La reforma fiscal y el municipio en México: Paradigmas

CIUDAD DE MÉXICO.- Es muy cómodo para los comentaristas de los medios (convencionales y no convencionales)  escribir sobre la reforma fiscal.  Dar su punto de vista fundamentado en datos, hechos, dinámicas, ocurrencias o, peor ¡por intereses mezquinos! Todas sus opiniones incluirán recomendaciones de nuevas políticas económicas. Sin embargo y por desgracia, las ideas no son prioritarias frente a los intereses políticos y económicos.

Ante esta circunstancia, los interesados en influir han encontrado algunas formas para intentar que su opinión sea tomada en cuenta:

1. Volverse políticos.

2. Volverse asesor de un político afín a sus propuestas.

3. Participar en un comité de asesores “técnicos” de una comisión de la Cámara de Diputados o Senadores.

4. Agrupar a personas con las que tengan afinidades en las recomendaciones de política económica para crear un centro de estudios –o instituto, o grupo o corriente- en donde conjuntamente presenten un documento y lo expongan a los medios de comunicación y a los políticos.

Todas estas formas de incidencia las veremos en la actual discusión de reforma fiscal. En este caso, anoto una serie de ideas sobre la reforma fiscal relativas a los gobiernos municipales. No me libro de los vicios de los que antes alerté.

A nivel municipal, tenemos una fragmentación fenomenal: 2,440 municipios y 16 delegaciones. No es lo mismo la capacidad institucional que tenga el municipio más pequeño del país –Papaotla- comparado con el municipio más grande –Ensenada-. Las necesidades de los municipios varían enormemente por razones demográficas, culturales, geográficas, climáticas,  económicas, entre otras. ¿Existen problemas comunes para todos estos municipios? Sí. Algunos problemas son transversales. Entre estos problemas encontramos:

1. Los municipios albergan ciudades. En México existen 1,905 ciudades. Difícilmente la administración de una ciudad coincide con la administración de un municipio.

2. Existen municipios que actualmente no cuentan con una infraestructura (física y humana) que les permita atender eficazmente a los ciudadanos. Por ejemplo, un municipio indígena de México debería tener la capacidad de atender a sus gobernados a través de servicios civiles multilingües  -como actas de nacimiento, defunción-, policiacos –procedimientos penales-, o administrativos –títulos de propiedad-. Esto rara vez ocurre. Esta incapacidad para llevar registros de su población gobernada y dotarles de bienes públicos impide la creación de estadísticas confiables que ayuden a la elaboración de políticas públicas futuras.

3. Poco tiempo para planeación. El periodo entre una elección y otra es de apenas 3 años, tiempo muy escaso para planear y llevar a cabo un programa de gobierno.

4. La seguridad y los municipios: 400 de los 2,440 municipios en el país no cuentan con cuerpo policiaco y en 1,060 municipios no hay más de 20 uniformados. Es decir, en promedio hay 58 policías por municipio.  También en promedio, hay un policía por cada 960 habitantes.

5. Transparencia en el municipio. Después de que el PRI abandonara la Presidencia de la República en el 2000 y años después se promulgara la Ley Federal de Transparencia, esa palabra sigue siendo desconocida en varios puntos de la República. El ejercicio opaco del poder sigue siendo común en varios estados y municipios. Eso debe cambiar. Una forma de hacerlo es desde el centro. Otra es que los ciudadanos impulsen cambios a las leyes estatales en favor de la transparencia.

6. Empoderamiento ciudadano a nivel municipal. Una condición sine qua non para que cualquier gobierno funcione es que la sociedad civil lo vigile.  Regularmente este costo es trasladado a la prensa. Pero en las entidades federativas y en los municipios, los medios de comunicación están cooptados –ya sea por plata o plomo de los caciques locales, los gobernadores o por el crimen organizado-.

¿Qué hacer ante estos retos? Algunas ideas:

1. En México varias veces se han fusionado municipios para crear nuevos municipios o un municipio desaparece a favor de otro. Explorar esa opción no es mala idea en las circunstancias de que una ciudad se expande y sus habitantes requieren servicios públicos.

2. Otra opción es aumentar la coordinación entre los municipios.

3. Para abatir el rezago en infraestructura, sería conveniente que el gobierno federal dotará a los municipios de instalaciones y demás enseres. Y, en el caso de ser necesario, capacitar a los funcionarios municipales.

4. Es necesario que exista la reelección a nivel municipal para mejorar la administración de dicho nivel.

5. Debatir sobre la mejor opción para la seguridad de los municipios –mayor coordinación o centralización de los cuerpos policiacos-

6. Si la prensa calla, las instituciones de educación superior de las entidades federativas pueden hablar sobre los abusos del gobierno. Aunque no es su función los académicos pueden crear instituciones con el objetivo de ver si los planes de gobierno se cumplen y denunciar abusos

Recuerden, amables lectores, pedirle a un ciudadano que monitoree al gobierno es equivalente a pedirle ser Batman sin la riqueza de Bruno Díaz.