Contratos de utilidad compartida, tan atractivos como las concesiones

El lunes pasado, tras presentar la reforma energética, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el director general de Pemex, Emilio Lozoya, hicieron un call conference con inversionistas y manejadores de fondos y medios internacionales para explicarles los objetivos de la reforma.

La mejor prueba del gran interés que despierta nuestro mercado energético, que por vez primera en 75 años se abrirá a la inversión privada, es que se registró un récord en el número de personas que se conectaron a la conferencia: un total de 961, superando con creces el récord anterior que se había registrado en octubre de 2008 —en plena turbulencia de los mercados— que fue de 273 personas.

Uno de los temas que se abordaron fue la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de incluir la figura de contratos de utilidad o riesgo compartido en lugar de las concesiones —como plantea la propuesta del PAN— y los contratos de servicio que son los que hoy tiene Pemex tras la reforma de Felipe Calderón.

Los contratos de utilidad compartida son, desde el punto de vista de rentabilidad, tan atractivos como el de una concesión porque estamos hablando de un país como México que tiene un blindaje financiero, elevadas reservas internacionales, una política fiscal estable y un régimen político de plena democracia, lo que se traduce en un menor riesgo para los inversionistas extranjeros.

Otra de las grandes ventajas de los contratos de utilidad compartida frente al esquema de concesiones es que permiten al Estado tener el control de la política de hidrocarburos porque en una concesión las empresas son las que definen la estrategia sobre el ritmo de explotación del crudo y de su creación de reservas.

Además, la única ventaja que tiene México de ser el último país en abrir su mercado energético al sector privado es que se aprovechan las experiencias internacionales y que en materia bursátil existen reglas muy claras de la SEC respecto a cuál es el tratamiento contable de cada una de las tres formas de asociación y en el caso de los contratos de utilidad compartida Pemex sólo tendrá que seguir las reglas de revelación contable que ya tiene la SEC.

Y aunque Pemex no se colocará en Bolsa, no tendrá ningún inconveniente en asociarse con empresas que sí sean emisoras en México o en el extranjero, como es ya el caso de la española Repsol y la mexicana Mexichem.

Régimen fiscal de Pemex, en septiembre

En cuanto al nuevo régimen fiscal de Pemex sí será incluido en el paquete presupuestal de 2014, que el secretario de Hacienda deberá enviar al Congreso a más tardar el próximo 8 de septiembre.

Lo que ha adelantado ya Luis Videgaray sobre este tema es que el cambio en la estructura fiscal de Pemex se aplicará en forma gradual, tal como proponen también el PRD y el PAN.

La Secretaría de Hacienda descarta que el nuevo régimen de Pemex se traduzca en una mayor carga fiscal o nuevos impuestos porque fundamentalmente no es reducir la carga tributaria, sino la forma de pagar impuestos, a fin de darle efectivamente una mayor flexibilidad a Pemex en su manejo administrativo y no como sucede hoy en día, que depende del Congreso para la aprobación de su presupuesto, lo que se traduce en una camisa de fuerza.

Tanto la reforma fiscal que se presentará en septiembre como la energética se discutirán en el marco del Pacto por México con el objetivo de lograr consensos para la aprobación de las leyes secundarias, que son clave para atraer la inversión privada.

Reforma legal para abatir rezagos en normas

Rocío Ruiz, subsecretaria de Normatividad y Competitividad de la Secretaría de Economía, no quita el dedo el renglón en cuanto a la necesidad de modificar el régimen jurídico en México para flexiblizar y agilizar la expedición de normas oficiales.

Actualmente el proceso para emitir una NOM es muy largo porque implica publicarla en el Diario Oficial para un proceso de consulta de 60 días, pasar también por Cofemer antes de que se publique ya la NOM en el Diario Oficial, como sucedió ya con la NOM 24, que obligará a que todas las televisoras analógicas tengan una etiqueta que claramente indique al público que no sirven para captar señales digitales y a partir del 11 de octubre la Profeco podrá ya inmovilizar las televisiones que no tengan este etiquetado.

La NOM que todavía está pendiente precisamente por este largo proceso de consulta es la que impedirá que se vendan en México televisores analógicos.

Mientras países altamente exportadores como Alemania tienen 30 mil normas que regulan sus productos, en el caso de México hay sólo cuatro mil NOM y la meta de la Secretaría de Economía es sacar mil NOM al año al final del sexenio, pero se requerirá modificar la ley.