¿Quién boicotea la reforma de comunicaciones?

Todavía no llega al Senado y, con eso de que el secretario de Comunicaciones y Transportes (el gran revisor) está concentrado en atender las contingencias que dejaron Manuel e Ingrid, pareciera que el retraso en la entrega de la Iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión genera vacíos que alguien aprovecha.

De entrada, si el Ejecutivo no cumple con enviar la iniciativa, ¿cómo puede el Congreso hacer su parte dentro de los 180 días que le establecen los transitorios de la reforma constitucional, posteriores a la publicación del decreto, mismos que se vencen el 8 de diciembre?

La orden constitucional impone que el Congreso realice las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme a lo dispuesto en el decreto, y eso incluye legislar sobre derecho de réplica —por el tema de contenidos—; determinar criterios para que el IFT otorgue autorizaciones para el acceso a la multiprogramación (de radio y TV, digital y abierta); crear un Consejo Consultivo del IFT (al que se van a sumar algunos de los no seleccionados para el pleno, pero que sí pasaron el examen), organismo que deberá fungir como asesor en la observancia de los principios establecidos en los artículos sexto y séptimo constitucionales; establecer tipos penales que castiguen severamente las prácticas monopólicas y fenómenos de concentración previstos en el Pacto por México; determinar la forma en que operará el organismo que instalará la Red de Transporte y al que pasa la concesión de CFE Telecom, etcétera.

Justamente esto último nos brinca, para que vea que los boicots no son privados, sino públicos. De hecho, nos brincó porque Axtel, de Tomás Milmo, interpuso una demanda de amparo en contra la CFE Telecom, que coordina Héctor Carlos Dávila, quien no creo que esté actuando sin el conocimiento de Francisco Rojas, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Por qué? Simple: el ingeniero Dávila ha firmado a diestra y siniestra, en condiciones no competitivas para los oferentes del sector privado, contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y dicen que hasta con la SCT.

Bueno, en el sector privado dicen que lo ocurrido es muy similar a lo que pasó cuando Alfredo Elías Ayub era el director general de CFE y que muy probablemente su “escuela” siga impidiendo la integración de la Red Nacional de Transporte en materia de Telecomunicaciones.

Vea usted: el artículo Décimo Sexto transitorio le ordena al Ejecutivo federal  instalar una red compartida de servicios de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones.

Además, le mandata a que esta acción concluya en 2018 y que para ello use la infraestructura de fibra oscura que otorgue la CFE, como mecanismo para darle sustento a la política pública para garantizar la cobertura de servicios de telecomunicaciones, incluido el internet de banda ancha, a todos los mexicanos.

Se indica puntualmente que la CFE ceda a Telecomunicaciones de México la concesión que tiene para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y a que le transfiera todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha red, así como el aprovechamiento de al menos 90 Mhz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre en la banda de 700 MHz, que por sus características de propagación la hacen adecuada para dar cobertura en el medio semiurbano y rural.

Entonces, la pregunta que se hacen en el sector privado es si esos contratos que se han firmado con entidades del gobierno los van a tener que rescindir, o si se van a echar el tirito de detener el traspaso de la concesión de la red de transporte de CFE hasta 2018. Está duro, ¿no?

Por lo pronto, Axtel presentó el amparo por el Contrato de CFE Telecom de todos los contratos con el gobierno, con el argumento de que constituye una competencia desleal, porque lo que están haciendo es aprovechar que no hay ley aún, ni regla para acelerar el cierre de los nuevos contratos con las dependencias del gobierno, y lo mismo le afectan a Telmex, de Carlos Slim, que a Telefónica México, de Francisco Gil, que a Alestra o a Bestel, Opcom, y Marcatel, los mayoristas que de todas formas tienen que contratar la última milla.

Lo que pudiera haber sido razonable es que si la concesión de CFE se traspasa con los contratos a los que les falta un año por transcurrir, pues es fácil adecuar el marco mercantil para que terminen, pero si viene con nuevos que se están firmando después de la reforma constitucional, no sólo pone a la SCT, y supongo que al subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, en un terrible brete, sino que pone en tela de juicio la decisión de que la compartición de infraestructura y venta desagregada de todos los servicios y capacidades de la red troncal asegure que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en operación de esa red.

¿O a usted no le parece que va contra los compromisos 41 y 44 del Pacto por México y que aprovechan el vacío de la no entrega de la ley y la atención concentrada en la contingencia? Fácil, a contrato firmado, competencia anulada.

De Fondos a Fondo

Pregunta: ¿Sabe usted por qué no se firmó el Contrato de Cobertura de Contingencias por daños a la infraestructura el año pasado? Se supone que se destina 0.4% del presupuesto federal cada año para cubrir la infraestructura.

¡Sorprende que del total de la infraestructura dañada por 40 mil millones de pesos, a la contingencia presupuestal por la caída económica se sume la contingencia por mala planeación de aseguramiento institucional! Ojalá se aclare el tema en la Secretaría de Hacienda, de Luis Videgaray.