Ahora sí quieren echar a volar la Mexicanita

A  partir de hoy 8 de octubre, técnicamente la juez encargada del Concurso Mercantil, Edith Encarnación Alarcón Meixueiro, podía pedir la quiebra de la base de mantenimiento o MRO de Mexicana, tras agotarse los 185 días naturales de la etapa de conciliación que prevé la ley.

Sin embargo, y como le adelanté ayer, el 2 de octubre pasado se apersonaron a comparecer en el Juzgado Undécimo Civil en Materia Administrativa del DF representantes de Banorte, que dirige Alejandro Valenzuela, y del Bancomext, que encabeza Enrique de la Madrid.

También en la semana que recién pasó se vieron por los pasillos del mismo juzgado tanto al director adjunto Jurídico del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Martín Vázquez, como al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia SCT, Fernando Bueno.

Lo extraordinario es que en todo este último tiempo los representantes del gobierno federal, al igual que Banorte y Bancomext, no se habían mostrado muy interesados en encontrarse con la juez Alarcón. Y pasó lo impensable: los dos últimos acordaron pedir prórroga para el MRO.

De la petición salió el acuerdo del juzgado para que los acreedores reconocidos con más de 90% de los adeudos soliciten la extensión de otros 90 días para ponerse de acuerdo y sacar adelante a la base de mantenimiento de Mexicana, el único activo que sigue operando.

Entre ayer y hoy se estarán sumando Nuevo Grupo Aeronáutico y Aeropuertos y Terrenos para llegar a ese porcentaje. Estos son representados por Tenedora K, que lleva el abogado Jorge Gastélum, que además de acreedores son accionistas del propio MRO.

Se cree que hoy más que nunca la posibilidad de reflotar a la base de mantenimiento y con ello a una parte de Mexicana está más latente. Y la razón es que por vez primera en estos más de tres años de inactividad el gobierno federal sí tiene motivos para mover las cosas.

Permitir la quiebra del MRO significa ahora sí echar a la calle a cerca de nueve mil 500 trabajadores, lo que generaría un grave problema político y social para el gobierno de Enrique Peña, que ya carga a cuestas el problema de la CNTE y el descontento por su reforma hacendaria.

Se dice que tomando en cuenta ese contexto la instrucción de Los Pinos fue subirse al acuerdo que ya tiene el conciliador Gerardo Badín para que Banorte, Bancomext, ASA y el AICM otorguen las quitas de 90% y se pueda avanzar en la conformación de la famosa “mini Mexicana”.

Estamos hablando de la Mexicana reducida a una mínima expresión que arrancaría operaciones con los nueve aviones del Bancomext utilizando parte de los slots en las principales plazas y con una plantilla reducida de trabajadores de tierra, pilotos y sobrecargos.

Aunque son 90 días de oxígeno, no descarte que la Mexicanita salga antes. Los pupilos de Gerardo Ruiz Esparza en la SCT trabajan contra reloj.

Predictamen ya

La Secretaría de Hacienda está presionando fuerte para que hacia finales de esta semana la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el panista José Isabel Trejo, ya disponga de un borrador de predictamen de la reforma hacendaria.

Luis Videgaray y sus pupilos quieren tener una idea de cómo quedarán alineados los principales rubros que se negocian con los diferentes sectores, gestiones que deberán llegar a su fin hoy una vez que las 15 mesas creadas ex profeso por el CCE de Gerardo Gutiérrez Candiani concluyan su vida útil.

A partir de mañana y hasta el jueves los legisladores deben planchar esos temas para materializarlos en un dictamen final que se subiría al pleno, incluida la Ley de Ingresos, entre el 16 y 17 de octubre próximos.

Golpe al CMHN

En los jaloneos de la reforma fiscal hay más perdedores que ganadores. Uno que definitivamente fue abandonado a su suerte por la cúpula empresarial es Claudio X. González.

El otrora influyente industrial enarboló la bandera contra la consolidación fiscal y terminó apabullado por Luis Videgaray y sus principales colaboradores. Como presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) estuvo en todo momento acotado. No cabe duda que son otros tiempos.

Nada más como recordatorio en ese consejo hay socios como Carlos Slim, Antonio del Valle, Emilio Azcárraga, Alberto Baillères, José Antonio Fernández Carvajal, Roberto Servitje, Ricardo Martín Bringas, Elmer Franco, Adrián Sada y Roberto Hernández, por citar algunos.

IMSS a un tris

Todo indica que el IMSS va a asignar hoy la construcción del hospital regional de León a la española Acciona, que presentó una oferta de aproximadamente 726 millones de pesos.

Hasta ayer por la noche las huestes de José Antonio González Anaya se rompían la cabeza para justificar la descalificación de las primera seis propuestas y poder entregar el negocio a la firma que lleva aquí Guillermo Jiménez.

Se rumora que hay un personaje que tiene una fuerte ascendencia sobre Godofredo Gardner, coordinador de Infraestructura Inmobiliaria de esa institución. Se trata de Franco Carreño, ex director administrativo del IMSS y hoy director de Desarrollo de Fonatur.

Tambalean GEO

Pese a que GEO avanzó con bancos y tenedores de bonos, hay dos grupos de acreedores que cobraron tal fuerza en los últimos días y que están acelerando los tiempos de un desenlace.

Se trata de los titulares de Certificados Bursátiles y los de una bursatilización de papel, que conjuntamente representan alrededor de mil 150 millones de pesos. Los primeros son encabezados por el Deutsche Bank, que lleva Jorge Arce, y Monex de Héctor Lagos Dondé.

Los segundos son capitaneados por Banorte, que preside Guillermo Ortiz, y Multiva, de Olegario Vázquez Aldir, que dirige Javier Valadez. Estos grupos ya consiguieron embargar cuentas y activos de Luis Orvañanos. Se lo paso
al costo.

La BMV reporta

Mañana la Bolsa Mexicana de Valores deberá estar reportando resultados financieros al cierre del tercer trimestre y la gran incógnita es cómo afectará el resultado del ejercicio el valor del crédito mercantil que ayer le comenté, ése que en 2008 ascendía a 933 millones de pesos derivado de los derechos fiduciarios del Fideicomiso Asigna y que la administración de Luis Téllez ha mantenido en la opacidad en los últimos cuatro años y medio.