¿Rescate gubernamental?

De ser cierta la versión propalada por los líderes de los sindicatos de pilotos, trabajadores de tierra y sobrecargos, el gobierno federal terminará “rescatando” a los trabajadores de Mexicana de Aviación.

De entrada, es cuestionable un esquema en el que el gobierno tenga que usar fondos públicos para corregir problemas que generó una empresa privada. Independientemente de los derechos de los más de ocho mil trabajadores de lo que alguna vez fue Mexicana de Aviación, es difícil justificar que se tomen recursos del erario como si fueran los únicos o los que más los necesitan.

El esquema que sería analizado mañana por la juez Edith Alarcón tiene su origen en una propuesta que ha tomado como propia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, aun cuando también tiene el visto bueno de las secretarías de Trabajo y Hacienda.

Básicamente se trata de que los trabajadores reciban como parte de su liquidación la base de mantenimiento MRO, la cual tiene ingresos cercanos a los 35 millones de dólares anuales y es la única de las empresas de Mexicana de Aviación que siguió operando luego de que la línea aérea cerrara sus operaciones hace más de tres años.

El problema es que MRO tiene un valor que ronda los 20 millones de dólares, es decir, a cada uno de los que fueron trabajadores de esta línea aérea y sus subsidiarias recibirían en promedio 25 mil pesos y la promesa de que, en el futuro, seguirán teniendo ingresos por esta vía.

No queda claro aún si los trabajadores serán los nuevos accionistas de esta base de mantenimiento, si operará como cooperativa o si se la quedarán los sindicatos de la industria de la aviación.

Es difícil imaginar cómo se pondrán de acuerdo los nuevos socios de MRO y cómo garantizarán la viabilidad financiera de esta empresa ya no en el largo plazo, sino en los siguientes meses.

Es difícil imaginar a Carlos Morineau, Miguel Ángel Yúdico y Ricardo del Valle de empresarios. Los pilotos ya alguna vez fracasaron cuando se metieron de empresarios con una empresa de vuelos charter.

Sin embargo, el peor problema es de dónde saldrá el resto de los recursos. De acuerdo con las cifras disponibles el pasivo laboral era de 600 millones de dólares con los trabajadores de Mexicana de Aviación y sus subsidiarias, así que la pregunta será de dónde saldrían los recursos.

Sí, parecería que la intención es que la diferencia sea aportada por el gobierno federal mediante un esquema que, al menos hasta hoy, no sólo no es claro, sino que además es muy difícil de justificar.

Habrá que ver si la juez Alarcón opta por un camino que suena francamente ruinoso y, además, verdaderamente preocupante.

Ternuritas

Triste, muy triste, la primera conferencia de prensa del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

En su presentación pública más parecían un grupo de bisoños que de expertos que iban a regular uno de los sectores más importantes de la economía nacional.

Es preocupante una autoridad que, de entrada, se plantea como víctima. Dejan entrever que no podrán cumplir con los ordenamientos constitucionales que les fueron planteados por los iluminados del Pacto por México y avalados por el Congreso. ¿No lo sabían al momento de tomar el cargo? ¿Hasta ahora se enteraron? Lo hubieran pensando mejor cuando contendieron por formar parte del instituto.

El fracaso siempre viene acompañado de justificaciones y pretextos. Ahora comenzaron las justificaciones y pretextos incluso antes de que iniciaran en forma las labores de esta institución. Dicen, por ejemplo, que prácticamente todo dependerá de las leyes secundarias e incluso Sofía Labardini hasta habló del miedo a los poderes fácticos, cualquier cosa que eso sea.

Es curioso que una autoridad se muestre temerosa de las acciones que puedan tomar sus regulados. Es como que en los primeros minutos de un partido el árbitro dijera que hay que tener cuidado con los poderes fácticos que hay atrás de uno u otro equipo.

Sería bueno que la comisionada explicara cuáles son los poderes fácticos que, según ella, harán temblar la mano de los legisladores para mantener su poder. ¿Los mismos que no fueron tocados ni con el pétalo de una ley en la llamada reforma energética? ¿El monstruo de dos cabezas?

Seamos claros, el sector de las telecomunicaciones tiene un valor de 35 mil millones de dólares con una gran expansión y el de televisión de tres mil 500 millones de dólares con la particularidad de que cada vez está más fragmentado y con un creciente número de participantes.

Uno de los principios de autoridad es la fortaleza. Quizá en lugar de estar justificando lo que no podrán hacer, los comisionados del IFT deberían ver a otros reguladores como la Profeco, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de Usuarios de Servicios Financieros en los que sus titulares más tardaron en sentarse en sus cargos que en demostrar que en la medida de sus atribuciones tomarán medidas que transformen al sector.

Parecería que los comisionados del IFT se han dado cuenta que les quedó grande esta vuelta de la vida. Cuando un regulador o árbitro muestran debilidad, los participantes en el juego simple y sencillamente les pierden el respeto.

Rápidas

De aquí al 20 de octubre se pasará de una fase en la cual había una propuesta fiscal bien estructurada (pudiendo estar de acuerdo con el sentido y sus resultados) como la que defiende la Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, a una competencia de ocurrencias de los legisladores que, en no pocos casos, se moverán por filias y fobias o por qué tan claro les hablen al oído.

Lo que hasta el momento se ha quitado a la iniciativa abre un hueco de 40 mil millones de pesos que algunos querrán subsanar pidiendo menor gasto del gobierno (poco probable), aumento de la estimación del precio del petróleo (es casi un hecho), aumento del déficit (de posibilidad mediana), revisando el gasto (poco probable) y hasta impuestos e IEPS de último minuto.

Ya no queda más que esperar a que puedan más las posiciones netamente técnicas que las ocurrencias de los legisladores que pasarán como bolas rápidas.