David Páramo

Análisis superior

David Páramo

25 Jul, 2013

Criterios de selección

Si revisa quiénes son “propuestos” por los opinadores del sector de las telecomunicaciones para ocupar una de las 14 plazas que se abrieron, ya sea como comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y, en particular, del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se encontrará con perfiles muy curiosos o que, en el menos malo de los casos, no entienden el perfil de la comisión y mucho más del instituto que ha sido más atractivo para los comentarios.

Si bien es cierto que el Comité de Evaluación habla de profesionistas sin especificar en qué materias resulta verdaderamente absurdo creer que sociólogos, politólogos, matemáticos y hasta uno que otro antropólogo podrían tener ventajas sobre economistas, abogados o ingenieros.

Sin embargo, no le extrañe que cuando el Comité de Evaluación informe sobre las profesiones de los aspirantes para este cargo se sorprenda por algunos. Alguien decía de broma que hasta veterinarios podría haber, lo cual no estaría tan mal si se considera la clase de animales que han estado al frente de la Cofetel y la CFC.

De hecho, particularmente los opinadores de izquierda desearían ver en el IFT a gente que tiene experiencia profesional en áreas sociales, incluida comunicación o periodismo, porque de una extraña manera creen que el organismo que sustituirá a la Cofetel tendrá que ver con la libertad de expresión o que su única misión será la licitación de dos cadenas nacionales de televisión.

Quienes sostienen este tipo de visiones pueden equivocarse por dos razones: la más probable es que desde el tabique en el que están parados se marean y no pueden ni siquiera interpretar lo que imaginaron los iluminados del Pacto por México.

Si piensan que desde el IFT podrán luchar contra el monstruo de dos cabezas, la autocensura, los poderes fácticos y abrir espacios de libertad de expresión o cualquiera de esos mantras que repiten hasta el vómito, pues también están equivocados.

La libertad de expresión, por ejemplo, es un derecho tutelado por la Secretaría de Gobernación y en ninguno de los artículos que crean al IFT se habla de que esa sea su misión.

La segunda razón, mucho más vil, es que quieren colocarse ellos o sus cuates. Que creen que al final del día los partidos políticos, particularmente los de izquierda podrán colar a personas como si se tratara de cuotas de poder.

No vale la pena debatir mucho sobre el contrasentido que habría sido desaparecer la Cofetel supuestamente porque tenía cuotas de poder de los partidos políticos y los poderes fácticos (una frase de moda que no describe nada) para hacer un instituto en el que también se repitieran esas malas prácticas.

Lo que sí es relevante es tener claro que se trata de organismos de carácter técnico y regulatorio por lo que se requiere a expertos en la materia y no a santones y visionarios.

Sin embargo, mucho más allá de las opiniones hay signos que hacen mantener una fundada esperanza de que el Comité de Evaluación nombrará a personas con el perfil adecuado.

Es difícil que instituciones de elevada autoridad moral como Banco de México y el INEGI pudieran prestarse a ser parte de un juego o una simulación. Tanto Agustín Carstens como Eduardo Sojo son hombres que conocen perfectamente el valor de la autonomía, que prácticamente todos los días dan muestras de su convicción para defenderla y que no se dejan amedrentar por las presiones.

La seriedad que le ha dado Banco de México ha este proceso de selección se muestra con el hecho de que al frente de este tema está Rafael del Villar. Este hombre no sólo es uno de los más profundos conocedores del sector de las telecomunicaciones y la competencia sino que, en todo momento, ha demostrado que es un hombre incorruptible y de una sola pieza.

Desprecio

Quizá ni Mony de Swaan y Eduardo Pérez Motta se merecen la manera grosera, en el menos malo de los casos desconsiderada, en que fueron hechos a un lado los comisionados de la Cofetel y la CFC.

Bien o mal quienes eran funcionarios públicos que hacían un trabajo. En un arranque del Pacto por México se decidió que todos eran prescindibles o que tendrían que volver a demostrar su valía.

La inmensa mayoría de los comisionados decidieron no seguir en un proceso que algunos consideraron humillante o, por lo menos, indigno. Hubiera sido mejor que en caso de querer quedarse hubieran tenido algún tipo de derecho al tanto o alguna clase de deferencia.

No hay duda que, por ejemplo, Miguel Flores Bernés es el mejor de los comisionados de la CFC. Un hombre que aun cuando no se estuviera de acuerdo con sus opiniones siempre ha sido transparente y a favor de la competencia. En las antípodas de las posiciones protagónicas y fuera de lugar del presidente de esta comisión Eduardo Pérez Motta.

Hasta el momento no se sabe cuál será el futuro profesional de este hombre; sin embargo, lo más probable es que el sector público esté perdiendo a uno de sus mejores elementos en materia de competencia.

Hay otros que sorprendentemente se han mantenido en la contienda. Quizá porque Gonzalo Martínez Pous hizo una piel muy dura durante el amparo que ganó para poder ser comisionado de la Cofetel, se ha vuelto inmune a este tipo de desprecios.

Es difícil encontrar a un abogado con tanta experiencia en el terreno de las telecomunicaciones y la competencia como él. Más aún, con tan elevado grado de reconocimiento.

El lunes le informamos en esta columna que había obtenido la cátedra de derecho de las telecomunicaciones de nueva creación por la Escuela Libre de Derecho. Pues bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México le acaba de proponer que dé una cátedra similar a partir del mes próximo.

Si el Comité de Evaluación no se deja ir por el canto de los opinadores seguramente no encontrará a funcionarios mejor calificados y con tal reconocimiento. No es casual que la máxima casa de estudios y la mejor escuela de derecho del país reconozcan a este abogado como experto en derecho de las telecomunicaciones.