David Páramo

Análisis superior

David Páramo

30 Jul, 2013

Pacto por México

Quienes promovían al Pacto por México como una vía para avanzar más rápido en las reformas estructurales que requiere el país o le han perdido la fe al mecanismo o ya les dejó de servir para sus fines de posicionamiento político.

En estos días comienza a revivir la fiebre de “reformas” que requiere el país. Los panistas, si en algún punto se ponen de acuerdo, aseguran que mañana presentarán una iniciativa (firmada por todos los senadores) de reforma energética.

Independientemente de si es por todos o por la mayoría de los senadores del partido mal administrado por Gustavo Madero y si Ernesto Cordero la avalará, lo verdaderamente importante cuál es su alcance. Es medio irrelevante si le harán caso a él o a Jordy Herrera, quien según algunas fuentes, está atrás del documento que se elabora.

Lo importante es saber si cumplirá con los objetivos que debe tener esta reforma, es decir, hacer de Pemex una empresa y que además opere de una manera eficiente.

Los del PRD dicen, también, estar trabajando en una iniciativa de reforma, pero están mucho más metidos en el chantaje político. Aseguran que el gobierno tiene que dar prioridad a la reforma política y hasta Jesús Zambrano recurre a la amenaza con el lugar común de “no despierten al México bronco”.

En el desgaste de las palabras pocos son los que se detienen a reflexionar sobre este tipo de afirmaciones amenazantes. Parecería que está anunciando actos violentos y una vía poco democrática para tratar de imponer sus razones.

Más allá, el líder nacional del PRD acusa al gobierno de generar especulaciones por no presentar su iniciativa energética. El gobierno ha mantenido una posición bastante cauta en cuanto al esquema que se está buscando, pero no cabe duda que pretenderá llegar a un esquema como el que se tiene en Noruega o Brasil. Un camino verdaderamente largo.

Sin embargo, no sólo eso es lo grave de sus afirmaciones sino que también asegura que harán consultas públicas sobre la privatización de Pemex o del petróleo o algo así. Este debate no sólo es ocioso sino que raya en lo estúpido por un par da razones.

Primera. Ninguna de las iniciativas que se presentarán o se han presentado proponen la privatización de la paraestatal, puesto que se buscan modelos para hacerla más eficiente.

Si se trata de abrirla al capital privado sería volver al espíritu original del decreto expropiatorio de Lázaro Cárdenas.

Aquí es bueno precisar que otros que se equivocan son los del Partido del Trabajo que en su propaganda dicen “el petróleo no se vende”. ¿Entonces qué se hace con él?

Una opción sería guardarlo como tesoro nacional y morir de hambre. La otra, sería poner decenas de refinerías y volvernos autosuficientes en materia energética. Las dos son bastante absurdas.

Segunda. Ningún empresario del mundo sería tan torpe como para querer comprar Pemex. Se trata de una paraestatal que tiene una carga fiscal prohibitiva, tiene pasivos laborales que en una empresa privada la llevarían a la quiebra y requiere inversiones de tal monto que la hacen totalmente inviable.

Hacendaria

A pesar de que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha tenido mucho cuidado de que no se filtre la iniciativa de reforma hacendaria y que los panistas hacen esfuerzos denodados para tratar de evitar que se crea que será una discusión ivacéntrica o sólo fiscal, la realidad es que están filtrando versiones que apuntan hacia aumentos en los impuestos.

La más reciente versión señala que se aumentaría hasta 37% el ISR a los sectores de mayores ingresos y que se cobraría IVA en alimentos y medicinas, dejando una reducida canasta exenta de esta contribución.

Si se presenta una iniciativa en estos términos todos los demás temas pasarían a segundo término puesto que se desataría una verdadera guerra con la iniciativa privada, que está bastante incómoda, que no está de acuerdo con un incremento en las contribuciones si no se consideran mecanismos para ampliar la base de causantes y traer a la formalidad a quienes hoy siguen encontrando mecanismos para eludir estas obligaciones.

Se perdería, una vez más, la oportunidad de hacer reformas como las que requiere el país y que pasan necesariamente por que se revise cómo se están gastando los recursos públicos. Uno de los temas que se deben resolver antes de pedir más impuestos a los de siempre es determinar si los recursos se están usando de la manera correcta.

Preocupa, adicionalmente, que el gobierno pudiera estar considerando que el presupuesto de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos pudieran estar condicionados a lo que se apruebe en materias de reformas hacendaria y energética.

Mezclar todos estos temas puede generar una combinación muy difícil de resolver, puesto que podría llevar a que los temas quedaran tan mezclados que todo se termine perdiendo en discusiones netamente coyunturales. Que el resultado sólo sea el producto de una serie de escaramuzas y negociaciones absurdas.

El país requiere una transformación que provenga de las necesidades de los ciudadanos y no del capricho de los miembros de la clase política.

¿Agravamiento?

El que las acciones de GEO hayan sido suspendidas de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores ayer y las de Urbi el viernes, no es sorpresa ni tampoco un castigo. Simple y sencillamente es la aplicación de la ley que establece que si las empresas cotizadas en la BMV no entregan información financiera no pueden tener activos sus valores en el mercado, puesto que no hay información suficiente.

Sin embargo, el tema de fondo es cuál será el siguiente paso. El gobierno de Enrique Peña Nieto a través de Jorge Carlos Ramírez Marín y Luis Videgaray ha logrado hasta el momento atemperar las acciones de bancos y acreedores para evitar que estas dos empresas caigan en Concurso Mercantil que, como se sabe, se ha convertido en un paso bastante gris, puesto que no tiene reglas ni tiempos ciertos por la mala administración del Ifecom, encabezado por Giselda Nieblas.

Parecería que los funcionarios públicos se están comenzando a quedar sin argumentos para frenar o suavizar las acciones de cobro por parte de los acreedores.