¿Financiera hasta noviembre?

El martes por la noche, se aprestaba la Comisión de Hacienda del Senado de la República, que preside el senador priista José Yunes, a pasar a la aprobación la reforma financiera, sin embargo, las diferencias en materia de “criminalización” que impulsó el PRD y como 11 temas con “sentido” que trae el PAN de Ernesto Cordero, hicieron que la recomendación fuera llevarse la votación hasta noviembre.

La razón es simple: no contaminar la negociación de la reforma hacendaria que ha ido llegando de la Cámara Baja para poder transitarla en diez días. Total, dos semanas y buscarán de nuevo que pase la financiera como llegó de la Cámara de Diputados.

Ahora, la reforma hacendaria llega al pleno con planchado permanente para el régimen de maquiladoras y empresas manufactureras que destinan su producción a la exportación, pues ya no tendrán que pasar por el pago de impuestos temporales.

Este sector es muy importante ya que concentra a más de seis mil empresas en diversos ramos y, agrupados en el Index, que preside Luis Aguirre Lang, se dio a la tarea de encontrar una solución que no afectara a las verdaderas exportadoras.

Originalmente, la propuesta hacendaria pretendía poner un hasta aquí a la simulación en este sector, dado que muchas empresas que no son maquiladoras de exportación porque no vendían fuera del país 90% de sus ventas totales como lo establece la ley, se acogían a los beneficios de este régimen, simulando lo contrario y compitiendo deslealmente con las empresas nacionales.

Ahora, en la Comisión de Hacienda, que preside José Isabel Trejo, hay una alternativa planteada por la industria y por la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray, que consiste en que las industrias maquiladora y manufacturera de exportación, no se vean afectadas por la propuesta del impuesto a las importaciones temporales, a través del mecanismo de certificación, establecido desde finales del sexenio pasado, para que las verdaderas exportadoras no paguen el gravamen. Se tendrán que certificar en el curso de un año, y las mismas empresas automotrices, lo aceptaron porque no se verá afectada la liquidez ni la competitividad del sector. Les digo, ¡la planchaduría está bien puesta!

De Fondos a Fondo

Contrario a lo que podría pensarse, la administración del presidente Enrique Peña Nieto está enfrentando las de Caín para deshacer las prácticas anticompetitivas en la asignación de contratos de salud a nivel federal, práctica que parece perpetua, y que se siguió en la administración Calderón, como en el caso de la licitación de distribución y logística de medicamentos del ISSSTE, que en el sexenio anterior se asignó en forma totalmente amañada y dirigida por parte de Miguel Ángel Yunes, a la empresa Fármacos Especializados de José Antonio Pérez Pérez.

Las bases estaban tan “candadeadas” que sólo la empresa mencionada participó y ganó un contrato de más de tres mil 200 millones de pesos.

Hoy la situación no es nada diferente, pues las bases de licitación se publicaron con los los mismos requerimientos técnicos, entre los que se encuentra la exigencia de un almacén de 25 mil m2 con características específicas (equivalente al derecho de planta).

Esto implicaría haber tenido dicho almacén o haberlo mandado a construir ad hoc con anticipación, algo que solo se hace si tienes certeza de ganar y, de pilón, cuando se ha demostrado que el contar con un “Centro Nacional de Distribución”, no ha sido la solución al desabasto de medicamentos del Instituto. 

Sin embargo, el ISSSTE decidió asignar la nueva licitación a la misma empresa Fármacos Especializados, dejando de lado la propuesta de Nadro de Pablo Escandón, líder en distribución de medicamentos a nivel nacional y con capacidad probada de dar el servicio que el gobierno requiere, sino que además, presentó una propuesta económica de mil 200 millones de pesos más baja que la que fue asignada a Fármacos Especializados por dos mil 420 millones de pesos.

Lo “dirigido” de la licitación hizo que empresas como Casa Saba de Moisés Saba, que hace un par de días anunció su posible venta al gigante global de la comercialización de medicamentos Alliance Boots, de plano decidió no participar.

Lo anterior parece una seria contradicción de la actual administración federal. Por un lado presume el mecanismo de “centralización y ahorro” en la compra de medicamentos a nivel federal a través del IMSS. Debo decir que José Antonio González le ha puesto el empeño y más en este proceso.

Pero la licitación que les comento, aparentemente  estuvo “manejada” por el director de Administración del IMSS, Antonio Berúmen, en favor de Fármacos Especializados y las empresas que al parecer son “amigas”: Savi, DIMESA, CPI, Ralca y Pisa, y como ve el resultado, pagan miles de millones adicionales, lo peor es que se propicia una especie de “cártel de empresas” promovido por el nuevo esquema.

Aun bajo este supuesto ahorro a través del IMSS, resulta difícil de explicar que por un lado se pretenda ahorrar, y por otro lado, en los hechos, el gobierno federal esté dispuesto a contratar un servicio mil 200 millones de pesos más caro al mismo proveedor de siempre y que tiene controlado el mercado gubernamental de medicamentos en el país.

América Móvil, que preside Daniel Hajj, tomó la decisión de no dejarse chantajear por la administración de KPN, que preside Eelco Blok, pues aun cuando la autoridad financiera de Holanda le autorizó la oferta pública de compra de 70% de las acciones que no posee, la decisión de usar a la fundación de trabajadores de la empresa para bloquear la adquisición por encima de 51 % del capital, ha hecho transparente el chantaje para que la firma mexicana eleve el precio.

Las cosas valen lo que valen y, Blok quiso poner una pistola sin gatillo. La acción cayó 12% en Estados Unidos y otro tanto en Europa, lo que muestra que el precio que ofreció America Movil, dada la percepción del mercado, era justo y generoso. Ahora, KPN tendrá que esperar a que la autoridad de competencia europea autorice la fusión de las filiales de Telefónica para que pueda vender a su vez la filial alemana en ocho mil 500 millones de euros, lo que parece que tardará algunos meses, en los que si concreta la venta resuelve el problema financiero y si no, se queda en una posición muy comprometida y, eventualmente, la fundación y la administración tendrán a los inversionistas incómodos en casa.