Impacto de Ingrid y Manuel en el PIB

La reunión de valuación de los daños en 20 estados de la República por Ingrid y Manuel, que se realizó ayer en Los Pinos por parte de todo el gabinete demuestra la magnitud del desastre con costos económicos que crecen cada día y que sin lugar a dudas repercutirán en forma negativa en los resultados del tercer trimestre.

Aunque el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ratificó ayer la meta de crecimiento del PIB de 1.8% para este año, el promedio de los análisis del sector privado es de 1.5% y en forma inicial se estima que habrá un impacto de por lo menos medio punto en el PIB, aunque se espera que el programa de aceleración del gasto anunciado el 13 de septiembre y los programas de reconstrucción y empleo temporal ayuden a mitigar los efectos del desastre natural que sin lugar a dudas es el peor en la historia de México por la extensión de territorio afectado.

Esta reunión de valuación será la base para la propuesta de reestructura del gasto público, que enviará el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados en los próximos días.

Los datos que expuso ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, demuestran la magnitud de los daños: 18 de las 81 autopistas de cuota afectadas; 57 de las 141 carreteras federales registran afectaciones; 12 puentes colapsados; 18 dañados y 30 desplomes en tramos carreteros: cinco mil kilómetros de 980 caminos rurales afectados; y 100 kilómetros en 102 carreteras alimentadoras de jurisdicción estatal.

Ruiz Esparza, quien ha estado al frente de la titánica labor para reestablecer la infraestructura aérea, ferroviaria y carretera en tiempo récord, añadió que la cifra aumentará porque aún muchos caminos están en proceso de ser dictaminados.

No hay todavía cifras oficiales del costo de la reconstrucción, pero superaría los 12 mil millones de pesos del Fonden y desde luego entre los ajustes que se esperan en el presupuesto de 2014 están un incremento al Fonden y a la SCT.

Nueva reunión Videgaray-CCE

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, asegura que la reunión que sostuvo el pleno del CCE con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue productiva porque se acordó formar 14 grupos de trabajo entre el CCE y la SHCP y el SAT y reunirse el próximo miércoles.

Todos los organismos del CCE tienen quejas sobre la reforma fiscal y en los grupos de trabajo tendrán la oportunidad de presentar propuestas concretas y documentar la afectación que realmente tendrán sino se realizan cambios a la reforma.

Lo que Videgaray exigió es el compromiso por parte de los empresarios de presentar propuestas concretas y la premisa definitiva es que sí aumentará la carga fiscal y que pagarán más los que más ganan.

Para el sector privado y así lo señala Gutiérrez Candiani el problema por un lado no es que paguemos más sino que paguemos más los mismos porque no es una reforma fiscal integral y no se ampliará realmente la base de contribuyentes.

Por el otro lado, el sector privado exige también que haya ajustes en el gasto público para un ejercicio más eficiente, oportuno y transparente.

Almacenes de Depósito perderán competitividad

Y siguen las quejas un día sí y otro también de distintos sectores del sector privado que se sienten afectados por la reforma hacendaria. Ahora es el turno de los Almacenes Generales de Depósito, pues se asegura que estarán en desventaja competitiva frente a los recintos fiscalizados estratégicos.

Los Almacenes emiten certificados de depósito por 60 mil millones de pesos al año en promedio, de los cuales dice la AAEGE, que preside Alberto Fernández, 40 mil corresponden a productos agrarios mientras que en depósito fiscal se ampara mercancía por más de 20 mil millones de pesos.

El problema es que con la reforma fiscal se propone eliminar la obligación de tener colindancia con las aduanas o recintos portuarios, sólo a los recintos fiscalizados estratégicos que podrán así establecerse en cualquier lugar del país.

De acuerdo con la AAEGEDE, esta medida es positiva porque fomentará el comercio exterior, pero debería ser extensiva a todos los participantes del mercado para no perder competitividad. Otra desventaja es que los Almacenes Generales de Depósito son intermediarios financieros no bancarios regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores mientras que los recintos fiscalizados estratégicos pueden abrirse bajo cualquier razón social.

Además, los Almacenes sí cumplen con las NOM de información comercial y regulaciones y restricciones no arancelarias, tienen mayor solvencia con un capital mínimo sin derecho a retiro de 20 millones de pesos, reservas de contingencia y cumplen con las normas para prevenir el lavado de dinero, por lo que exigen el mismo trato que los recintos fiscalizados.

Mi más sincero pésame a  Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, por la irreparable muerte de su madre. Descanse en paz.