Dejarían de ingresar Mars, Mondelez, PepsiCo y Canel’s mil 300 mdp anuales por IVA

La propuesta de la Secretaría de Hacienda contendida en la miscelánea fiscal para gravar con IVA a la goma de mascar tiene preocupados a los industriales del chicle. Y es que se estima una pérdida anual de mil 300 millones de pesos, cantidad que dejarían de ingresar las empresas.

Hablamos básicamente de multinacionales como Mars, que lleva aquí Silvia Dávila, con marcas como Orbit y Wrigley. Esta misma firma, que en la región encabeza León Kraig, también resiente el golpe en comida para mascotas con Whiskas, Pedigree, Royal Canin y Pal.

Otra transnacional con fuerte presencia en el negocio de las gomas de mascar es Mondelez, firma que absorbió a la icónica Adams y que preside Roberto Soto con productos como Bubbaloo, Trident y Clorets. Otra es PepsiCo, de Pedro Padierna, con la línea de Sonrics.

El del chicle es un negocio de unos ocho mil 200 millones de pesos al año, donde también compiten fuerte los de Canel’s, del potosino Roberto Navarro. En menor medida están los del Consorcio Chiclero, que agrupa productores pequeños y que comanda Manuel Aldrete.

Bajo el argumento de que el chicle no goza de las características de un alimento al ser una goma masticable que en su mayoría proviene de un derivado del petróleo, las autoridades hacendarias decidieron eliminar la tasa cero en el IVA para esos productos.

En la iniciativa del ejecutivo se estipula que aunque al chicle se le incorpora azúcar y otros ingredientes alimenticios, no se le puede considerar alimento por lo que dejará de exentar este producto la tasa cero que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En México aún hay productores y fabricantes de chicle natural en los estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo. A nivel general, el país es el segundo consumidor de chicle sintético a nivel mundial, sólo detrás de Estados Unidos y arriba de Argentina, Reino Unido y Japón.

La estadunidense Mars adquirió hace alrededor de cinco años la línea de productos de Wrigley por un monto de más de 23 mil millones de dólares, donde la marca de chicles Orbit se colocó como uno de sus estandartes en el mercado nacional.

La preocupación en la industria no para allí. Y es que en el tintero habría otras iniciativas para gravar con más impuestos a los principales comercializadores y productores, pues limpiar a las ciudades de los chicles que se tiran en las calles implica un oneroso gasto para el erario.

Al interior del PRI, que lidera César Camacho, se presentó una iniciativa para que las empresas paguen un impuesto a fin de que las autoridades no carguen con el costo de la limpieza de los chicles tirados en las calles, el cual es de 2.5 pesos por cada pieza desprendida.

Se tiene registrado que hasta el año pasado un mexicano consumía en promedio 750 piezas. Es decir, la ingesta per cápita rondaba los 1.5 kilogramos anuales, de ahí que el escenario no puede ser más pesimista para las marcas líderes como Orbit, Wrigley, Trident, Clorets y Canels.

Y es que lejos de ser un tema de nuevos impuestos, es un problema de educación, hábitos y limpieza del consumidor mexicano, situación que están lejos de atender las autoridades federales, estatales y municipales.

Refrescos: quiebre

El IEPS a bebidas azucaradas andará sobre 10%, lo que abrió otro frente de protesta al gobierno de Enrique Peña. Los refresqueros cumplieron su amenaza de sacar gente a las calles y grupos de cañeros ya se manifestaron frente a las oficinas de Sagarpa y el SAT en el DF.

El gravamen especial, que se agregaría a gastos adicionales en nuevos empaques y presentaciones para enfatizar la información nutrimental, amén de la intención del gobierno de limitar la publicidad en la televisión, tiene muy molestos a los de Conméxico.

Le decía que los cabilderos de esa asociación que lleva Jaime Zabludovsky hicieron creer a los socios de ese influyente grupo que los impuestos no pasarían. De hecho se comenta que Coca-Cola, que preside Francisco Crespo, y su principal franquicia, Femsa, son los más enojados.

Pero más vale que al grupo capitaneado por José Antonio Fernández se le baje el coraje, porque al parecer ni el gobierno ni el Congreso tienen la mínima intención de bajar la guardia. Ahí está el encuentro ex profeso que le adelanté y que se realizó ayer contra los refresqueros.

Hablamos del foro “Impuestos a las bebidas azucaradas: una política fiscal saludable”, organizada por la senadora panista Marcela Torres Peimbert y las representaciones de la Organización Mundial de Salud y de la Organización Panamericana de Salud.

Hay una clara intención de esta administración de desincentivar por la vía fiscal el consumo de la comida chatarra que tiene una gran incidencia en el crecimiento alarmante de los niveles de obesidad y sobrepeso, epidemias con un alto costo en materia de salud pública.

Si ahora los reflectores están puestos en las bebidas endulzadas y marcadamente en los refrescos, los fabricantes de pastelillos, botanas y confitería, como ya lo están resintiendo los de los chicles, tambén deberían estar poniendo sus barbas a remojar por lo que viene.

Cúpulas inquietas

Por ahí anda corriendo la versión de que el próximo martes, los principales organismos empresariales, liderados por el Consejo Coordinador Empresarial, de Gerardo Gutiérrez Candiani, saldrían a pronunciarse contra buena parte del contenido de la reforma hacendaria que envió el presidente Enrique Peña Nieto. Se confirma la especie de que el domingo pasado, antes de la presentación pública de la dicha reforma y el paquete económico 2014, fueron citados los principales dirigentes del sector privado horas antes en Los Pinos para conocer anticipadamente parte del contenido. Ya desde entonces se percibía el desencanto de los hombres de negocios que posteriormente se fue tornando en franca molestia porque el auténtico madruguete de que fueron objeto. Así que habrá que estar pendientes de lo que pudieran manifestar en torno a este tema las cúpulas empresariales la siguiente semana. Hoy por lo pronto está previsto que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, asista el consejo de la Coparmex, de Juan Pablo Castañón.