Sólo el enganche

En esta columna documentamos ayer la imposibilidad económica de que entregando la base de mantenimiento MRO de lo que fuera Mexicana de Aviación se cubra con el pasivo laboral que se tiene con los más de ocho mil 500 trabajadores de lo que alguna vez fue la línea aérea más grande del país y sus subsidiarias.

MRO tiene un valor de unos 20 millones de dólares y, tan sólo pagando liquidaciones en términos de ley, el pasivo se extiende a 600 millones de dólares. Ya el propio líder sindical de los pilotos, Carlos Morineau, estableció que dar esta base de mantenimiento no sería suficiente para cubrir los pasivos que se han acumulado a lo largo de más de tres años.

Así las cosas, la pregunta es cuáles serían los incentivos para que hoy la juez Edith Alarcón le entregara a los tres sindicatos la base de mantenimiento.

Para la juez que lleva este Concurso Mercantil podría significar que logró el “rescate” de la línea aérea y mantuvo la fuente de trabajo. No debe olvidarse que la base de mantenimiento es el único activo real del concurso, puesto que ni la marca Mexicana de Aviación es parte de la masa de este proceso.

No puede ni debe pasarse por alto que si bien los trabajadores son los primeros en derecho, no son los únicos puesto que hay otros acreedores entre los cuales están instituciones de fomento y bancos. Creer que ellos sí pueden aguantar perderlo todo cometen un error gravísimo puesto que las instituciones de crédito actúan por el interés de sus depositantes.

Lo que no ha logrado explicar la juez es de dónde pretende que salga el resto de los recursos tan sólo para pagar las liquidaciones. Quizá pretende un acuerdo similar al del SME según el cual unos mil 500 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que llegaron a la edad de jubilación recibirían 15 mil pesos mensuales el resto de sus vidas.

Independientemente de las justificaciones políticas que podría tener un convenio como el que se firmó con el sindicato encabezado por Martín Esparza unas horas antes de que se llegara al cuarto aniversario del decreto de liquidación de LyFC, el gobierno era patrón de esos trabajadores.

La utilidad del convenio fue prácticamente nula porque el SME sigue en pie de lucha pidiendo la recontratación de los que dicen ser 15 mil extrabajadores de la paraestatal.

En este caso es muy diferente. Se trata de una empresa privada y por lo tanto no hay justificación para usar fondos públicos en un asunto de privados por más derechos que puedan tener los trabajadores. Se pondría un antecedente mucho más que negativo en contra de la operación de las empresas privadas y sería una muestra de populismo inaceptable.

Quizá lo que pretenden la juez y quienes están atrás de esta medida es dar un dulce, un pequeño enganche a los líderes sindicales que no servirá absolutamente para nada positivo.

Los trabajadores de la línea aérea sólo recibirían entre 25 mil y 35 mil pesos, en casos de pilotos eso sería inferior a un mes de sueldo, lo cual es notoriamente inferior a los derechos que tienen por ley.

La pregunta que se mantiene es suponiendo que se les haga esta propuesta y la acepten los sindicatos de dónde saldrá el resto de las liquidaciones para los trabajadores y los derechos del resto de los acreedores que, reiteramos, actúan por cuenta de sus depositantes.

Inaceptable

Hay quienes festejan que ayer se haya publicado, finalmente, en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se prohibirá la venta de televisiones que sólo reciben señal analógica a partir del primer día del año próximo.

Si, como marca la Constitución, el último día de 2015 se realizará el apagón analógico quiere decir que por lo menos en lo que resta de este año las personas podrán adquirir equipos que no les servirán en el cortísimo plazo, muy por debajo de su vida útil en promedio, y que causarían que el usuario tuviera que tener un decodificador para seguir captando señales de televisión abierta.

Para tenerlo debería gastar aproximadamente 800 pesos por aparato o que se lo dé el gobierno a cuenta de los contribuyentes. Así las cosas, hubiera sido deseable que la autoridad hubiera tomado esta medida antes o que se le dé a los consumidores información suficiente sobre las deficiencias de estos aparatos que serán rematados en el Buen Fin y las ventas de final de año.

Ridículos

Muchas afirmaciones francamente ridículas e inaceptables se han vertido durante los últimos días de cara a la inminente aprobación del paquete hacendario (que muy posiblemente estará listo el viernes, aun cuando puede llegar hasta el domingo), puesto que hay quienes creen que le están enmendando la plana al Presidente de la República y su secretario de Hacienda y otros más, particularmente los legisladores, están desesperados por demostrar que ellos son los que hacen los cambios.

Que las decisiones no se toman en sus partidos, el Pacto por México (¿aún existe?), la iniciativa privada sino los legisladores. Si lo pensaran un segundo se darían cuenta de lo poco democrático de estos dichos que legisladores como el panista Isabel Trejo no se cansan en repetir.

Algunas veces parece absurdo, pero es importante regresar a los fundamentos: en materia hacendaria, el poder Ejecutivo propone y el Legislativo hace ajustes a la propuesta en su carácter de representantes de la sociedad. No se les olvide que, por ley, las cámaras son asesores de los Poderes de la Unión en materia legislativa.

Es lógico que algunos traten de poner en términos de ganadores y perdedores en la negociación; sin embargo, se hacen muy poco favor puesto que van en contra del principio de la democracia y creen que sólo hay grupos muy pequeños de poseedores de la verdad.

Entre los temas que se mejoraron, sin duda, destaca el que se le impida al Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomar medidas que hubieran ido más allá de sus facultades legales y que habrían abierto espacio para interpretaciones de la autoridad que, en cualquier caso, resultan peligrosas. Las legislaciones tienen que hacerse de una manera objetiva y no subjetiva.

Cabilderos en la lupa

Gran molestia causó en el Congreso de la Unión la noticia de que una renombrada empresa consultora ofrece “tirar” o “modificar” artículos concretos de la propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal a cambio de la módica cantidad de un millón de dólares (más IVA) por artículo. Ayer mismo, legisladores de todas las fuerzas políticas manifestaron su extrañeza dado que “nosotros aquí recibimos a todas las cámaras y representantes de la sociedad civil y no necesitan las empresas gastar esas cantidades”.

Son dos artículos en especial que PricewaterhouseCoopers ofrece “atajar”: el relativo a la propuesta de impuesto de 10% del pago de dividendos y la propuesta de eliminar las deducciones entre partes relacionadas. Si bien se sabe que estas propuestas son de las que más han inquietado a las empresas, no se sabía del manejo de este tipo de montos para revertirlas. Algún legislador incluso ironizó diciendo “menos mal que pagan IVA”.