. Podemos decir que la economía informal es una economía totalmente paralela a la formal y ahí existen todos los huecos de ilegalidad como piratería y lavado de dinero. Combatir la informalidad pasa, necesariamente, por alentar la economía formal y la generación de empleos, temas olvidados desde hace dos décadas.

Diagnóstico, medidas y falta crecer

El presidente Peña, por lo menos, tiene claro el diagnóstico: 60% de los empleos del país son informales. Plantea la colaboración de entidades federativas, de secretarías de Estado y del IMSS. Y desde luego menciona que va a ayudar la reforma laboral a generar más empleos, la reforma financiera para prestar a las pymes, y el Comité de Productividad. Sí ayudarán, pero no son suficientes. Debemos crecer más, hacerlo con calidad y en sectores intensivos de mano de obra.

Sólo falta ver lo sucedido en España, una economía con gran impulso durante 30 años pero que fue sostenido por la construcción. Después de la llamada “crisis del ladrillo”, no hubo un sector que pudiera retomar el papel de la construcción, con todo y que ayudó la reforma laboral para flexibilizar los costos de contratación.

Política sectorial y de pymes vs. informalidad

En México se necesita una fuerte política industrial dirigida a la pequeña empresa y sectores intensivos en mano de obra. Hemos logrado algunos sectores exitosos, como el automotriz y aeronáutico, en donde hay cadenas productivas, pequeñas proveedoras, y centros educativos para traer la tecnología y capacitar al personal.

El tener un buen diagnóstico desde luego es un buen inicio. Falta plantear una política sectorial y de apoyo a las pymes, con la cual se generen más y mejores empleos en sectores poco productivos, como por ejemplo, el agropecuario o el comercial.

Slim y Telefónica en E-Plus

La globalidad origina ser socios en algunos países y ser competidores en otros.

Desde hace tiempo Carlos Slim ha estado invirtiendo fuerte en la compañía holandesa de telecomunicaciones, KPN. Hoy en día es poseedor de 24.5% de la empresa con ramificaciones en Europa.

Bueno, pues el negocio le resultó a Slim. Telefónica busca comprar una filial de la holandesa KPN. Se trata de la compañía de telefonía móvil, E-Plus, con gran presencia en Alemania.

Telefónica, presidida por César Alierta, de entrada pagaría seis mil millones de euros para una fusión valorada en unos 16 mil millones de euros. La información fue divulgada por The Financial Times.

Para Telefónica significaría la entrada al principal mercado europeo, el que no está en crisis y con mayor producto per cápita, el alemán. Para Slim representaría un buen negocio.

Socios allá, competidores acá

Aunque Slim y Telefónica sean socios en Alemania, no quiere decir que tengan buena relación en México, en donde se han encontrado sus posiciones.

Más allá de la posición de cada uno, la reforma en telecomunicaciones obligaría al operador dominante a desagregar su bucle local (permitir que otras compañías utilicen su red), así como dejar en claro que los nuevos o más pequeños competidores deberán jugar más con inversiones y menos en tribunales.

Así que allá podrán ser socios, pero aquí en México y en toda América Latina son competidores.

Cerrarían empresas por software

Más vale la pena ponerse al corriente en el software utilizado por las empresas, que lamentablemente han empleado programas pirata. Y hablamos de empresas medianas y grandes, que desde luego podrían comprar un programa original.

El director general del IMPI, Miguel Ángel Margáin, nos confirma que ellos seguirán con ese tipo de revisiones, como la hecha en Querétaro, donde cerraron una empresa por no permitir el paso a los inspectores del IMPI. Pero alerta que no es nada sorpresivo, pues incluso envían una carta previa para que sepan que van a llegar y puedan poner en orden sus programas.

Por otro lado, está la legislación en ciernes en EU, con la cual se impediría que varios estados de aquel país pudieran importar mercancías de empresas que utilicen software pirata. De aprobarse, las empresas mexicanas exportadoras, todas, desde la más pequeña hasta la más grande, deberán utilizar programas originales.