Banxico: ¿apoyo a reforma fiscal?

Mientras la holgura de la economía Mexicana se prolongue y el tipo de cambio continúe ajustándose sin traspasar a la inflación y las expectativas de inflación, la política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México, que encabeza Agustín Carstens, inicia un sesgo expansivo.

Lo hace justo cuando se conoce el efecto de contracción “limitada” que puede tener la política fiscal y, antes de que se realice la reunión de política monetaria del Sistema de la Reserva Federal del 18 de septiembre, lo que subraya su carácter activo en pro de la reactivación económica y no reactivo, a favor de ordenar movimientos erráticos en tipo de cambio o tasas. ¿Notó la reducción de intereses en todos los plazos de la curva?

Tres mensajes son clave: 1) crecimiento inferior a 2% en 2013 con todo y mejor segundo semestre, y débil expansión en 2014 —supongo que por debajo de tres por ciento—; 2) eliminados choques de oferta, la debilidad económica ha provocado que la inflación disminuya a un ritmo y en una magnitud mayores a los previstos y, 3), las variaciones en la cotización del peso no han afectado expectativas de inflación ni prima por riesgo inflacionario.

No creo que en un contexto mundial donde avanzados y emergentes aplican políticas monetarias no convencionales, se rasguen las vestiduras porque el Banco de México decidió bajar la tasa de interés, aunque el “call” de que se mantendría viendo subir las tasas secundarias, haya significado algo de pérdidas desde el viernes, ante la corrección que registró la curva de tasas en México.

De hecho, hay un mensaje implícito hacia los tenedores externos de fondos gubernamentales en México: si toman la decisión de salir la puerta está abierta, porque la tasa en México responderá a necesidades domésticas, no de estímulo a su retención o atracción.

De Fondos a Fondo

Las comisiones unidas de la Cámara de Diputados de Hacienda y Crédito Público, que preside el panista José Isabel Trejo, y la de Justicia, que preside el diputado tricolor, Ricardo Pacheco, no aprobaron el addendum de la reforma financiera que incluye 500 modificaciones sobre la propuesta original.

Es probable que transite, pero se librará una fuerte batalla fuera y dentro de San Lázaro, para inhibir la pretensión de abrir el acceso al sistema de medios de pagos bancarios a las casas comerciales, sin que éstas estén sujetas a las reglas de operación, capital y reservas de los bancos, y mucho menos a supervisión. Se les impondrían reglas de secrecía de información y capacidad de transaccionalidad y operación únicamente.

De pilón, el haber puesto “libre acceso” o “cuota de intercambio regulada” para usar la infraestructura de pagos (emisor, adquirente, cámara de compensación o switch), (y como en telefonía) con base en costos y opiniones revisados o impuestos por CNBV y Banco de México. Éstos también tendrían facultad para determinar y sancionar barreras de entrada. Este tema puede ser positivo para ampliar las capacidades de intercambio con bancos —incluyendo operadores de monederos en los pasos carreteros— en el sistema de pagos, pero de lo que se quejan en la ABM, que preside Javier Arrigunaga, es que estaban en pleno proceso de diálogo cuando se incluyó en el addendum.

Sabemos que la decisión de pasar en lo general el dictamen —lo que ya se había conversado con todos los intermediarios— y reservar el addendum, llegó desde las coordinaciones de los principales grupos legislativos y también el diálogo con autoridades que “embarazaron” el addendum. Se espera acuerdo sin manotazo.

A propósito, ¿no será momento para que también a la CNBV le den autonomía técnica constitucional y presupuestal?

Aunque su presidente es muy callado y disciplinado, seguro a Jaime González Aguadé ya le está haciendo crisis financiera y de fuga de cerebros el magro presupuesto con el que han tenido que lidiar sus antecesores, más cuando la reforma en comento subraya capacidades de supervisión, que hoy están limitadas —en mi opinión— por presupuesto suficiente y autonomía técnica (y mire que este tema es el único negrito en el arroz de la última auditoría que le hicieron el FMI, el BM y el BIS al sistema financiero).

Esta semana entra en fase final la elección de comisionados al IFT y a la CFCE, en el Senado que preside el senador del PRI Raúl Cervantes, y aunque el Comité de Evaluación entregó hace tiempo sus listas al presidente Enrique Peña, al no darse a conocer la calificación alcanzada por cada aspirante —hecho que abonaría a favor de la transparencia— se facilita que el proceso sea constantemente descalificado.

Se dice que las respectivas comisiones pedirán al Comité de Evaluación que entregue los resultados de cada uno de los propuestos y lo muestre comparado con el resto que presentó el examen, lo que abonaría a la transparencia en el proceso de selección. En mi opinión es sólo el “deseo de algunos”, pero sí existe la posibilidad de que busquen equilibrar la composición profesional de los comisionados de la CFCE, donde hay seis economistas y un abogado (por cierto, el es el director jurídico de la actual Cofeco).

¿Por qué?, porque la sana lógica que deberían participar abogados expertos en política pública, económica y corporativos (más ahora que el único medio de impugnación con que contarán las empresas frente a las resoluciones de la CFCE será el amparo ante tribunales especializados).

El jueves pasado, Proteak. que preside Héctor Bonilla, concluyó la compra de Forestaciones Operativas de México (Fomex) a Grupo Desc, de Fernando Senderos, por un monto de 30.6 millones de dólares.

Con Fomex incorpora cerca de ocho mil hectáreas de eucalipto en diversos estados de la República Mexicana, también sembrados y cosechados con apego a los lineamientos del FSC (Forestry Stewardship Council), que aseguran el suministro de madera sustentable para la planta de MDF que construirán en Tabasco.