La 'maldición' de los recursos naturales vs. la transparencia: Paradigmas

La EITI busca que gobiernos obliguen a empresas extractoras a publicar ingresos parciales y totales así como los pagos que hacen al gobierno por su actividad
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La maldición de los recursos naturales es un concepto que en economía se ha usado para hablar del impacto negativo que tiene la abundancia de recursos naturales sobre el desarrollo de un país dado. Foto: Getty
La maldición de los recursos naturales es un concepto que en economía se ha usado para hablar del impacto negativo que tiene la abundancia de recursos naturales sobre el desarrollo de un país dado. Foto: Getty

CIUDAD DE MÉXICO.- La maldición de los recursos naturales es un concepto que en economía se ha usado para hablar del impacto negativo que tiene la abundancia de recursos naturales sobre el desarrollo de un país dado. Dicho efecto se da debido a la dependencia que se genera en la economía de la explotación de dichos recursos y a la forma en que se distribuye la riqueza obtenida de ellos, y si ésta se retiene en el país o termina en el extranjero.

Uno de los mejores casos de estudios de esta maldición es el texto de Bernard Gauthier y Albert Zeufack “Governance and oil revenues in Cameroon” en donde los autores encuentran que el descubrimiento del petróleo en 1977 llevó a una trayectoria de crecimiento y crisis tal que el ingreso per cápita de Camerún en 2007 era menor al que tenía la economía en 1985. Sosteniéndose dicha situación a lo largo del tiempo.

Esta maldición es el principal enemigo a vencer de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés) la cual surgió de la campaña internacional, europea principalmente, “Publiquen lo que Pagan”. Dicha campaña buscaba originalmente hacer públicos los pagos de las empresas petroleras, pero después se extendió a otras áreas de la industria de extracción de recursos naturales, como la minería.

La EITI trabaja con los gobiernos de países africanos principalmente (los únicos países latinoamericanos son Perú y Honduras) basada en su declaración de principios y seis criterios mínimos de implementación. La EITI busca que los gobiernos obliguen a las empresas extractoras a publicar sus ingresos parciales y totales así como los pagos que hacen al gobierno por su actividad industrial. Además, fomenta la participación ciudadana en el diseño de la reglamentación para dichas industrias.

Recientemente, la EITI ha sido criticada por no tomar en cuenta las características particulares de países como Azerbaiyán y Kazajstán, con regímenes totalitarios. O el caso del gobierno Congo-Brazzaville que encarceló a Christian Mounzeo y Brice Makosoo, coordinadores de “Publiquen lo que Pagan”.

Daron Acemoglu y Jamen Robinson señalan que hay evidencia científica (en artículos como Nigeria's extractive industries transparency initiative. Just a glorious audit? de Nicholas Shaxson y los elaborados por Tim Kelsall y David Booth) que apunta a que iniciativas como la EITI logran conciliar a la mayoría de la población con la élites nacionales en pro de un diseño institucional enfocado en evitar el saqueo de recursos naturales. Esto a pesar de que tienen lugar en entornos institucionales disfuncionales.

Aunque en México no tenemos las condiciones de países africanos como los mencionados, sí podemos aprender mucho de esas experiencias en cuanto a regulación de las industrias de extracción de recursos naturales. Esto se vuelve más importante en el marco de la propuesta de reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, y los cambios institucionales en el IFAI.

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