Sobre la propuesta al IEPS en refrescos: Paradigmas

Ciudad de México.-Uno de los principales problemas de salud pública en México es la llamada “epidemia de obesidad”, la cual ha presionado al sistema de salud en los últimos años con la aparición de una mayor cantidad de casos de enfermedades crónico-degenerativas.  Estas enfermedades, como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares,  presentan complicaciones que deterioran sensiblemente la calidad de vida del paciente en edades cada vez más tempranas. Y además, suponen también una mayor presión sobre las finanzas públicas, debido a la mayor demanda de servicios de salud.

Debido a esto, la Cámara de Senadores presentó una iniciativa de ley que pretende corregir éste y otros problemas mediante la imposición de un nuevo gravamen que encarezca a los refrescos y bebidas carbonatadas. Esto fue porque se consideró que el consumo de estas bebidas es pernicioso por los potenciales efectos negativos sobre la salud.

El espíritu de esta iniciativa se basa en que el encarecimiento de estos bienes logrará la reducción de su consumo, con lo cual se reducirá el problema del creciente índice de sobrepeso y obesidad. Con ello, se logrará una reducción en la presión que la demanda de servicios de salud está generando sobre las finanzas públicas, lo que aunado a una mayor captación fiscal (pues nuestro país es el consumidor per cápita más alto del mundo de refrescos), redundará en una mejor posición del balance fiscal. Sin embargo, algo que llama la atención es la supuesta ausencia de efectos negativos de dicha medida.

La cuestión de obesidad es un problema multifactorial, donde cuestiones como el sedentarismo y cierta predisposición genética entran en juego (González et al 1999). Es sabido, por el estudio de los valores nutricionales, que existe una asociación bien establecida entre la obesidad y el consumo de  alimentos ricos en calorías y aquellos que lo son también en carbohidratos, como los edulcorantes, y las grasas.

Asimismo, los patrones de sedentarismo  (Hernández et al 1999), están caracterizados por la falta de actividad física en el trabajo, las labores del hogar, la recreación y el transporte cotidianos y estos a su vez influyen en el sobrepeso y la obesidad. Además, Rivera et al (2002) encontraron que el consumo total de energía alimentaria y los datos de compra de alimentos no explican el aumento de la prevalencia de la obesidad.

Por ende, resulta por lo menos curioso que una estrategia para la reducción de “productos perniciosos”, en términos de los problemas de salud asociados al sobrepeso, se restringa sólo a los gravámenes hacia los carbohidratos y no así de las grasas. Si el objetivo es combatir la obesidad, no se centraría los esfuerzos sólo en un grupo, sino que debería de ser de una visión más amplia desde una comprensión integral.

Una cuestión importante a considerar es que el consumo de estas bebidas en el país se ha debido a la falta de disponibilidad de agua apta para el consumo humano, un aspecto ambiental que se puede asociar con los bajos ingresos. De hecho, la presencia de factores ambientales adversos combinado con los bajos ingresos, focaliza el costo de la iniciativa de ley hacia las familias más marginadas y por ende, con menos posibilidades de sustituir el consumo de estos bienes por otros. Es muy probable que el costo del nuevo gravamen recayera sobre las familias más desfavorecidas del país.

Este es un hecho que no se tomó con la suficiente sensibilidad, ya que es importante recordar que el único “producto alimenticio” de la canasta básica que es gravado por IVA es el refresco, la cual es una bebida edulcorada. En los estratos de ingresos más bajos, este tipo de bebidas edulcoradas forman parte del soporte energético. De manera que una reducción en el consumo de ellas potencialmente podría reducir el rendimiento en sus actividades, que se centran en los sectores de la construcción, el sector agrícola y la industria. Estas bebidas no sólo representan contenido energético para quienes las consumen, sino que la cafeína que contienen alguna de estas bebidas es también un inhibidor de apetito.

De igual forma, un factor de análisis ante el cambio en el precio de los bienes es el impacto que este tiene en toda su canasta de consumo, lo que coloquialmente se conoce como “economía familiar”. Así, el incremento del precio de un bien no sólo implica la reducción de su consumo, sino que también puede implicar la reducción del consumo de otros bienes por un efecto indirecto en la reducción de su ingreso. 

Si se observa el comportamiento del índice de compras al por menor de bebidas y tabaco y el índice de compras al por menor de alimentos (Gráfica 1), siendo ambos estadísticas que describen el comportamiento del consumo de los hogares,  es posible observar que la caída en el primero no se ha compensado en un alza el segundo. Con esto podemos observar lo que se propuso en Rivera et al (2002) sobre la falta de asociación en el consumo y los problemas de sobrepeso y obesidad. Se observa que no existe un efecto sustitución entre bebidas y alimentos. Es decir, que ante un incremento en el precio de las bebidas, los individuos dejen de consumirlas y consuman otros productos que actúen como substitutos. Es posible que esto se deba a un empobrecimiento absoluto de las familias, dada la inexistencia de bienes sustitutos a su alcance y a la falta de  mecanismos de compensación ante el choque en la economía familiar que implicará el nuevo impuesto.

Al desconocer las diferencias del ingreso entre los contribuyentes, los impuestos indirectos como el IPES, son ampliamente regresivos pues el peso relativo del consumo de estas bebidas es mayor en las familias de menores ingresos debido a la misma inclinación que tienen a su utilización por la falta de acceso a otros bienes.

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*DR