Industria minera entre la incertidumbre por nuevos impuestos y la inseguridad laboral

La caída en los precios de los metales como el oro, plata y cobre provocó una fuerte sacudida en el sector minero en México, pues se suma a los problemas que enfrentan cientos de empresas instaladas en el país con el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia y los nuevos impuestos que se preparan desde el Poder Legislativo.

La Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo, conoce la situación y sabe que está en riesgo la inversión de más de ocho mil millones de dólares programados para este año para exploración y producción, así como más de 60 proyectos mineros suspendidos principalmente por problemas económicos y sociales.

El escenario no es alentador, ya que la reforma a la Ley de Minas y de Coordinación Fiscal pasó la primera aduana en abril pasado en la Cámara de Diputados, por lo que en el siguiente periodo de sesiones se discutirá en el Senado si se aplica un nuevo impuesto a todas las mineras instaladas en el país.

El gravamen considera canalizar 5% de las ganancias a los estados y municipios que conviven con las actividades de firmas como Frisco de Carlos Slim, Peñoles de Alberto Baillères, Gold Corp de Ian Telfer, Excellon de Brendan Cahill y Grupo México de Germán Larrea.

Como si no fuera una carga fiscal el IVA, ISR y otros impuestos estatales y nacionales, la iniciativa legislativa considera utilizar este recurso para desarrollar programas de educación, generación de infraestructura pública, agua potable y alcantarillado, todas ellas actividades que deberían de proveer los gobiernos.

En el segundo trimestre de este año los precios del cobre, oro y plata descendieron 8.3, 12.3 y 3.5%, respectivamente, por lo que el presidente de la Comisión Especial de Minería, Marcelo de Jesús Torres, advirtió que de incrementarse la carga tributaria se perderían entre 250 mil y 750 mil empleos directos en las micros, pequeñas y medianas mineras a nivel nacional.

Este escenario será expuesto a los legisladores por las mismas mineras instaladas en México, con el objetivo de integrar, optimizar y mejorar la reforma a la Ley de Minas y de Coordinación Fiscal para garantizar el desarrollo e impulso a las inversiones en el sector minero, así como las fuentes de empleo.

Sin embargo, el tema que está lejos de resolverse es la intromisión del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia en la vida laboral de las empresas.

En este espacio hemos documentado la flagrancia y nepotismo con la que el sindicato United Steelworkers de Ken Neumann y las ONG’s que usa a modo trabajan bajo las órdenes de Napito para interferir y bloquear las operaciones mineras en México.

Lamentablemente la Secretaría del Trabajo de Alfonso Navarrete Prida y la PGR de Jesús Murillo siguen sin llamar a cuentas al ex líder en el exilio, quien maneja a su antojo fideicomisos mineros y tiene amenazadas a cientos de empresas bajo el argumento de bloquear las operaciones.

Estos hechos fueron denunciados por firmas extranjeras y nacionales, mismas que solicitaron el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y de todas las autoridades federales y estatales para conservar las fuentes de empleo y los planes de inversión.

Sin embargo hasta ahora no se ha encontrado una solución.

Ganan los tequileros

Pues con la novedad de que un juez federal acaba de amparar a la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), que preside Eduardo Orendain, contra el veto que en diciembre de 2011 impuso la Comisión Federal de Competencia (CFC) al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que no regulara el uso del vocablo “agave”.

¿Se acuerda de ese caso? El IMPI entonces bajo la titularidad de José Rodrigo Roque se aprestaba a emitir una declaratoria en el contexto de la publicación de la Norma Oficial Mexicana 186, que buscaba dar certidumbre a esta industria en cuanto a la protección de las denominaciones de origen y acotando el avance que registraban los destilados a base de azúcares.

La instancia que aún preside Eduardo Pérez Motta vetó el proyecto de NOM bajo el argumento de que se corría el riesgo de que los tequileros asumieran como propio el término “agave” y lo usaran como barrera de entrada para bloquear la competencia.

Pues bien, un año siete meses después salió la resolución de tribunales y se dio la razón a la CNIT tras señalarse que el IMPI no está obligado por la CFC a nada. Hasta donde se sabe ninguno de los dos organismos recusó la sentencia, por lo que ahora se abre un vacío legal que tendrá que llenarse.

En esa tesitura está prevista una reunión esta semana entre representantes de la CNIT, Economía vía la subsecretaria Rocío Ruiz y el nuevo director del IMPI Miguel Ángel Margáin a fin de conocer cómo ejercería esa atribución el regulador.

Cinemex: ¿veto?

A propósito de la CFC, esta semana deberá estar notificando tanto a Cinemex, de Germán Larrea, como a Cinemark, de Roberto Jenkins, el sentido de la resolución que emitió en su pleno del 17 de julio pasado.

Trascendió que la instancia antimonopolios que lidera Eduardo Pérez Motta habría validado otra vez aspectos de concentración como los que consideró en el expediente Comex-Sherwin Williams y que llevó a vetarla.

La votación nuevamente estuvo muy dividida entre el mismo Pérez Motta y sus colegas Cristina Massa, Miguel Flores Bernés, Rodrigo Morales Elcoro y Luis Alberto Ibarra Pardo y pesó la circunstancia de dejar el mercado de la exhibición de películas en manos de un duopolio, si nos atenemos al poder sustancial en el mercado que ya ejerce Cinépolis, la cadena de Alejandro Ramírez.

De hecho esta última ya fue vetada hace unos cuatro años atrás cuando intentó adquirir Cinemex. El mismo argumento siguió pesando en el ánimo de la mayoría de los comisionados: si permite al número dos absorber al tercero será imposible que un nuevo jugador de esta industria ingrese al mercado mexicano. El despacho Galicia Abogados, a través del experto Christian Lippert, lleva la representación de Cinemex y Cinemark.

NYCE rueda

El organismo certificador NYCE, que lleva Carlos Pérez, apuesta a consolidar su rama de certificación de llantas nuevas, mercado que registra la comercialización de 30 millones de productos al año en un sector que disputan 33 empresas como Bridgestone de Daniel Benvenuti, Michelin de Pete Selleck y Goodyear de Martín Rosales.

Las pruebas de laboratorio efectuadas por NYCE consisten en probar al máximo las capacidades de cada modelo de llantas para garantizar la seguridad de los conductores mexicanos, con base en las NOM-086/1-SCFI-2011 y NOM-086-SCFI-2010 establecidas por Economía, de Ildefonso Guajardo.